Salud

18/5/2025

Mendoza: crece la mortalidad materno-infantil por el ajuste

El personal de salud se encuentra sobrecargado, cumpliendo jornadas extenuantes y recurriendo al pluriempleo para subsistir.

El gobierno de Mendoza cerró la maternidad en el Hospital Carillo, de Las Heras.

El pasado 11 de mayo, un comunicado de prensa del gobierno de Mendoza reveló un preocupante incremento en la mortalidad materno-infantil durante el último año. En un texto que resulta francamente vergonzoso, la administración provincial no solo reconoció este aumento significativo, sino que además intentó deslindar responsabilidades, atribuyéndolas enteramente al incremento de la pobreza durante los gobiernos nacionales de 2023 y el primer semestre de 2024.

Hace un año, en la apertura de sesiones en la legislatura, el gobernador Alfredo Cornejo se jactaba de ser el responsable de la baja en la tasa de mortalidad materno-infantil. Hoy mira para otro lado, pensando solo en concretar una alianza electoral con el presidente del “primer semestre del 2024”.

Indudablemente, el aumento en la mortalidad infantil y materna está directamente relacionado con el deterioro de las condiciones de vida de la población, exacerbado por las políticas de la “motosierra”. Precisamente por ello, estos indicadores reflejan la calidad de vida y el nivel de acceso a la salud de la población en general. No se trata de una mera estadística, sino del crudo reflejo de las condiciones en las que viven las y los trabajadores. Por esta razón, resulta crucial detenernos a analizar algunas de las posibles causas y desmentir las campañas de propaganda oficial.

Lo que dejan las estadísticas

Es significativo que el mayor incremento de muertes se haya registrado en el sector privado. Si bien no se han proporcionado datos oficiales al respecto, podemos formular algunas hipótesis plausibles. El crecimiento de la pobreza no se limita a un sector de desocupados, sino que alcanza cada vez a más trabajadores. La crisis económica no ha impactado a todos los sectores por igual, y los trabajadores informales parecen ser los más perjudicados. Este sector no solo sufre las consecuencias de las medidas económicas de manera más aguda, sino que también enfrenta mayores obstáculos para acceder al sistema público de salud. Monotributistas afiliados a obras sociales con coberturas prácticamente inexistentes son rechazados en la parte pública por figurar con una obra social en el sistema. Trabajadoras que no pueden ausentarse de sus empleos para asistir a consultas médicas, y mucho menos para sacar un turno, también son una realidad preocupante. Si bien este sector podría encontrar una atención más ágil en el ámbito privado, carece de los recursos económicos para costear todos los controles y estudios necesarios, sin mencionar el acceso a los medicamentos.

La precarización laboral es una problemática cuya responsabilidad recae en todos los gobiernos. Sin embargo, es innegable que Alfredo Cornejo es el principal empleador en negro de la provincia, manteniendo a un número considerable de trabajadores estatales bajo figuras contractuales precarias como "contratados" y "prestadores" con salarios insuficientes. Este factor también debe considerarse en el análisis del aumento de la mortalidad materno-infantil. El personal de salud que atiende estos casos se encuentra sobrecargado, cumpliendo jornadas extenuantes y recurriendo al pluriempleo para subsistir. Esta situación, inevitablemente, puede repercutir de manera negativa en la calidad de la atención brindada a los pacientes.

En cuanto al incremento en el sector público, la situación no difiere sustancialmente. Las barreras de acceso al sistema de salud persisten como un obstáculo significativo. A pesar del aumento en el número de recién nacidos con bajo peso, el gobierno ha restringido progresivamente la entrega de leche de fórmula. Por otro lado, el cierre de maternidades, presentado por la administración como una medida para fortalecer la atención, responde en realidad a la imposibilidad de contratar personal de salud. Esta dificultad es la consecuencia de años de una política de reducción salarial que impulsó a muchos profesionales a emigrar, mientras que la falta de incentivos económicos y reconocimiento hizo que la neonatología, por ejemplo, dejara de ser una especialidad "atractiva" para los nuevos profesionales.

La pérdida de capital humano en el sector salud no es fácilmente reemplazable. El gobierno es consciente de ello y, por eso, intenta minimizar la situación afirmando que las modificaciones en la ley de residencias lograron un aumento del 60% en la adjudicación de plazas. Sin embargo, la información oficial revela que las adjudicaciones pasaron de 286 en 2023 a 316 en 2024, lo que representa un incremento de apenas un 10%. Un análisis más detallado de las plazas de neonatología muestra una realidad aún más preocupante: en 2023 se adjudicaron 11 profesionales, mientras que en 2024 solo se cubrieron 8 plazas, considerando tanto las residencias de primer como de segundo nivel.

No podemos pasar por alto la oportunidad de denunciar la campaña xenófoba impulsada por el gobierno provincial al implementar el cobro de la atención médica a personas extranjeras. Contrariamente al argumento de que esta medida buscaba mejorar las prestaciones, las estadísticas demuestran que los resultados han sido opuestos. Queda en evidencia que el objetivo real era encontrar un chivo expiatorio, apelando a un discurso nacionalista por parte de quienes son directamente responsables del ajuste en el sistema de salud.

El alarmante aumento de la mortalidad materna e infantil nos ofrece una radiografía preocupante del estado actual de la salud en la provincia. Todos los gobiernos, desde Fernández-Fernández hasta Milei-Cornejo, comparten la responsabilidad de habernos conducido a esta situación crítica. La salida requiere una política diametralmente opuesta, que priorice la mejora de las condiciones de vida y laborales de toda la población, y que destine los recursos necesarios para un sistema de salud unificado, basado en el principio fundamental de que la salud es un derecho inalienable y no un negocio. Este cambio solo puede ser impulsado por un gobierno de trabajadores y de la izquierda, que rompa con las imposiciones del FMI y reorganice la sociedad sobre nuevas bases. Es decir, sobre el socialismo, una alternativa cada vez más urgente ante la creciente barbarie capitalista.

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