El 19 de marzo la Dra. Cecilia Santamaria presentó su renuncia como titular de la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis y Tuberculosis a cuatro meses de haber asumido luego de la renuncia del exdirector Sergio Maulen. Esta situación se da en un marco de crisis económica y sanitaria, donde la llegada de la segunda ola en conjunción con la falta de acceso a la salud de las personas con VIH pone en el ojo de la tormenta, una vez más, las políticas desarrolladas por el Ministerio de Salud.

Cambian las caras pero el ajuste se mantiene

A pesar del cambio de ministro y funcionarios a cargo, el problema al que se enfrentan las personas con VIH para acceder a medicaciones y retrovirales no se ha modificado ni un ápice. Ambos exdirectores han denunciado la falta de financiación a este sector como motivo de sus renuncias, dando cuenta que la existencia o no de un Ministerio de Salud no implicó una solución a este problema que pone en riesgo la vida de miles de personas. La causa: el desfinanciamiento del sistema de salud por parte de los gobiernos, incluido el de Alberto Fernández con su compromiso de pagar la deuda externa.

Mientras Ginés González García estuvo a cargo del Ministerio de salud, Alejandro Costa y Juan Manuel Castelli estuvieron a cargo de la Subsecretaria de Estrategias Sanitarias y la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles, respectivamente. Durante ese tiempo, fueron apuntados responsables por diversas organizaciones no gubernamentales por excluir a las personas con VIH de la población objetivo para recibir las vacunas contra el Covid y de obstaculizar la compra de medicamentos. Para Ginés, el escándalo de las vacunas VIP lo llevó a la renuncia; para Costa, quien vacunó a domicilio al expresidente Eduardo Duhalde y su familia, fue un desplazamiento a otro sector. La nueva ministra de Salud Carla Vizzotti lo designó Subsecretario de Calidad, Regulación y Fiscalización de la Secretaría de Calidad en Salud, poniendo en su puesto anterior a Castelli. Aún no fue designado un director de Control de Enfermedades Transmisibles.

Contra la desidia del Estado, la única vía es la lucha independiente

El encubrimiento de Costa por parte de la actual ministra demuestra hasta donde se extienden las complicidades de un gobierno que no puede dar una solución concreta a ninguna de las dos pandemias. La falta de financiamiento obstaculiza el desarrollo de políticas de prevención e impide garantizar el acceso a la salud para las personas con VIH, lo cual recrudece el panorama al que se enfrentan con la llegada de la segunda ola de Covid. Además, esto se traduce en la falta de preservativos y métodos anticonceptivos que están llevando a un incremento de las enfermedades de transmisión sexual: en Argentina, la cifra alarmante es de 5.000 nuevos casos de VIH por año. La escasez de medicamentos en los centros de salud implica que no se lleven adecuadamente los tratamientos de VIH, ya que reducen la cantidad de retrovirales entregados por persona de los tres meses recomendados por la OMS a uno. Estamos viendo el comienzo de un gran ajuste y faltante de medicamentos para personas con VIH y el gobierno no estaría buscando una solución urgente.

Esto presenta un gran golpe a la clase trabajadora y a la comunidad LGBTI, a quienes históricamente se les ha estigmatizado con la “peste rosa”, atribuyéndose la causa de esta enfermedad. La falta de acceso al trabajo genuino que lleva a las mujeres travesti-trans a ejercer la prostitución lleva a una mayor exposición a las ITS. Frente a esta situación seguimos con un decreto de cupo laboral trans sin aplicación y un proyecto de nueva ley de VIH que lleva la firma de 17 diputades, incluida la de la exdiputada Romina del Plá, que aún no fue tratado. Con el crecimiento de casos de coronavirus es claro que esto lleva a una situación de extrema vulnerabilidad para las personas con VIH, ya que en su gran mayoría son usuarios del sistema de salud público.

La necesidad de políticas a largo plazo es urgente. Sin embargo, poco podemos esperar de un gobierno que encubre a los responsables y no lleva adelante ninguna política sanitaria que apunte a la solución de este problema. Exigimos el aumento de presupuesto en pos de garantizar los tratamientos y las políticas de prevención, la renuncia de los funcionarios ligados a la vacunación VIP, la centralización del sistema de salud y el no pago a la deuda para financiar el sistema de salud público.

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