Por estas horas, el Instituto Malbrán investiga un nuevo caso sospechoso de la variante Ómicron en el país. Siete contactos estrechos dieron positivo y hay 132 personas aisladas.

El hombre en cuestión arribó junto a su familia el pasado 1 de diciembre desde Dubai, donde se había realizado un PCR 72 horas antes con resultado negativo; no realizó el test de antígeno al arribar ni se aisló porque, según la normativa oficial, solamente es obligatorio para aquellos viajeros que estuvieron en África las últimas dos semanas. Al presentar síntomas compatibles con Covid-19 dos días después se testeó nuevamente, esta vez resultando positivo. Sin embargo, la alta cantidad de mutaciones en la secuencia genómica del virus determinó su investigación por parte del Malbrán, ya que la epidemiología y las características de las mutaciones son compatibles con Ómicron.

De confirmarse, Argentina tendrá 8 casos de la nueva variante de coronavirus que preocupa a todo el globo, y un centenar de contactos estrechos para analizar y observar. La similitud con el primer caso del país es absoluta: ambos arribaron vía países para los cuales no existen las restricciones y, debido al relajamiento de las medidas de prevención al ingreso -PCR previo y posterior al viaje- no fue detectado hasta que por voluntad propia los contagiados se testearon y aislaron. Nada tuvo que ver el rol del gobierno nacional, que hace pocas semanas impuso una cuarentena obligatoria exclusiva para quienes accedan a través de África, cuando la variante ya está distribuida en 57 países, y meses previos eliminó la gratuidad y obligatoriedad de los testeos al entrar al país, transformándose en un punto ciego de la vigilancia epidemiológica.

A la par de esto y aprovechando el descenso en los casos de coronavirus, el gobierno también avanzó en el recorte de las unidades de testeo móviles y dio rienda suelta al cierre de centros de vacunación y despido de trabajadores de la salud, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, donde se contabilizan al menos 2.000 enfermeros y enfermeras a quienes no les renovaron el contrato. Un ajuste en colaboración con los gobernadores de las distintas provincias en las que se expresa esta situación a medida de los requerimientos del FMI, expresado en el presupuesto 2022 donde también se fija un recorte para salud de entre el 13 y el 20%.

Públicamente, con Vizzotti como vocera, el gobierno intenta mostrarse “preparado” debido al avance de la vacunación, sobre todo en los últimos meses. Lo cierto es que es una herramienta fundamental para evitar las formas graves de la enfermedad, lo que significa que mientras más vacunados haya menos impactará la variante. Por eso juegan un rol clave las segundas dosis, puesto que incrementan la inmunidad y reducen las posibilidades de contagio, al menos por ahora, frente a todas las cepas conocidas. Pero contrario a lo que intenta demostrar el gobierno, Argentina es uno de los países con mayor brecha entre primeras y segundas dosis: 37 millones de personas iniciaron el esquema, pero solo 30 millones lo completaron. Con 82% con una dosis y 67,76% con dos, aún estamos muy lejos de la inmunidad de rebaño, hoy establecida en 90% de vacunados.

En Argentina, donde los movimientos antivacunas no tienen la relevancia que presentan en Europa o Estados Unidos, los problemas centrales detrás de la brecha entre vacunados y no vacunados son la falta de acceso a la salud y de presupuesto para llevar adelante una política de vacunación activa de poblaciones vulnerables. Por solo dar un ejemplo, para atender a las poblaciones de difícil acceso el gobierno intentó destinar 1,7 millones de vacunas monodosis de Cansino, pero solo logró administrar 143 mil (La Nación, 09/12), justamente debido al ajuste en materia sanitaria. Ahora, mientras la Organización Mundial de la Salud y distintos laboratorios comienzan a recomendar terceras dosis entre los tres y cinco meses de terminado el esquema, una gran parte de la población aún no tiene acceso a la vacuna.

Además, no podemos olvidar que Argentina transitó los primeros meses del año con escasez de dosis debido al incumplimiento de los laboratorios con quienes había acordado, incluido el de Hugo Sigman que las producía en la mismísima provincia de Buenos Aires y exportaba a otros países. Ese esquema de contratos que privilegió las ganancias de los privados sin garantía de entrega para nuestro país también -que aún se mantiene- terminó generando una brecha que aún no se pudo cerrar, y que incluso fue profundizada por la política oficial del gobierno de darle prioridad a las primeras inyecciones por sobre las segundas, enviando un mensaje distorsionado de las necesidades inmunitarias de aquel entonces.

Ante la dificultad de detener el ingreso de la variante Ómicron al país, es necesaria la preparación de todo el sistema sanitario. Apostando a la vacunación y acercándola a toda la población a través de dispositivos preparados para ello, la instalación de más centros de vacunación y la entrega de presupuesto para la logística de repartición y búsqueda de personas no vacunadas. Junto a esto, para resolver la demanda de los próximos años hay que destinar presupuesto a la ciencia y la técnica para avanzar en el desarrollo de una vacuna nacional, apostando a los prometedores proyectos en curso bajo los institutos nacionales e interviniendo los laboratorios privados asociados a ellos, de manera que se garantice una producción bajo control de los trabajadores con financiamiento estatal. También vemos necesaria la centralización del sistema de salud público, privado y de las obras sociales y el aumento del presupuesto destinado para el mismo para garantizar un aumento de salario para sus trabajadores, de recursos y de elementos críticos como camas y respiradores, en caso de que sean necesarios ante un eventual aumento de casos.

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