Los casos de dengue no paran de crecer exponencialmente al ritmo de las intensas lluvias, las temperaturas veraniegas y el desabastecimiento de repelentes. El Boletín Epidemiológico nacional contabilizó, para la segunda quincena de marzo (momento donde en general se da el pico del año) 180 mil casos y 120 muertos por dengue. Sin embargo, es evidente el subregistro de la Secretaría de Salud, cuando los infectados evitan en lo posible acudir a los centros de salud que se encuentran sobrepasados, y se carece de una política de seguimiento epidemiológico.

Desde Prensa Obrera hablamos con trabajadores del Ministerio de Salud nacional, cartera donde ya fueron ejecutados de 600 despidos. Ellos denuncian que afecta particularmente el vaciamiento de la Dirección de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores, que es la única área que trabaja en medidas de control efectivas para el dengue: su personal, especializado y con experiencia, cumple sus funciones de forma precarizada, con contratos que están en la mira de la motosierra (una situación que viene de gobiernos anteriores y hoy facilita los despidos al gobierno). En esa dependencia expresan preocupación por la situación de las bases nacionales ubicadas lo largo del territorio nacional, asignadas también a la prevención y tratamiento de enfermedades como el Zika, el mal de Chagas, entre otras.

Como ocurre también en otras áreas, desde el Ejecutivo vienen impartiendo una reducción de viáticos y combustibles, que son los que garantizan que los profesionales puedan asistir brotes en localidades que se ubican a más de 50 kilómetros de las bases. Otros enfatizan la falta de insumos fundamentales como insecticidas y larvicidas. Sobre la nula campaña de prevención hacen hincapié en que el recorte de pauta publicitaria tiene un impacto directo en este área, porque implica la reducción de recursos para poder brindar información a la población.

En paralelo, el ajuste fiscal que implementa el gobierno nacional desabastece a los hospitales de insumos y personal, generando una crisis sanitaria. Expresión de esto son las enormes filas que la gente con síntomas de dengue hace en los hospitales y centros de salud. Esto empalma con los recortes de gobernadores e intendentes que, por la descentralización del sistema de salud (que viene de la dictadura y todos los gobiernos profundizaron), asigna las campañas de prevención y de fumigación a provincias y municipios, con trabajadores precarizados -como los que cortan el pasto de las plazas- en lugar de personal calificado como lo es el personal nacional.

El dengue afecta cada vez más a los sectores más pobres de la población, quienes juntan agua al no contar con red de agua potable, eliminan residuos que luego no son recolectados por los municipios por encontrarse dentro de barrios bajos o villas, y sufren la ausencia de redes cloacales, utilizando pozos ciegos que constituyen potenciales criaderos de dengue.

A esto hay que agregar que la destrucción de los ingresos de la población en la que incurre el gobierno tiene como contrapartida la incapacidad de poner mosquieteros o comprar repelentes. A estos últimos las empresas productoras y distribuidoras le ponen un precio casi 10 o 20 veces por encima del precio original, aprovechando la altísima demanda y la desesperación de la población.

Recordemos que cuando se les planteó el problema a los funcionarios oficiales, como el ministro de Salud, Mario Antonio Ruso, este contestó que “hay que salir con manga larga y evitar los pantalones cortos”. El vocero presidencial, Manuel Adorni, cuando un periodista le preguntó si había posibilidad de que el Estado nacional compre la vacuna y la aplique de manera gratuita, contestó: “No lo estamos evaluando porque no nos parece necesario”, e incluso mintieron sobre la opinión de los especialistas en torno a la vacuna.

Contrario a este nivel de ataque y abandono es la campaña que hace el Polo Obrero en los barrios, organizando a los vecinos para reclamarle al gobierno medidas preventivas y jornadas de fumigación y descacharreo. Al mismo tiempo, Gabriel Solano, legislador por el Partido Obrero en el FIT-U presentó un proyecto de ley para que para que se declare la emergencia sanitaria por la transmisión de dengue y que se otorgue de manera gratuita la vacuna, y dicha presentación se replicó en los Concejos Deliberantes y Legislaturas provinciales donde la izquierda tiene bancas.

Hay que luchar para derrotar los despidos, por más presupuesto para salud y por la centralización nacional del sistema de salud bajo control de los trabajadores. En ese sentido es que el encuentro de trabajadores ocupados, desocupados, de la cultura, asambleas barriales y estudiantes convocado por el Sutna votó llevar adelante una Asamblea Nacional que unifique a todos los sectores que quieren pelear contra el programa antiobrero del gobierno.

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