Durante los últimos meses el gobierno de Schiaretti se fue negando a establecer la más mínima medida para detener la expansión de la pandemia, no obstante el crecimiento sostenido de los contagios en la provincia que ha superado la barrera de los 4.000 casos diarios. Para proceder de esa manera criminal, el gobierno fue aduciendo que el sistema sanitario se encontraba “controlado”, pues la ocupación de camas Covid no superaba el 40%, y la ocupación de camas con respirador se establecía alrededor de un 20%.

El lunes pasado los informes falsos de Schiaretti quedaron al desnudo con la noticia brindada por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, respecto de que la provincia tenía el 94% de ocupación de las camas de terapia. Al día siguiente la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de Córdoba ratificaba la cuestión, informando que tenía una ocupación del 90%.

Ante la diferencia abismal de los informes y la evidencia de que el sistema sanitario está al borde del colapso, el oficialismo y sus medios de comunicación comenzaron a explicar que los informes gubernamentales no precisaban datos sobre el total de pacientes internados por otras patologías y que tampoco se daba a conocer el porcentaje de ocupación de todas las camas, incluyendo todas las causas. Se trata de una mentira lisa y llana, que tiene objetivos muy concretos.

El informe mentiroso cotidiano del gobierno busca, en primer lugar, encubrir la falta de inversión en el sistema sanitario y su abordaje defendiendo el lucro capitalista. Según los informes oficiales existen en la provincia unas 3.342 camas críticas contabilizando todo el sistema público, privado y de obras sociales. Pero de ese total solo unas 1.229 camas tienen respirador. La mentira viene desde el principio de la pandemia, porque en abril de 2020, el ministro de Salud, Cardozo, informaba que Córdoba tendría unas 1.600 camas con respirador, lo que nunca fue alcanzado.

Asimismo, las mentiras oficiales se contraponen a los informes, denuncias y reclamos de las y los trabajadores de salud y sus organizaciones gremiales, que vienen luchando desde el comienzo de la pandemia contra el vaciamiento sanitario. Hay que tener en cuenta que, para la atención eficiente de pacientes internados, no alcanza solo con camas y respiradores, sino que debe establecerse una dotación de personal adecuada. Schiaretti, además de no contratar a ese personal, acaba de despedir a decenas de trabajadores que estaban precarizados.

El objetivo central es mantener toda la actividad productiva y comercial, e incluso la apertura de las escuelas, al servicio de las ganancias y los planteos patronales. Schiaretti se ha opuesto incluso a la farsa montada por el gobierno de Fernández, y en Córdoba no hay medida alguna que pueda garantizar el distanciamiento. En esta política criminal, coincide la oposición derechista enrolada en el macrismo. Mario Negri, Ramón Mestre, Luis Juez, Baldassi y todos los referentes macristas no han reclamado nada al respecto porque ellos promovieron las bases de esta situación lamentable.

Schiaretti, al igual que Fernández, no quiere tomar medidas efectivas para frenar la propagación de la enfermedad porque tampoco quiere destinar fondos a garantizar aislamiento o distanciamiento. Desde el comienzo de la pandemia, Córdoba no tuvo ninguna medida que pudiera viabilizar o por lo menos sopesar el aislamiento. Durante todo 2020, y sigue en 2021, la provincia fue dependiendo enteramente del rescate nacional, especialmente en lo que se refiere IFE, ATP o los fondos para la caja de jubilaciones.

No obstante, la gravísima situación sanitaria que azota a la provincia, el gobierno retrasa cualquier anuncio al respecto. Se desliza que el próximo viernes se tomarían algunas medidas, pero que las mismas estarían limitadas a algunas actividades nocturnas y deportivas, a la suspensión de reuniones familiares y sociales por dos semanas, y a las actividades extraescolares que conforman la “periescuela”.

Debemos luchar contra esta política que lleva a la muerte. Es necesario levantar un programa de salida que pasa por establecer la centralización del sistema sanitario, garantizar la provisión de vacunas para todos, un seguro al parado de $40 mil y el salario mínimo vital y móvil igual a la canasta básica; así como los protocolos de bioseguridad en los lugares de trabajo. Hay que esforzarse por una salida de las y los trabajadores.

 

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