18/01/2021
Prepagas y obras sociales

La reforma de salud, un simulacro

Bastó que Cristina Fernández de Kirchner dijera en un acto “tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”, y que Alberto frenara un aumento para las empresas de medicina prepaga que había autorizado el ministro Ginés González García, para que se armara un revuelo de proporciones acerca de una hipotética “reforma K del sistema de salud” o inclusive la “estatización” del mismo. El alboroto mediático incluyó una cita personal en la Rosada de Claudio Belocopitt con el presidente de la nación – convocada por Fernández- y una cumbre de urgencia de los “gordos” de la CGT.

Belocopitt, una de las 25 fortunas más grandes del país, es un zar de la medicina prepaga, presidente de la Unión Argentina de Entidades de Salud, dueño de Swiss Medical Group, de una decena de los mejores sanatorios, empresas de seguros y socio de América TV. Esto como para ilustrar el calibre de los intereses que están en juego en la salud privada. En su cita íntima con Alberto, este le aseguró que no existía ni de lejos una intención en el gobierno de una “estatización” del sistema de salud. No solo eso, sino que se comprometió a estudiar una compensación a las prepagas, por la interrupción de las ATP y otros subsidios propios del ASPO (aislamiento), de la que se quejó Belocopitt. El magnate salió más tranquilo.

La mesa chica de la CGT, por su lado, se apresuró a emitir un comunicado elogiando al sistema de salud de las obras sociales sindicales, quejándose de la desfinanciación por los altos costos de la medicina, agravados por la pandemia, y llamando a fortalecerlo. Léase a financiarlo. ¿Cómo? básicamente con el aumento del aporte de los afiliados de 3% a 4% del salario, el de los empleadores de 6% a 7% y el de los monotributistas que ingresaron al sistema. También y fundamental con la reducción de las prestaciones obligadas por el PMO (Programa Médico Obligatorio para obras sociales y prepagas) que de por sí es una limitación mercantilista a lo que debería ser una atención universal con criterio científico. El ministro Ginés González García, de buena llegada con los privados, mantuvo una reunión con prepagas y dirigentes sindicales para ese ajuste a fines de mayo del año pasado. Menor calidad de atención y más cara. Por último, una modificación del derecho a la “libre elección” de obras sociales para limitar el éxodo de los aportes de los sueldos más altos a las prepagas Las obras sociales manejan una caja de 800.000 millones de pesos anuales y cubren, incluyendo al Pami, a 20 millones de beneficiarios. Durante el 2020 recibieron 5280 millones de pesos de ayuda “por caída de la recaudación” con dinero del Fondo Solidario de Redistribución destinado a tratamientos costosos y a prestaciones de discapacidad (Clarín, 11/1). Otra aproximación a los enormes intereses que hay en juego.

Prepagas y obras sociales

La ley de “libre elección de obra social” fue el golpe de gracia que el gobierno de Menem en los ’90, con apoyo del resto de partidos patronales, le dio al sistema de salud de los sindicatos en beneficio del capital financiero. El carácter “solidario” de las obras sociales consistía en que todos aportaban según sus sueldos para una prestación igual para todos. La posibilidad, en cambio, de emigrar con su aporte a una obra social distinta (libre elección), hizo que los trabajadores de sueldos más altos buscaran planes de salud más caros, completando de su bolsillo si el valor no era cubierto por la cuota social. Se le llama “descreme” porque priva a la obra social de origen de los aportes proporcionalmente más altos. Y de los más jóvenes, que gastan menos en salud, ya que los viejos, de más alto consumo, son desalentados por precios inaccesibles, evidenciando el carácter brutalmente anti solidario del sistema. Las prepagas surgen y crecen al calor de esta reforma privatista, asociándose a obras sociales chicas que, como Capitanes de Ultramar, oficia de reclutadora para la prepaga OSDE. De los 6 millones de beneficiarios de prepagas, cinco millones son emigrados de obras sociales que adhieren a planes de 15 a 20.000 pesos para el grupo familiar.

Las prepagas no son estrictamente empresas de salud, sino compañías de seguros, cuya función parasitaria consiste en intermediar entre el “cliente” y las prestadoras propietarias de sanatorios, laboratorios de análisis o institutos de imágenes y lucrar con la inversión en la timba financiera de las cuotas que recaudan. “Lo único que ves es un sistema de intermediación pura. Se lleva tu cuota, acumula el sistema de dinero, la hace rendir financieramente», se sinceró Alberto Fernández (Infobae, 1/7), que de eso sabe por haber sido Superintendente de Seguros en el gobierno de Menem. Están vinculadas a fondos de inversión nacionales y extranjeros en busca de nichos atractivos para capitales sobrantes. Su razón de ser no está en la salud sino en el rendimiento financiero. También hay prepagas propiedad de algunas obras sociales grandes cuya burocracia vio la oportunidad de explotar el negocio con planes más caros para quien puede pagarlos. Es el caso de Accord Salud, versión prepaga de Unión Personal, la obra social de UPCN de empleados estales, todo bajo la batuta del multimillonario Secretario General Andrés Rodríguez.

Como se ve el entramado de intereses -y contradicciones claro- entre la burocracia sindical y las prepagas es muy fuerte sin incluir todavía a uno de los actores más poderosos: la industria farmacéutica. El mercado de medicamentos de las obras sociales y Pami es multimillonario y regula los precios generales del rubro. Ir contra los usurarios márgenes de ganancia monopólica de los laboratorios y su control del sistema de patentes, ha provocado la caída de gobiernos. Dueños de laboratorios como Roemmers o Sigman (otro amigo de Alberto y fabricante de la vacuna Astra Zeneca) también figuran entre las fortunas más grandes, por encima incluso de algunas petroleras. Ni hablar de los pulpos extranjeros.

El Plan

Es a la luz de estos fortísimos intereses que deben examinarse los adelantos de Cristina y su equipo de sanitaristas camporistas sobre un sistema de salud “integrado entre lo público, lo privado y las obras sociales” que ahorre recursos que hoy se superponen bajo la forma de impuestos, cuotas de obra social, de prepagas y gastos farmacéuticos. De lo poco y genérico que ha trascendido del plan, elaborado por el grupo “Soberanía Sanitaria” dirigido por Nicolás Kreplak y la “Comisión de Salud del Instituto Patria” bajo conducción de Daniel Gollán, la propuesta consistiría en un acuerdo del Estado y su sistema público, con la CGT y sus obras sociales más el Pami, para establecer un único sistema pagador de prestaciones médicas y de compra de medicamentos, que cubriría al 94% de la demanda de salud. El gasto se ordenaría en función “de la demanda y no desde la oferta” (Ámbito, 12/1) lo que significa, de ser así, que el aporte del Estado por un lado – que facturaría sus prestaciones – y las cuotas de afiliados a obras sociales y el Pami por el otro, se unificaría en un fondo común que financiaría las prestaciones efectivamente realizadas a valores determinados. No se define qué valores ni sobre el PMO actual, que funciona como un cepo financiero a las prestaciones.

El ahorro de recursos provendría del uso racional y centralizado de la capacidad instalada y la aparatología de ambos sistemas y de la compra unificada de medicamentos. En los proyectos privatistas, también basados en el “financiamiento de la demanda y no de la oferta” – Hospital de Autogestión del menemismo, Cobertura Universal de Salud del macrismo – todos “pagan” la atención médica, los desocupados y trabajadores en negro lo hacen mediante una asignación estatal asistencial que dé acceso a un plan mínimo. No aparece definido en este caso. El Estado se ocuparía de la auditoría y control de todos los sistemas y jurisdicciones.

Uñas para guitarrero

Por encima de toda la hojarasca producida, que llevó a que cada sector haya salido a posicionarse con sus propios reclamos, la pregunta es qué posibilidad hay de que la fracción cristinista del gobierno avance en un plan de este tipo. Por más light que resultara, un frente unificado de hospitales públicos, obras sociales y el Pami en todo el país, supondría una competencia sin precedentes para el capital privado, cuyo progreso en el negocio de la salud (como en educación) depende de reducir la salud pública y desmembrar y apropiarse de una parte del sistema de obras sociales. El “plan” de los Cristina, Kicillof, Gollán, supone enfrentar y limitar intereses del capital financiero, de los seguros de salud y de la industria farmacéutica y de las camarillas más concentradas y corruptas de la burocracia sindical, que manejan los fondos de las obras sociales, muchos fuertemente asociados a las prepagas, como una herramienta central de su poder económico y político. Todos ellos le temen más que nada a lo que Daniel Gollán (exministro de salud de CFK) denomina “gobernanza” general por el Estado de todos los sistemas; no quieren que Cristina les meta mano.

No parecen capaces de hacerlo quienes se han subordinado a los bonistas y al FMI, han jugado para Black Rock y han sido impotentes para tocarle un pelo a Vicentin o a los exportadores de maíz. En un año de pandemia no pudieron centralizar, ni para las estadísticas, los diferentes sistemas de salud, ni tienen la autoridad para aplicar una queda nocturna.

Alberto se manifestó abiertamente en contra, La Cámpora y sus sanitaristas “a la cubana” se limitan hasta el momento a invitar a la CGT a un intercambio de ideas. El Plan favorecería –se entusiasman- hasta a las prepagas, que cobrarían mayor poder de negociación ante los prestadores de sanatorios y laboratorios. El gobierno de Kicillof en la provincia de Buenos Aires en pandemia, subsidia a prestadores privados con dinero del Ioma alegando contratos de exclusividad “para garantizarles rentabilidad a cambio de un mayor margen por parte de la obra social bonaerense para orientar los recursos” (Homero Giles, presidente camporista de IOMA, en Ámbito, 13/1).

La fantasía de un programa de salud humanista, por medio de la conciliación de demandas populares con grandes negocios, sin afectar sus intereses capitalistas, es distraccionista y propia de un caucus pequeño burgués que ha fracasado en la gestión y se subordina al gran capital. Un punto clave los denuncia: “se debe contar con una fuerza laboral en salud acorde a las necesidades de la salud pública, con remuneraciones y condiciones laborales dignas…” dice uno de los postulados del programa de “Soberanía Sanitaria”, mientras médicos y enfermeras de la PBA que gobiernan, tienen salarios por debajo de la línea de pobreza.

No tienen uñas para guitarrero, el “plan” no cobrará vida. Algunos medios lo interpretaron como un mero simulacro cristinista más para condicionar a Alberto y a la CGT.

El Partido Obrero y sus agrupaciones de Salud, luchan por un sistema de salud estatal, bajo control de los trabajadores, que se haga cargo de los recursos de todos los sistemas vigentes, en el camino a un sistema único gratuito igualitario y de excelencia, financiado por impuestos gravosos al gran capital. Las obras sociales deben someterse a comisiones independientes electas que investiguen sus cuentas y formulen planes de atención universal financiados con aportes patronales.

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