La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva presentó su informe de situación Covid-19 en las terapias intensivas. Del mismo se desprende un dato clarificador: durante enero las internaciones en terapia intensiva aumentaron 185%. También resultó ser el mes en el que se dieron el 25% de los contagios del país desde que comenzó la pandemia. Es la constatación de que el cuento del gobierno de que los casos no tenían correlato con los cuadros graves no era más que una farsa para justificar la reducción de los testeos y el ajuste en general sobre el sistema sanitario.

Hasta ayer la ocupación total, según datos del Ministerio de Salud de la Nación, era del 49,6% a nivel nacional y del 47,8% en el AMBA. Del análisis de la SATI participaron 131 UTIs con 2.099 camas, 79% pertenecientes a adultos y 21% pediátricas, en las cuales la ocupación pasó del 68% al 85% durante el periodo del 13/12/21 al 25/01/22, con un importante incremento de los pacientes Covid positivos -pasaron de representar el 4% al 34%- que, los terapistas resaltan, ya están desplazando a pacientes de otras patologías. De ellos, el 61% requirió asistencia respiratoria mecánica (ARM).

Es clarificador también que el 24% de los pacientes Covid-19 no tenía conocimiento de su diagnóstico, sino que se enteró cuando se realizó el hisopado de rutina previo al ingreso a la UTI. Esto responde a que semanas atrás -cuando los casos por coronavirus y los centros de testeo comenzaron a estallar- el gobierno modificó los criterios de hisopados para evitar aumentarlos y determinó que todos los contactos estrechos con síntomas se consideren positivos sin necesidad de confirmación por test, por lo que una importante parte de la población se encuentra sin la posibilidad de testearse.

La reciente resolución del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires de que solo se podrán testear aquellos con comorbilidades o embarazadas solo servirá para agudizar el universo de personas que se quedan sin diagnóstico y, por lo tanto, continúan contagiando. Todo esto en una provincia consagrada como el epicentro de la pandemia, que hasta antes del cambio de criterios tenía un promedio de 35 mil casos diarios y picos de hasta 50. Ayer, testeando solo a personas de riesgo se encontraron casi 20 mil positivos.

Pero también es consecuencia de la política de “dejar correr los casos” sin ningún tipo de medida salvo la flexibilización de los protocolos en los lugares de trabajo privados y hasta en los públicos, donde se supone el Estado debería velar por la seguridad de sus trabajadores. En cambio abrió la puerta a todo tipo de manejos para justificar el no cierre de las actividades económicas.

Otro dato relevante del informe es la cantidad de camas cerradas. En las unidades de adultos hay un total de 139, el 8% de las tomadas en el reporte, que se encuentran sin funcionar por falta de recursos humanos. El documento también menciona que este número se mantiene constante, evidenciando que -tal como lo denunciaron los profesionales de la salud- no hubo reforzamiento del sistema esta tercera ola. Todo lo contrario: desde hace meses se están desmantelando los dispositivos Covid, lo que nos dejó en las puertas de la crisis sanitaria actual.

También se confirma que quienes ocupan la mayor parte de las camas son personas no vacunadas y con comorbilidades, observándose “un efecto de sinergia con el hecho de no estar vacunados o con una vacunación incompleta entre los fallecidos”. Según lo declarado por los terapistas, se están preparando para el pico de ocupación de camas suspendiendo cirugías programadas en hospitales de Córdoba, AMBA y Santa Fe (Infobae, 31/01). Es un escenario que ya se ha visto en las olas anteriores, donde se postergan servicios y prestaciones enteras debido a que no se destinan recursos específicos para la pandemia, sino que se toman del ya ajustado presupuesto en salud.

En este sentido, para este año el gobierno recortó todo tipo de partida extraordinaria para enfrentar la crisis sanitaria, mientras que la prórroga del presupuesto 2021 vino con un recorte de $48.150 millones para la cartera de salud. En realidad lo que se necesita es lo opuesto, empezando por un aumento del presupuesto sanitario que permita reforzar el sistema a través de la compra de insumos claves -respiradores, camas UTI- y la contratación de más personal que cuente con un salario mínimo igual a la canasta básica y paritarias indexadas a la inflación.

Junto a esto es fundamental avanzar en la centralización del sistema sanitario público, privado y de las obras sociales y su transformación en uno único, gratuito y de calidad, de manera que se conozcan los recursos con los que se cuentan y se pueda garantizar el acceso de toda la población al mismo. Este programa es el que se tiene que discutir en todos los hospitales, centros de salud y clínicas así como en los lugares de trabajo.

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