La repercusión mediática que trajo aparejado el reciente incidente de Felipe Pettinato (hijo del músico y conductor Roberto Pettinato), cuyo departamento donde vivía fue devastado por un incendio que le costó la vida a su amigo y neurólogo Melchor Rodrigo, ha instalado nuevamente el debate sobre la efectividad de la “nueva” Ley Nacional de Salud Mental, que ya cuenta con más de una década de aprobación y casi 9 años de reglamentación. El caso de Felipe Pettinato ya había tomado relevancia pública en distintas ocasiones por distintos incidentes, especialmente el año pasado cuando previamente a ser internado en una clínica psiquiátrica, habría sufrido una descompensación psicótica y un intento de femicidio contra su madre y su hermana Tamara.

También el año pasado, unos meses después del caso de Pettinato, el episodio policial de “gatillo fácil” que tuvo como desenlace que el músico Santiago “Chano” Carpentier casi perdiera la vida -que oportunamente comentamos desde estas páginas – colocó en el tapete el debate sobre la efectividad de la Ley de Salud Mental. Con un aluvión de psiquiatras, psicólogos y hasta periodistas absolutamente ajenos al campo de la salud mental, criticando y atacando a la Ley en distintos medios, aduciendo aspectos absolutamente falsos (principalmente que la Ley “prohíbe” las internaciones involuntarias) y solicitando su anulación y la sanción de una nueva Ley “que habilite las internaciones involuntarias” para casos graves de consumos problemáticos o de situaciones de incapacidad de registro de “enfermedad” o “riesgo para sí o terceros” por parte del paciente.

La sanción de la Ley, a fines del 2010 (con las propias reservas que desde Prensa Obrera planteamos) inició un largo camino de hostigamientos por parte de los personeros y representantes de las corporaciones médicas y psiquiátricas absolutamente ligadas a la gestión capitalista del sistema de salud (clínicas, sanatorios, prepagas, asociaciones) contra la propia Ley. Ocurre que el espíritu de la misma insta a la descentralización de los tratamientos en salud mental en la figura del médico y/o psiquiatra (incluyendo abordajes interdisciplinarios) y a la desinstitucionalización (comúnmente llamado “desmanicomialización”) de los efectores y dispositivos, planteando la transformación (o cierre) de los neuropsiquiátricos y hospitales monovalentes (o “manicomios”) y a la apertura de tratamientos e internaciones en hospitales generales, casas de medio camino y residencias protegidas.

En lo que suele ser el motivo principal de polémica cada vez que un caso policial de un “mediático” o un incidente callejero con un desenlace fatal cobra relevancia (por ejemplo el caso de Recoleta en septiembre del 2020 cuando un individuo con trastornos psiquiátricos y sin tratamiento al momento de asesinar al policía Juan Pablo Roldán), esto es, la presunta prohibición de las llamadas internaciones involuntarias, la propia Ley establece en su artículo la posibilidad de las mismas (Artículo 20).

Una ley transformada en papel mojado por todos los gobiernos

Desde que la Ley fue sancionada y reglamentada, han pasado los gobiernos patronales de ambos lados de la grieta (Cristina y ahora Alberto por los “nac and pop” y Macri por “la derecha gorila”). Salvo algunas experiencias esporádicas y aisladas, no se ha transformado ni desinsitucionalizado ni desmanicomializado prácticamente nada del sistema de salud mental en nuestro país. Las corporaciones de salud que suelen ser los principales detractores de la Ley de Salud Mental, siguen siendo los principales gestores y administradores de tratamientos y coberturas. Los dispositivos ambulatorios y comunitarios en el área preventiva y de rehabilitaciones se encuentran en un cuadro de absoluta precarización de sus trabajadores y profesionales (psicólogos, acompañantes terapéuticos, musicoterapeutas, terapistas ocupacionales, trabajadores sociales) y tercerizados en asociaciones civiles, ONGs por parte del propio sistema público y de obras sociales.

Sucede que ningún gobierno (Cristina, Macri, Alberto) desde que la Ley fue aprobada intentó atacar a fondo los intereses privados de las corporaciones de la salud en las políticas estatales sanitarias en general, y en salud mental en particular. Todo lo contrario, siempre ha colocado a sus propios lobistas en los ministerios y secretarías del área sanitaria. Desde Juan Manzur, otrora ministro de Salud de Cristina (hoy Jefe de Gabinete y conocido lobbista de los pulpos farmacéuticos) hasta Gines González García, pasando por la eliminación ministerial en Salud durante los 4 años de Macri (donde se pretendió modificar la reglamentación de la Ley Nacional de Salud Mental a pedido de las corporaciones médicas privatista). Ningún gobierno de ninguno de los dos lados de la grieta, además, ha cumplido por lo establecido por la propia Ley: que el 10% del presupuesto total asignado a salud debe destinarse al área de salud mental. Ninguno.

Inclusive, el reciente anuncio de Alberto Fernández del nuevo Plan Nacional de Salud Mental, a finales del mes de abril, si bien estable duplicar el presupuesto actual en el área con un fondo extraordinario de 4.000 millones de pesos, lejos estaría -en caso de cumplirse- de llegar al piso del 10% del presupuesto total de salud, necesario para garantizar la totalidad de dispositivos y efectores necesarios en el campo de salud mental, para avanzar en todo proceso de transformación y desmanicomialización.

Volvemos a plantear que toda perspectiva de transformación en el campo de la salud mental que afecte los intereses capitalistas de las corporaciones y las ganancias de los pulpos farmacéuticos, a través de garantizar nuevos efectores y dispositivos alternativos y sustitutivos al “poder manicomial”, tanto en el sector público como en obras sociales, resulta indivorciable de la centralización del sistema de salud bajo gestión pública y de los trabajadores y usuarios y el no pago de la deuda externa fraudulenta.

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