El crecimiento exponencial de contagios de Covid-19 en los últimos días, en especial en la provincia de Buenos Aires y en la CABA, volvió a poner sobre el tapete la situación del sistema sanitario y de los trabajadores de la salud.

En todo el Área Metropolitana y La Plata se percibe cada vez más cerca la tendencia a la saturación y el colapso del sistema saitario. Los 78 hospitales bonaerenses se encuentran en situación precaria desde antes de la pandemia, varios en estado “de demolición” según las propias autoridades. Esto se agrava si tenemos en cuenta la escasez de camas de terapia intensiva y de respiradores, lo que echa por tierra el cuento de que con la cuarentena los hospitales tuvieron tiempo de reacondicionarse.

La provisión de EPP es a cuentagotas y de mala calidad. Las licencias al personal que forma parte de los grupos de riesgo son negadas y ya tenemos varias muertes evitables por este motivo, como es el caso de María Esther Ledesma, trabajadora del Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora que murió por coronavirus luego de pedir seis veces infructuosamente su licencia. Esta situación se agrava teniendo en cuenta el alto índice de contagios en el personal sanitario.

La enorme mayoría de los trabajadores de la salud se encuentra con salarios debajo de la línea de la pobreza, lo que lleva al pluriempleo para llegar a fin de mes. Las paritarias están cerradas, para evitar discutir aumentos y actualizaciones salariales mientras decretan el pago del aguinaldo en cuotas.

Como si esto fuera poco, hay que agregar la falta de cobertura de vacantes, la apertura de nuevos cargos y el crecimiento de la precarización: residentes sin ART, vacaciones ni derechos elementales; trabajadores de cocina, seguridad y limpieza (altamente expuesto al contagio) tercerizados en la mayoría de los hospitales; exclusión de insalubridad para enfermería y diferenciación paritaria para la actividad.

El uso de los recursos públicos define la orientación de clase de los gobiernos. En la provincia de Buenos Aires, mientras el tan anunciado bono de $5.000 no lo cobran todos los trabajadores de salud y se amenaza al Instituto de Previsión Social, Kicillof utiliza los fondos de IOMA para el salvataje de las clínicas privadas, que viven de hacer jugosos negocios con la obra social bonaerense y aumentando el costo de las prestaciones. El gobernador replica la política de Alberto Fernández, que saquea la Anses para subsidiar a las patronales y destina el ahorro nacional al pago de la fraudulenta deuda pública -mientras el sistema sanitario hace agua por todos lados-, suspende la movilidad jubilatoria, congela paritarias y fracciona el aguinaldo de los estatales.

Abramos el debate

Las direcciones sindicales de los trabajadores de la salud bonaerense, Salud Pública, ATE y Cicop, se han integrado a la política ajustadora del gobierno a través de los comités de crisis, organismos que en los hechos se limitan a administrar la escasez. En estos comités, las reivindicaciones más sentidas de quienes realmente ponen el cuerpo en primera línea de combate al virus no son tomadas en cuenta y se continúan convalidando protocolos muy por detrás de la situación por una simple razón: los materiales no alcanzan para todos.

En definitiva, los comités de crisis se limitan a gestionar la escasez de recursos y no están pensados para dar respuestas a las necesidades de los trabajadores. El Estado y las direcciones de los hospitales los emplean como mecanismo de cooptación y regimentación. A modo de ejemplo, ninguna de las direcciones sindicales se ha pronunciado contra la media sanción de ley de telemedicina recientemente sancionada en la Cámara de Diputados.

Desde Tribuna de Salud impulsaremos un debate entre los trabajadores de los hospitales y centros de salud. Lo consideramos necesario porque estamos en la primera línea de combate frente a una pandemia que cuenta con mas de 466.000 muertes en todo el mundo, en su inmensa mayoría pertenecientes a las clases trabajadoras.

Planteamos la necesidad de poner en pie comisiones de seguridad e higiene electas en asambleas y con mandatos revocables, de todos los trabajadores de los hospitales y centros de salud independientemente de su afiliación sindical y tareas laborales. Con funcionamiento democrático para discutir nuestras reivindicaciones y resolver las medidas necesarias para satisfacerlas. Testeos semanales a todo el personal de salud, EPP para todos los trabajadores, licencias para el personal en grupo de riesgo, aumento de salario hasta que ninguno quede por debajo a la canasta familiar, no al pago del aguinaldo en cuotas, pase a la carrera profesional de Enfermería.

Las organizaciones sindicales deben romper su integración al Estado y fortalecer la organización independiente de los trabajadores. Nuestras condiciones de trabajo, aún más cuando nuestras vidas están expuestas, no pueden estar sujetas a un plan económico que frente a una crisis sanitaria mundial prioriza el pago de la deuda al capital financiero.