En una entrevista reciente en el programa Hagan Algo, de C5N, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, deslizó una curiosa frase: “Ya estamos demorando la entrada de la Delta. Es un logro que no estamos poniendo en valor lo suficiente. Las variantes compiten por la circulación. Hay que hinchar por la Manaos”. Esto cobra un carácter tragicómico. Mientras la nueva variante afecta gravemente a muchos países, incluidos entre ellos a varios que superan de manera amplia el índice de inmunización respecto al de Argentina, el gobierno avanza en una normalización completa sin resguardo sanitario alguno.

De esta manera, Vizzotti desliga a la cartera que conduce y al gobierno ante la proliferación de las nuevas variantes del virus. Aduce de manera abstracta que “las cepas compiten por la circulación”, como si el cuadro epidemiológico no requiriera que se tomen medidas al respecto. Para peor, llamó a “sostener los cuidados” porque “la pandemia no se terminó, sino que cambiamos los parámetros”. Es decir, la ministra coloca en un cien por ciento la responsabilidad de contener el contagio en la población y los cuidados individuales, cuando procede a una apertura plena de actividades y sostiene el ajuste presupuestario al sistema sanitario.

Consultada sobre este “cambio de parámetros” se refirió a la vuelta del público a los estadios de fútbol. Agregó que a partir de la segunda quincena de septiembre se analizaría si puede empezar el regreso, aunque, otra vez, “pateó la pelota” a que ello dependerá “de que tanto se cuide la gente”. Esto complementa anuncios que ya son efectivos, como lo es la vuelta a clases presenciales incluso sin protocolo, lo que sin duda potenciará las posibilidades de nuevos contagios.

La orientación aperturista del gobierno nacional y los gobernadores provinciales responde, como desde el inicio de la pandemia, a las presiones capitalistas imponer una normalidad productiva y maximizar sus ganancias sin importar el costo epidemiológico y sanitario. De hecho, se ensayan medidas de rescate a empresarios gastronómicos y del turismo, mientras se deja indemnes a los trabajadores, como sucede especialmente con aquellos con factores de riesgo que deben volver a sus puestos con una sola dosis de la vacuna.

Respecto de la gastronomía, por ejemplo, se plantea la posibilidad de subir el aforo en los locales de este sector, en tanto la diferencia de capacidad sea henchida por personas ya vacunadas. Eso no evita de cualquier forma el estallido del cóctel epidemiológico, ya que las mismas pueden seguir contagiando y la cepa Delta tiene una mayor capacidad para ello. Por lo demás, el hecho de que ya se evalúen (o se implementen, como en Jujuy) sanciones a los trabajadores que no quieran vacunarse, cuando todavía la demanda es mayor que la oferta, evidencia que pretenden responsabilizar a los trabajadores por una inmunización que no garantiza el propio Estado.

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Nadie puede discutir el anhelo de la población, jaqueada por el encierro y por las consecuencias psicológicas derivadas (prácticamente ignoradas por el gobierno) acerca de la posibilidad de volver a una vida normal, ver a su equipo de fútbol o acudir a actividades sociales o recreativas entre otros aspectos. Pero la apertura en función de los intereses empresarios amenaza cualquier normalización real, porque sin garantizar la inmunización -especialmente con segundas dosis, ni reforzamiento del sistema de salud, ni control de estrictos cuidados sanitarios en los lugares de trabajo, se generan las condiciones para nuevos desastres epidemiológicos.

La Delta avanza. Ya se reportan casos de circulación comunitaria. En todo el mundo se discute la cuestión de aplicar una tercera dosis, cuando en Argentina todavía ni el 20% de la población tiene cubierto el esquema que hasta ahora se consideraba completo. De hecho, si se sigue al mismo ritmo que hasta ahora, la inmunización con doble dosis culminará recién en 2023. Esto se da mientras Vizzotti reconoce abiertamente que el gobierno tiene presente que “hará falta un refuerzo en la población estratégica” -pacientes con comorbilidades o mayoría de edad. Aunque no todo depende de la aletargada provisión de vacunas, al momento llegaron al país 42.801.930 dosis, se distribuyeron 40.623.044 y se aplicaron 34.666.131. Pasando en limpio, si ya el ritmo al que el gobierno se hace de unidades para inocular es completamente lento, encima hay más de 8 millones “en stock” sin aplicar.

Estamos entonces ante un nuevo capítulo del intento del gobierno de inculpar al cuidado individual por aquello que es resultado del fracaso de su propia política sanitaria. No se trata de “hinchar por Manaos”. Se trata de contener y combatir el avance de la cepa Delta con medidas efectivas.

La salida para evitar nuevas crisis sanitarias solo podrá darse por el manejo de los trabajadores en todos los términos de la pandemia. Abrir los contratos confidenciales con los laboratorios al control popular, declarar de utilidad pública las vacunas y liberar las patentes, formar comités obreros de seguridad e higiene en todos los lugares de trabajo; y romper con el FMI y el pago de la deuda externa para engrosar el recortado presupuesto en salud, ciencia y tecnología. Es decir, una perspectiva en las antípodas del gobierno.

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