Un reciente estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) coloca a Argentina en el podio de países con mayores subas registradas de precios relacionados a la salud en comparación con la inflación. El aumento relativo entre diciembre de 2016 y septiembre de 2021 fue del 13,2% y ubicó al país por encima de Costa Rica, Lituania, Brasil y Colombia, superando en más del doble al segundo en la lista.

El informe, que evaluó la evolución de los precios de los últimos 5 años en 42 países, analizó los aumentos en productos medicinales, equipos para la salud, servicios a pacientes y hospitalarios, prepagas y obras sociales. De ellos, 18 mostraron una suba de los precios relativos, 3 se mantuvieron y 21 países bajaron durante el periodo estudiado. Argentina no solo se consagró como líder del ranking mundial, sino que también fue el país que experimentó mayor volatilidad de precios.

La información confirma lo que desde Prensa Obrera denunciamos desde el inicio de la pandemia: durante los últimos meses, los servicios de salud -centralmente las prepagas y los medicamentos- aumentaron muy por encima de la inflación y sobre las posibilidades de acceso de los trabajadores, principalmente porque los salarios quedaron por detrás de dichos aumentos. Por su parte, las acciones del gobierno fueron inermes para ponerle un freno o terminaron por consolidar las desmedidas subas.

Farmacéuticas y prepagas, dos expertos en aumentos

Según un informe de la Universidad de Avellaneda, el precio de los medicamentos aumentó 5% por encima de la Canasta Básica. Los medicamentos importados presentaron la variación acumulada más alta entre diciembre de 2020 y septiembre de 2021, consumando un 41,5% de ascenso, mientras que los fármacos para tratamientos de enfermedades crónicas -hormonas tiroideas, antidepresivos, broncodilatadores, antiespasmódicos, etc- registraron subas de entre el 60% y 90%. Vale mencionar los importantes aumentos que se vieron en los medicamentos de terapia intensiva, muy utilizados en el tratamiento de Covid-19, que en algunos casos llegaron al 1.200%.

No sorprende entonces que del mismo informe surja que la facturación total de la industria farmacéutica en la Argentina haya alcanzado los $135.420,5 millones, equivalentes a una variación interanual del 75,8%, lo que los coloca como los verdaderos ganadores durante la pandemia. El gobierno puso en marcha una batería de medidas para “congelar” dichos precios desde noviembre de 2020, cuando estableció precios máximos para insumos críticos por 150 días, un decreto que más que combatir las subas las terminó legalizando. El hecho de que en lo que va del año hayan escalado 8 puntos por encima de la inflación es testigo del fracaso en la regulación de precios del gobierno, y auspicia que el último congelamiento establecido por Feletti, el nuevo secretario de Comercio Interior, no servirá para contener los aumentos en tanto no toca la raíz del problema: los negociados de los gobiernos con la industria farmacéutica y el desguace de los salarios, que aleja a los trabajadores de cualquier servicio esencial.

Sucede que el crecimiento de los precios no solo impacta en quienes los requieren para tratarse sino en todo el sistema sanitario, ya que los gastos en medicamentos de los hospitales públicos, que se financian con el ya ajustado presupuesto en salud, ocupan cada vez una porción mayor de este, dejando de lado otros insumos esenciales en segundo plano y repercutiendo directamente sobre los salarios de los trabajadores de la salud.

Al mismo tiempo, las prepagas acompañaron las subas con la excusa de que “absorbieron” los gastos de la pandemia, cuando en realidad el vaciamiento del sector privado provocó un pasaje de afiliados al sector público sobre todo en momentos de colapso del sistema sanitario. Para el caso de la medicina privada el congelamiento del gobierno también tuvo un efecto rebote. Así, se anotaron aumentos hasta enero de 2022 que rondarán el 50% sin necesidad de presentar balances de sus ingresos y egresos, puesto que el gobierno autorizó las subas sin chistar, y hasta condicionaron los incrementos salariales de los trabajadores de la medicina privada a la autorización de las subas de las cuotas. Por supuesto que la firma de la paritaria luego se dio por debajo de los incrementos en las cuotas, exponiendo que el chantaje solo buscaba convalidar los aumentos. Todo esto en medio de la pandemia que dejó miles de fallecidos y millones de contagiados, además de exponer la fragilidad y la fragmentación del sistema sanitario.

Mientras las farmacéuticas, los laboratorios y las empresas de la medicina privada acapara ganancias, la salud pública soporta la mayor parte de la carga con un presupuesto de ajuste, que termina por profundizar los bajos salarios de los profesionales, el régimen de pluriempleo, la precarización laboral y el trabajo gratuito. De igual manera, en un escenario de crisis económica, inflación y ajuste al salario, los trabajadores se alejan cada vez más del acceso a una salud pública integral y de calidad, siendo también imposible acceder al sistema privado sin renunciar a otros elementos básicos. Demuestra la vigencia del planteo de centralización del sistema de salud, para garantizar el acceso a toda la población y la optimización de los recursos disponibles, además de la pelea por un aumento presupuestario para el sistema que garantice refacciones en todos los hospitales y centros de atención primaria, recomposición salarial para sus trabajadores y paritarias indexadas a la inflación.

Para la industria farmacéutica planteamos la apertura de los libros de las empresas y derrotar cualquier aumento arbitrario, avanzar en la estatización de la industria e impulsar una producción nacional de medicamentos que esté al servicio de las necesidades populares y bajo control de sus trabajadores.