Entrevistamos a Alejandro Ayala, hermano de Leonel, uno de los jóvenes fallecidos tras recibir fentanilo contaminado en el Hospital Italiano de La Plata. Su testimonio revela con crudeza el entramado de desinformación, encubrimiento y abandono por parte de las clínicas, los laboratorios y el Estado. A través de su voz se expone cómo los negociados entre la medicina privada, los laboratorios y los gobiernos, sumados a la desregulación sanitaria impulsada por Javier Milei, generan las condiciones para una catástrofe evitable que ya se cobró al menos 53 vidas en el país.

El caso es una muestra del carácter criminal que llega a sumir la privatización del sistema sanitario, desde la producción de medicamentos hasta el circuito de empresas que gestiona centros de salud privados como un nicho más de negocios. Leonel fue internado primero en la clínica Ranelagh, donde su hermano denuncia que fue víctima de una mala praxis: “Le hicieron una endoscopía innecesaria que le provocó una perforación duodenal y una retroperitonitis. La clínica jamás nos dio información y tuvimos que exigir la derivación al Hospital Italiano de La Plata”.

Allí, ya internado en terapia intensiva, Leonel recibió durante semanas tratamiento con fentanilo. Su evolución era favorable, hasta que comenzó con fiebre persistente, neumonía y síntomas neurológicos severos. Su cuadro se agravó repentinamente y falleció el 12 de abril.

Un mes después, cuando estalló el escándalo, la familia puedo reconocer que él había recibido ese medicamento. Sin embargo, desde la clínica intentaron encubrirlo: “En el último estudio bacteriológico, Leonel tenía la bacteria del fentanilo”, relató su hermano. “Cuando fuimos al hospital con esta prueba, el director Roberto Martínez nos negó el acceso a la información del lote, lo cual es ilegal porque esa información es un derecho del paciente”.

Lo que primó entonces fue el encubrimiento por parte de la clínica, para eludir sus propias responsabilidades legales y proteger a todo el entramado de negocios del que forma parte, sus contratos con los proveedores, y el manejo de la salud como un kiosco. Este eslabón de la cadena de responsabilidades es ocultados por los voceros oficiales que hablaron del tema y en los medios de comunicación, porque pondría sobre la mesa la necesidad de intervenir sobre los sanatorios privados. La realidad es que el riesgo ante este tipo de siniestros se agrava con la privatización sanitaria que deriva del vaciamiento del sistema público de salud por el gobierno de Milei.

Gracias a la intervención legal de la familia de Leonel y de familiares de otra víctima, Renato Nicolini, lograron verificar que Leonel había recibido exactamente el mismo lote contaminado de fentanilo que ya había sido reportado oficialmente por la Anmat.

Lo que sucedió con el fentanilo contaminado no es un accidente aislado, sino el resultado de un entramado estructural donde los laboratorios operan con impunidad manteniendo negociados con un sistema de salud privatizado que lucra con cada cama, cada medicamento y cada tratamiento, y que se ve ampliamente beneficiado por las políticas oficiales.

Existe una continuidad en la política de los gobiernos como garantes de estos negocios. Alberto Fernández promovió contratos opacos con empresarios como los hermanos Furfaro, dueños de HLB Pharma, y hoy Milei impulsa la desregulación y el vaciamiento de organismos de control como la Anmat a través de recortes presupuestarios, despidos y paralización de controles y fiscalización.

En tal sentido, Alejandro afirmó que lo que más les preocupa como familia es "la impunidad que pueda llegar a haber". Y agregó: "la corrupción con los laboratorios viene de hace un tiempo largo. Nosotros sabemos que los intereses económicos y políticos van a querer tapar cosas. Sabemos que el juez que lleva adelante la causa, Ernesto Kreplak, es hermano del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Estos intereses pueden enlentecer y perjudicar los testimonios y operar para ocultar información, si ya nos la están queriendo ocultar desde la propias instituciones".

Los laboratorios HLB Pharma Group y Ramallo, responsables de los lotes contaminados, tenían en su haber más de 260 expedientes judiciales por desvíos de calidad en la producción de medicamentos e insumos médicos, y existían más de 130 alertas sanitarias desoídas por las autoridades. Ni siquiera frente a esas evidencias se actuó preventivamente. Ningún empresario imputado. Ningún funcionario sancionado. Mientras tanto, decenas de familias como la de Leonel siguen reclamando justicia.

Los Ayala, como tantas otras familias, siguen reclamando justicia: “Esto se podría haber evitado con controles. No creo que la cifra de muertes que están publicando sea real. Hay muchas más personas muertas, y muchas más con secuelas”, advierte el hermano de Leonel.

La salud no puede estar en manos de laboratorios que hacen negocios con la muerte, ni de gobiernos que los protegen. Hay que retirar ya mismo todos los lotes contaminados, abrir todos los expedientes, identificar a los responsables y garantizar justicia a las víctimas y sus familias.

Frente a este crimen sanitario y al avance del plan motosierra que desmantela la salud pública, es urgente ganar las calles. En ese sentido es fundamental participar de la movilización convocada para el próximo miércoles 17 de julio por los trabajadores del Hospital Garrahan, en defensa de la salud pública y contra los despidos, el vaciamiento y la desregulación criminal que impulsa el gobierno de Milei.

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