Ignacio Nicolás Martín falsificó su DNI y se hizo pasar como médico utilizando la matrícula de una profesional de la salud. El falsificador intervino en los más significativos brotes de coronavirus de la provincia de Córdoba: era uno de los responsables del Centro de Operaciones Tácticas del COE de Río Cuarto, a donde llegó a finales de agosto de la mano de uno de los principales referentes del Centro de Operaciones de Emergencias provincial, el doctor Diego Almada.

El falso médico quedó en evidencia cuando el gobierno municipal de Río Cuarto dio inicio a su contratación, lo que derivó en una consulta ante el Consejo de Médicos que reveló que Martín nunca se recibió. Sin embargo, formaba parte de un equipo especial interdisciplinario para hacer frente a la pandemia.

El gobierno provincial informa que Martín se presentó como voluntario y fue contratado como otros tantos que fueron tomados en medio de la crisis sanitaria. El médico impostor realizó tareas de diferente índole en el COE, desde responder consultas telefónicas, determinar la necesidad de atención domiciliaria o internación, guardias e incluso se afirma que emitía opinión en decisiones del COE de la región.

Las autoridades provinciales tenían conocimiento de la falsificación desde el pasado 22 de diciembre, y manifestaron que realizaron una denuncia contra el médico trucho en la Fiscalía distrito 3 turno 1 de Córdoba Capital, según publicó Otro Punto. El Consejo de Médicos realizó la denuncia original contra Martín. Sin embargo, ningún fiscal tomó cartas en el asunto hasta que la denuncia recayó en la fiscalía a cargo de Daniel Miralles, cuando el escándalo ya tenía repercusión en la prensa a nivel nacional.

En declaraciones, Diego Almada afirmó: “nadie podía creer lo que estaba pasando, él se incorporó como voluntario y después vino con un carné de médico, con sello y todo. Nos debe haber presentado documentación apócrifa”. Vale señalar que el médico trucho era parte de su equipo denominado “cazadores de virus”.

El ministro de Salud, Diego Cardozo, guardó silencio sepulcral, a pesar de que Martín integró su equipo técnico. Desde el Ministerio no se esbozó explicación alguna sobre la falta de controles y negligencia para que una persona sin titulación ejerciera ilegalmente la medicina en plena pandemia.

El caso del falso médico también expresa la contratación improvisada, sin controles y bajo condiciones precarización laboral, dejando de lado cuestiones elementales como el nombramiento de personal médico de planta. Este cuadro pone en un riesgo mayor a la salud de la población. La precarización ha sido denunciada largamente por profesionales de la salud en reiteradas medidas de fuerza que incluyen entre sus puntos principales de los paros el nombramiento de más personal de salud y el fin de los contratos precarios.

El gobierno provincial no tomó la iniciativa de hacer pública la situación del falso médico, para tratar encubrir la responsabilidad que le cabe. Recién cuando el caso tomó estado público realizó la denuncia. Además, el falso médico también revela que el COE no controla ni al propio elenco que lo integra. Es la contracara de su rol represivo, como dan cuenta el caso de Solange Musse (cuyo padre no pudo despedirla cuando falleció por cáncer), o las intervenciones contrarias a las libertades democráticas y sindicales.

El caso del falso médico es una expresión de un COE que lejos de ser creado para resguardar la salud de la población, es un comité para la represión. Por eso es necesario apoyar los reclamos del conjunto de trabajadores de los centros de atención médica, puesto de que con su lucha defienden la salud pública de la población.

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