En las últimas dos semanas, Argentina ingresó con todo en la tercera ola de la pandemia. Ya superando los 110 mil casos registrados en un día, el sistema de testeos en Argentina se encuentra absolutamente colapsado, con más de 50% de positividad (cuando el recomendado es inferior al 10%), con colas interminables en los distintos centros y con trabajadores de salud denunciando falta de condiciones y hasta malos tratos.

Resulta que los distintos gobiernos provinciales aprovecharon el descenso de casos del último trimestre del año pasado para desmantelar los centros de testeo, casi dando por finalizada la pandemia, mientras en el hemisferio norte se presagiaba lo que hoy ocurre en Argentina, con un exponencial aumento de contagios.

Mejor hágalo usted mismo

En lugar de anunciar un aumento presupuestario para la compra de más test y la contratación de más personal de salud, el gobierno, a través de la Anmat (Asociación Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) habilitó la venta de test de autodiagnóstico en farmacias. Estos tests tendrían un valor de entre $2.000 y $3.000, y serían comercializados por ciertos laboratorios (Abbott, Wiener, Vyam Group y Roche). A su vez, el comunicado de Anmat aclara que dichos tests tienen una función “orientativa” y que el resultado obtenido “no posee valor diagnóstico”.

El anuncio despertó críticas de amplios sectores de profesionales y trabajadores de salud. Este test no posee la intervención de ningún profesional, ni trabajador o trabajadora de salud. Si bien la toma de muestra no será mediante hisopado nasofaríngeo, sino mediante hisopado en la nariz anterior, la no intervención de personal capacitado puede llevar a una errónea toma de muestra o, incluso, a lesiones. La no intervención de profesionales capacitados en la realización de pruebas diagnósticas (de esta y otras enfermedades) es lo que determina que este test no tenga ninguna validez diagnóstica (además de que, al tratarse de un test de antígenos, solo detecta cargas virales altas, por lo que tiene altas probabilidades de dar falsos negativos) sino simplemente “orientativa”.

Por lo tanto, estamos en medio de un negocio redondo, aprovechando la escalada descontrolada de casos, en el que intervienen laboratorios y cadenas de farmacia; y en el que el Estado continúa ajustando en salud en medio de una pandemia que todavía no terminó.

Un acuerdo enfermizo

En medio de esta situación, el gobierno busca cerrar el acuerdo con el FMI. La imposibilidad de cerrar filas con el resto de la oposición patronal impidió la aprobación de un presupuesto que implicaba un 13% de recorte en salud (considerando la inflación pronosticada por el gobierno), pero esa orientación ajustadora persiste.

Si bien, por el momento y afortunadamente, el aumento de contagios no se tradujo en un aumento proporcional de internaciones y muertes (gracias, en gran medida, a la inmunización de las vacunas), el precario sistema sanitario de nuestro país está en jaque por el colapso en los testeos.

Queda claro que, si se quiere enfrentar esta situación, no se la puede hacer de la mano del FMI (y de mayores ajustes) ni a través de estos tests, que solo representan un negocio para los sectores que lucran con la salud de la población. Necesitamos un aumento presupuestario para la compra de tests de detección; aumento salarial para trabajadores de salud (así como la contratación de más personal, especialmente en centros de testeo), y la aplicación inmediata de las terceras dosis de vacunas.

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