Luego de que los profesionales médicos anunciaran a principios de octubre el cobro de copagos para las consultas médicas en la medicina prepaga, ahora las bioquímicas decidieron avanzar en una medida de igual tenor, con copagos mayores a los $3.000 para el caso de análisis clínicos y estudios de los afiliados a la medicina privada. A esto se suman obstrucciones a la obtención de medicamentos con descuentos en farmacias de la provincia de Buenos Aires, trasladando el ajuste y la inflación sobre los trabajadores y pacientes.

Desde la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina (Cubra) señalaron que la medida se debe al crecimiento de la diferencia entre los costos crecientes de las prestaciones y los aranceles abonados por las empresas de medicina privada.

Tal cual como sucediera con los profesionales médicos, las prepagas –que gozan de un esquema preferencial de actualización de sus elevados aranceles- no ajustan el pago a sus prestadores según los aumentos en sus cuotas, generando una distorsión en la cadena de pagos que lleva a los prestadores a trasladarles la factura a los trabajadores y pacientes, por medio de dichos copagos, bajo el mote de “bonos de compensación”.

Los afiliados a la medicina prepaga, muchos de ellos trabajadores que abonan de su bolsillo con la promesa de recibir una atención médica en mejores condiciones, ahora no solo deben abonar un extra de sus bolsillos para las consultas médicas, sino que también deberán hacerlos en los estudios clínicos, desdibujando la naturaleza de las propias “pre”pagas.

Las bioquímicas habían amenazado con la interrupción de las prestaciones durante el mes de octubre –lo que hubiera demandado una respuesta inmediata de las prepagas para evitarse una catarata de demandas-, sin embargo optaron por replicar esta salida que solo afecta a trabajadores y usuarios.

Al tiempo que se abre un nuevo flanco de crisis para la medicina prepaga, las farmacias de la provincia de Buenos Aires están poniendo impedimentos para el acceso de medicamentos con descuentos de las obras sociales y medicina privada, debido a que acusan recibir los pagos de a 60 a 90 días, sufriendo un pérdida sustancial en el poder adquisitivo de los mismos por la inflación.

Mientras todo esto ocurre y las prepagas aún no han hecho pública su posición, el gobierno nacional finge demencia como si nada hubiera ocurrido, dejando pasar nuevos aumentos contra los trabajadores a pesar de autorizar los aumentos previos de la medicina privada.

No solo se trata de problemas asociados a la inflación en curso, sino que para el caso de los estudios, análisis y medicamentos, las prestadoras denuncias problemas en la importación de insumos por falta de dólares que ponen en riesgo la atención sanitaria del conjunto de la población.

Esta situación está llevando a que los trabajadores paguen los platos rotos de la crisis, por vía directa con aumentos en las cuotas de las prepagas o por vía indirecta con copagos y aranceles de distinto tenor que hace parece a la medicina privada como una obra social más del montón.

La salida de las prepagas a las obras sociales de origen y/o a la salud pública también amenaza con un colapso del sistema sanitario, con obras sociales vaciadas y dependientes de los esquemas de prestaciones armados por un puñado de empresas privadas que dominan el sector, y con hospitales y dependencias públicas saturadas.

Ninguno de los candidatos del próximo balotaje plantea una salida de los trabajadores y pacientes a esta crisis, sino distintas versiones de cómo trasladar el ajuste y la factura a los sectores más vulnerables. La situación actual demanda la intervención del sistema de salud privado, bajo control de trabajadores y afiliados, para acceder a los libros y garantizar una cobertura universal integral, con el pago a correspondiente a profesionales y trabajadores y el cumplimiento de todas las prestaciones.

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