Un reciente informe elaborado hacia el Foro Económico Mundial de Davos ubica al gobierno de Alberto Fernández entre los peores en términos de manejo de la pandemia e impacto económico del coronavirus. En este sentido, se ubicó sexto en muertes cada 100.000 habitantes en la primera ola de contagios, detrás de Bélgica, Perú, España, Italia y el Reino Unido. A su vez, y contradictoriamente al discurso oficial, fue de los cinco países que menos estímulos fiscales tomó para pilotear la situación, con un poco más del 5% del PBI.

Esta información se difunde cuando queda en evidencia la bajísima cantidad de dosis que llegan al país, muy por debajo de lo anunciado por el gobierno. De las 300.000 vacunas (600.000 dosis) que llegaron hace casi un mes, se sumarían esta próxima semana otras 600.000. No cumple ni de cerca con el plan difundido hace unos días, que aseguraba que se iban a contar con 4.7 millones antes de que termine enero.

Con este arranque, es probable que las 50 millones para mitad de año, también programadas en dicho plan, tampoco lleguen. Uno de los laboratorios con los que negocia el gobierno, AztraZeneca, confirmó que “una caída de rendimiento” en una de sus fábricas le costará millones de dosis, lo que hará que Europa reciba 60% menos de las vendidas. Argentina le compró 22 millones a dicha farmaceútica.

Mientras esto sucede, el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, advertía sobre el desarrollo del coronavirus en el país: “la segunda ola del invierno próximo seguramente va a ser de una enorme magnitud”. Resulta sorprendente que desde el gobierno adviertan que la situación sanitaria es delicada -aún con un amesetamiento en la curva de contagios, aunque muy alto-, al mismo tiempo que su única medida es apostar todo a una vacunación masiva cuando las dosis no llegan, y profundiza el ajuste en la salud. Es un sálvese quien pueda, incluida la ausencia de protocolos de bioseguridad en los lugares de trabajo y de restricciones en las actividades.

Lo que aflora es un rotundo fracaso en la política sanitaria. En definitiva, los planes fondomonetaristas del gobierno son incompatibles con un manejo real de la pandemia. Hay que derrotar esos planes, para imponer una centralización de todo el sistema sanitario bajo control de los trabajadores, y una reorientación de los recursos sobre la base del no pago de la deuda. Es el único camino para poder afrontar la crisis sanitaria así como la económica.