Salud
23/9/2026
El gobierno quiere reemplazar la emergencia en Discapacidad por una nueva fachada del ajuste
Obtuvo dictamen favorable en las comisiones de Diputados un proyecto improvisado para no prorrogar la emergencia.
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El oficialismo presentó un proyecto que pretende reemplazar la Ley de Emergencia en Discapacidad y consiguió dictamen de mayoría recomendando su aprobación, mientras afuera del Congreso el movimiento de lucha en defensa de las personas con discapacidad y trabajadores del sector volvía a movilizarse. La maniobra ocurre en medio del ajuste previsto en el Presupuesto 2027, la crisis de los prestadores y un escándalo de corrupción que atraviesa al propio organismo encargado de las políticas de discapacidad.
La reunión de las comisiones de Discapacidad y Hacienda y Presupuesto de Diputados dio dictamen de mayoría para el proyecto presentado por el gobierno la noche anterior, argumentando que es una iniciativa “superadora” de la emergencia. El dictamen oficialista reunió 42 firmas, contra 36 de la propuesta que plantea prorrogar la Ley 27.793, como reclama el movimiento.
La maniobra parlamentaria no puede separarse de lo ocurrido durante las últimas semanas. El Presupuesto 2027 enviado por el Ejecutivo contenía modificaciones regresivas para el sistema de discapacidad: cambios en las pensiones, ataques al nomenclador y modificaciones sustanciales a las garantías establecidas por la Ley de Emergencia. Ahora el gobierno intenta corregir algunos de esos puntos mediante un proyecto presentado sobre la hora, pero el problema de fondo permanece: pretende reemplazar una ley de emergencia que todavía no fue cumplida en su totalidad, en lugar de garantizar su aplicación y prorrogarla.
Mientras los diputados discutían entre cuatro paredes, afuera del Congreso -y en distintos puntos del país- volvieron a movilizarse personas con discapacidad, familiares, trabajadores y prestadores. La concentración reclamó la prórroga y el cumplimiento efectivo de la emergencia, mientras continúa la crisis de las prestaciones y la falta de regularización de los pagos a quienes sostienen el sistema. En este contexto, fue cuestionada la ausencia presencial del Foro Permanente de Discapacidad en una jornada decisiva. No alcanzan los pronunciamientos por redes sociales: cuando se define el futuro de una ley que afecta directamente a las personas con discapacidad y a quienes trabajan en el sector, hay que estar en la calle.
"El colectivo de discapacidad sale una vez más a las calles a exigir la prorroga de la Ley de emergencia en discapacidad, la situación es crítica" Catalina, prestadora en discapacidad y estudiante de Psicología UBA, UJS @PartidoObrero https://t.co/1Mmx0D3WsO pic.twitter.com/2Nx95r2hUQ
— Prensa Obrera (@prensaobrera) September 23, 2026
La gravedad de la situación queda todavía más expuesta por la crisis dentro del propio organismo estatal. Alejandro Vilches renunció a la Secretaría de Discapacidad después de que trascendiera una auditoría que él mismo había impulsado y que detectó un desfasaje de más de $150.000 millones en los registros de la dependencia. Su salida se produjo en medio de esta crisis y de la discusión por el Presupuesto 2027.
Su reemplazante es Pablo Di Liscia, expresidente de Ioma entre 2017 y 2019, donde fue denunciado por recortes en medicamentos oncológicos, el desfinanciamiento de prestaciones y la acumulación de deudas con médicos y clínicas que afectó la atención de afiliados.
Su designación no es ajena al poder económico: distintos medios señalaron que Luis “Toto” Caputo recomendó su nombre para ocupar la Secretaría de Discapacidad. El nuevo funcionario continuará además con las auditorías sobre las pensiones (mal llamadas) por invalidez laboral, según informó oficialmente el gobierno.
Todo esto ocurre, además, después de que la Justicia confirmara el procesamiento de Diego Spagnuolo y otros 18 imputados en la causa que investiga la corrupción en la Andis.
Los bloques parlamentarios opositores que firmaron el dictamen de mayoría tienen una responsabilidad política. No se puede hablar de defensa de los derechos de las personas con discapacidad mientras se le da al gobierno una herramienta para reemplazar la emergencia sin resolver la crisis que la originó y sin haber cumplido, desde que se aprobó hace un año, la ley de emergencia en su totalidad. Las 42 firmas que permitieron avanzar con el proyecto oficialista incluyen acompañamientos de distintos bloques opositores y aliados del gobierno.
La emergencia sigue siendo necesaria porque la emergencia sigue existiendo. Los prestadores reclaman pagos y recomposición de aranceles; las instituciones enfrentan dificultades para sostenerse; las personas con discapacidad siguen padeciendo restricciones para acceder a prestaciones y pensiones suficientes; y los trabajadores del sector continúan soportando condiciones de precarización. No necesitamos una nueva ley que maquille el ajuste. Necesitamos que se cumpla integralmente la Ley 27.793 y que se prorrogue.
El día que el proyecto se trate en el recinto tenemos que volver a las calles. Convocamos a todas las personas con discapacidad, familias, prestadores independientes, trabajadores, centros de día, CET, instituciones y cámaras del sector a pronunciarse y a organizarse para movilizarse. No podemos dejar que el futuro de la discapacidad se decida entre cuatro paredes mientras el sistema se cae y quienes lo sostienen no cobran.
Personas con discapacidad, familias, prestadores, trabajadores, centros, CET e instituciones, tenemos que salir a la calle por la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el cumplimiento efectivo de todos sus puntos, la regularización inmediata de los pagos a prestadores, salarios y aranceles dignos, pensiones y prestaciones garantizadas, hasta derrotar el ajuste y el Presupuesto 2027.
