Las obras sociales sindicales atraviesan una etapa más aguda en la crisis que vienen sobrellevando hace años, relegadas a un apéndice de la medicina privada, vaciadas y sometidas a la discrecionalidad de los sucesivos gobiernos en el otorgamientos de los fondos para determinadas prestaciones de alto costo. Ahora Milei refuerza esta ofensiva designando a un ex Osde al frente de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), con la amenaza de recorte de recursos y la desregulación de las prestaciones para dar vía libre a las prepagas.

Se trata de la designación de Gabriel Oriolo al frente de la SSS, luego de la remoción prematura de Enrique Rodríguez Chiantore y Nicolás Striglio, quienes respondían a las órdenes de Patricia Bullrich. Dicha remoción coincidió con el paro de la CGT del pasado 24 de enero, lo que algunos interpretan como una represalia contra la burocracia, cortando todo diálogo.

La incorporación de un elemento directo de las patronales de la medicina prepaga, en el cuadro de una orientación política que plantea la desregulación de la salud, es una clara manifestación de la vocación por un avance total del sector privados por sobre las obras sociales vaciadas y ajustadas.

El DNU ilegal de Milei no solo habilitó las subas antojadizas de la medicina privada, con aumentos que promedian el 70% en los dos primeros meses del año, sino que plantea la igualación de las prepagas al régimen de las obras sociales, algo que implica en los hechos el desplazamiento y quiebre del 90% de las obras sociales nacionales.

Entre las medidas de ajuste que impulsa el gobierno de Milei para el sector se encuentra el traslado a las obras sociales de parte de la cobertura de las prestaciones por discapacidad que actualmente son cubiertas (deficientemente) por el Fondo Solidario de Redistribución (FSR).

Una parte significativa del FSR se destina a la cobertura educación y el transporte para el rubro discapacidad, siendo que del mismo también dependen las compensaciones por tratamientos médicos y medicamentos de alto costo.

Esta caja es una variable de negociación, tironeo y sometimiento de la burocracia sindical respecto al Estado nacional, siendo que en muchos casos se trata de fondos millonarios que hacen a la subsistencia misma de las obras sociales.

El ajuste que plantea Milei amenaza con poner en peligro las prestaciones de millones de afiliados a las obras sociales, lo que está aumentando el número de amparo por salud para la cobertura de prestaciones médicas negadas por las obras sociales. Tal es el caso reciente de una mujer diagnosticada con leucemia que tuvo que ir a la Justicia para obtener un medicamento oncológico no provisto por la obra social.

La política desenvuelta por Milei tampoco es gratuita ya que con la desregulación de las obligaciones de los prestadores de salud y la quiebra de las obras sociales lo único que sobrevendría sería un crecimiento exponencial de la demanda sobre un sector público vaciado y colapsado -dando lugar a salidas reaccionarias como la propuesta por Jorge Macri, de restringir la atención sanitaria de CABA a la provincia- o el acceso a la medicina privada y el sometimiento a las cuotas exorbitantes impuestas por las prepagas.

Respecto a la salud pública, el gobierno acaba de suspender la atención de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse), lo que deja en la lona a muchos pacientes con patologías terminales

Para el caso de las prepagas, ante el aluvión de bajas por los incrementos injustificados en las cuotas, están analizando la oferta de planes de cobertura “low cost”, con paliativos y aspirinetas pero sin soluciones reales a las necesidades sanitarias de la población.

La orientación del gobierno nacional para la salud busca consolidar el negocio de la medicina privada sobre la base de una salud pública y obras sociales quebradas y saturadas: una receta antipopular que restringe el acceso a la salud y condena a millones de trabajadores a una calidad de vida inferior e incluso a la muerte.

 

El Estado nacional debe garantizar la cobertura de las prestaciones médicas y el acceso universal a las mismas por fuera de las lógicas de un mercado en manos de un puñado de capitalistas. Lo que requiere la inversión pública en investigación y producción e insumos y medicina y el control del cumplimiento de las prestaciones en manos de los trabajadores. Así como el control de las obras sociales por sus propios trabajadores y afiliados.

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