Como parte del ajuste para cumplir con las pretensiones del FMI, el gobierno recortó en $10 mil millones el presupuesto del ministerio de Salud. La medida afecta principalmente al área de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles. Se trata de un ataque en regla contra derechos básicos de la población y contra la pelea que activistas y organizaciones seropositivas han desenvuelto durante años por la implementación de la ley de Respuesta Integral a estas enfermedades que fue aprobada a fines de junio.

Este cimbronazo contra el área en cuestión es extremadamente reaccionario, ya que afecta a un sector de la población que es estigmatizado, ignorado y atacado por el poder político, a la par que se encuentra en una grave situación; según los últimos datos oficiales del ministerio de Salud, “se estima que en Argentina unas 140 mil personas viven con VIH, pero un 17% no conoce su diagnóstico” (Infobae, 20/8). A su vez, el 29,9% recibió un positivo cuando la infección ya había ingresado en una fase avanzada.

La reducción en los montos de la cartera refuerza incluso esa estigmatización. La discriminación se ha convertido en algo casi sistémico en los ámbitos laborales, de salud y en la vida política general. No existen por ejemplo campañas de prevención y concientización sobre este tema a escala nacional. El gobierno, mientras tanto, terceriza la respuesta al VIH mediante ONGs, que terminan realizando negocios con la industria farmacéutica.

Por el contrario, sí hay un entrelazamiento cada vez más importante entre el Estado y las iglesias, las cuales propagan su oscurantismo reaccionario por todos lados, incluidos el ámbito educativo y el de salud, mientras se oponen al uso de preservativo y a la aplicación de la ESI. El gobierno que se presentó ante la población como inclusivo y respetuoso de las diversidades sexuales terminó mostrándose como el sostén fundamental de uno de los pilares más atrasados y reaccionarios de la sociedad.

A su vez, el recorte alcanza a las partidas destinadas a la compra de vacunas contra el Covid-19, cuando todavía no se ha logrado eliminar su proliferación.

Esto forma parte del combo de ajuste que el “superministro” Sergio Massa aplicó hace unos días, que incluyó una poda también sobre los presupuestos de Obra Pública y Educación. E impacta en un sistema de salud profundamente golpeado, algo que ha quedado evidenciado en medio de la pandemia, con trabajadores extenuados, mal pagos y a menudo laborando en establecimientos que se caen a pedazos.

Tenemos que enfrentar este ajuste y luchar por un aumento del presupuesto de salud y por la aplicación efectiva de la ley votada.

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