Una polémica esclarecedora tuvo lugar en Puan desde que el Concejo Deliberante aprobó, el 24 de junio, la rendición de cuentas del Ente Descentralizado de Salud del año 2019, que sacó a la luz el ajuste al sistema sanitario en el distrito. El gasto del organismo fue de un 44% por encima de lo presupuestado, pero en un año con una inflación del 72,1% en el rubro salud (Ámbito Financiero, 15/1), en que debió afrontar la municipalización del Hospital Darregueira al que asiste la mitad de la población del distrito.

De hecho, en diciembre el gobierno municipal de Cambiemos ya había manifestado su incapacidad de pagar en tiempo y forma los salarios de los trabajadores del hospital, y solo después de varios días de paro y movilizaciones los salarios fueron abonados, a fines de enero. En febrero, un mes antes del inicio de la cuarentena, el intendente Facundo Castelli hizo que el Concejo sancione una Emergencia Económica y Sanitaria que viabilizó recortes en la atención de la salud pública y el aumento de la cuota que cobran los geriátricos municipales, que pasó de 21 mil a 38 mil pesos.

Esta situación de profunda crisis de las finanzas municipales está ligada a la reducción de los fondos coparticipables, debido a que el 85% del presupuesto municipal depende de estos fondos (TLVP, 31/12/19). En 2019, el giro de fondos provinciales del gobierno de Vidal estuvo 20% por debajo de la inflación. El gobierno municipal fue cómplice de ese ajuste.

Por su parte, el bloque del Frente de Todos rechazó la rendición económica del Ente de Salud con argumentos que fueron expresados públicamente en un comunicado. Allí denuncian que “el enorme déficit que provocan los geriátricos dependientes del Ente Descentralizado de Salud (se debe a que) se subsidiaba a todos los residentes por igual, sin diferenciación de su condición económica o la de los familiares responsables”. Esto cuando las jubilaciones de miseria que cobran los residentes apenas alcanzan para cubrir la mitad de la nueva cuota, y el nuevo aumento de la Emergencia representa un golpe a los ingresos de los familiares.

Por otro lado, critican que “no se respete el número de cargos autorizados por el presupuesto 2019 (que se incrementó en) 33 cargos más”. Esto lo dicen en un distrito donde arrecia la desocupación, y el municipio mantiene a un tercio de sus trabajadores en condiciones de precariedad e inestabilidad en planta transitoria.

Días después, en una nota publicada por el portal Todas Las Voces Puan, desde este bloque reclamaron al ejecutivo que “sería bueno cobrar las tasas, porque sino siempre dará pérdidas”. Esto cuando, para compensar la caída de la coparticipación, el Ejecutivo municipal recurrió a aumentos de hasta el 80% en el ABL, que recae sobre los sectores populares.

Los bloques “enfrentados” en el Concejo Deliberante coinciden en que el ajuste lo tienen que pagar la familias trabajadoras. Es necesaria la apertura de los libros contables del municipio, y la ejecución del presupuesto del Ente Descentralizado de Salud bajo control de sus trabajadores, el pase a planta permanente de todos los precarizados y la implementación del régimen de seis horas para el personal de enfermería de los centros de salud y geriatría. En lugar de impuestazos contra los sectores populares, llamamos a reforzar la campaña por la aprobación del proyecto de impuesto a las grandes fortunas presentado por el Frente de Izquierda en el Congreso.