La directora del Pami, Luana Volnovich, ha publicado un dato alarmante: la capacidad del sistema de salud está colapsado en el AMBA y en particular no hay camas para afiliados de Pami en CABA y se agotan en la provincia de Buenos Aires. La denuncia está en línea con las recientes posiciones públicas del gobernador bonaerense Kicillof y su ministro de Salud, Daniel Gollán, a favor de medidas restrictivas contra la pandemia más drásticas que las dictadas por el gobierno nacional, porque “va más rápido el virus que la vacunación” y ya se detectan circulando las variantes más agresivas, Manaos y Británica del virus (Gollán). Sobre la ocupación de camas de terapia, Gollán refiere que llega a un 72% en el AMBA y denuncia que el dato de 40% informado por la CABA corresponde solo a los hospitales públicos “que son la minoría de las camas de la Ciudad” donde el 70% de la cobertura sanitaria la dan prepagas y obras sociales.

Esta campaña el sector kirchnerista del oficialismo, destinada en gran parte a golpear las posiciones “anticuarentenistas” de Larreta y la oposición, está teñida de una gran dosis de hipocresía, ya que no se hace cargo de la responsabilidad política del gobierno propio en la gravedad del cuadro pandémico actual.

En la reciente movilización ante el Pami de los trabajadores de la Clínica San Andrés, de Tres de Febrero, cerrada por sus dueños, Volnovich ni siquiera los recibió, siendo que la clínica cubre la cápita de 18.000 afiliados de esa obra social que quedaron en banda. Forma parte, además, de un tendal de diez clínicas que vienen cerrando en el conurbano, que atendían principalmente a Pami, Ioma y otras obras sociales. La gestión Kicillof Gollán ha planteado que se va a adelantar el valor de las cápitas (subvencionar) a las patronales de clínicas privadas -como se hizo en el 2020- sin decir qué se hará con las que cerraron. La emergencia impone la centralización estatal de todo el sistema de salud, incluyendo la auditoría y expropiación de los establecimientos cerrados por empresarios que han argumentado la reducción de sus beneficios, porque la atención de pacientes Covid–19 – internaciones UTI largas y caras – desplazan a las más rentables cirugías programadas (BAE Negocios, 31/3).

Pami en particular, que maneja uno de los presupuestos más abultados del país, registra el antecedente del Hospital Francés que fue expropiado e incorporado al Pami por la lucha indoblegable de sus trabajadores. También Pami se hizo en su momento cargo, ante emergencias sanitarias, de la administración del Hospital Español y del Houssay de Mar del Plata. Volcovich habla pero no hace.

Kicillof, Gollán, su vice Kreplak y la propia CFK alardearon no hace mucho con una reforma del sistema de salud que centralizaría los hospitales públicos, las obras sociales y el Pami para una distribución igualitaria de prestaciones y medicamentos. Ahora sería la oportunidad. Bastó que Belocopitt y la burocracia sindical bajaran el pulgar para que los reformistas del Instituto Patria se fueran a baraja. Cuarentenistas de palabra están totalmente subordinados a los mismos intereses empresarios que manejan a los anticuarentenistas de Bullrich. Presionan por medidas “más drásticas” de confinamiento, aterrados ante el “tsunami” (dijo Kicillof), pero coincidieron con todas las medidas de relajamiento y desamparo social que caracterizaron la política oficial ante la pandemia. Incentivaron el turismo de Semana Santa para no afectar a las cámaras empresarias del turismo; mantuvieron –hasta ahora- abiertas las escuelas por presión de las patronales y la Iglesia; ignoraron el hacinamiento en el transporte para no alterar el funcionamiento de industrias y comercios totalmente liberados; retiraron el IFE y toda cobertura a los desocupados; mantienen al personal de salud con sueldos de pobreza y regímenes extenuantes de trabajo y han subordinado la provisión de vacunas a los intereses de la industria farmacéutica. Sean de Alberto, de la Cámpora o del Instituto Patria, son todos socios en la política troncal: ajuste bajo estricto control del FMI. La sangría de millones de dólares que se trasfieren al capital financiero deben invertirse en la salud de la población. El resto es chamuyo electoralista.