La crisis abierta a mediados del año pasado en relación al funcionamiento del recientemente creado “Hospital Municipal de Darregueira” fue escalando, poniendo en riesgo la continuidad del servicio y la fuente laboral en las condiciones que se venían llevando adelante desde 2017. En aquel año se firmó un convenio de comodato entre el gobierno municipal y la Sociedad de Beneficencia, propietaria del edificio y las instalaciones, con el objetivo de salvar al viejo Hospital Darregueira (patrimonio colectivo de la comunidad) y dar una “solución definitiva” a la salud pública en la localidad más poblada del distrito de Puan en el sudoeste bonaerense, que en toda su historia no contó con un efector de salud municipal.

Esto ha generado una angustia muy grande en la población que se atiende en el nosocomio, y entre sus trabajadores que han visto con preocupación cómo se ponía en juego la calidad del servicio y el futuro del hospital. La declaración de emergencia económica y sanitaria aprobada por el Concejo Deliberante (con mayoría absoluta de Cambiemos) en febrero de 2020, anterior al arribo de la pandemia, sirvió para “justificar” la deuda que el municipio mantenía con la comisión, que se fue acumulando por el incumplimiento de los compromisos económicos asumidos en 2017. Por otro lado, el gobierno municipal de Facundo Castelli tampoco cumplió con el pago de una sola cuota de un préstamo en dólares que le otorgó la Cámara de Comercio local para renovar la aparatología obsoleta, que era (y todavía es) el mayor déficit del hospital. Dicha asociación se había comprometido a reinvertir los fondos en el hospital a medida que le fueran devueltos.

El hospital fue construido por iniciativa, gestión y aportes de la comunidad en la década del '40, y fue administrado desde esa fecha por la Sociedad de Beneficencia hasta la firma del contrato de comodato. Nunca pudo resolver por completo una permanente inestabilidad económica, que se fue agravando junto con la profundización de la crisis económica y el ajuste a la salud a nivel nacional. Las sucesivas gestiones al frente del Ejecutivo municipal, incluida la actual (en el poder desde 2011), se esforzaron por deslindarse de su obligación de garantizar la totalidad de la atención de la salud pública en Darregueira. Lo máximos que se hizo fueron parches.

En 2017, apremiado por el inicio de una campaña electoral en la que se hacía ineludible una propuesta de solución para el hospital de Darregueira, el intendente Facundo Castelli promovió la firma del contrato de comodato que posibilitó la continuidad del servicio y la fuente laboral, la estabilidad, el convenio colectivo y el nivel de ingresos de sus trabajadores. Los bloques opositores en el Concejo Deliberante y la Cámara de Comercio respaldaron al intendente. Para viabilizar esta propuesta era indispensable mantener a la comisión de la Sociedad de Beneficencia como proveedor de los servicios de enfermería, cocina, limpieza, mantenimiento y radiología, porque los trabajadores que brindaban estos servicios eran empleados por la comisión (solo los médicos y un grupo muy reducido de otros trabajadores del hospital pertenecían a la planta municipal).

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Pero el municipio no cumplió el contrato. Desde un principio, solo garantizó el salario de bolsillo de los trabajadores (no siempre en tiempo y forma), pero mantuvo permanentemente una deuda en los fondos para comprar los insumos -alimentos, elementos de limpieza- que transfería el Ente descentralizado de salud municipal. El reclamo permanente de esos fondos por parte de la Comisión fue erosionando la buena relación inicial entre ambas partes. En los últimos meses del año pasado la relación se interrumpió, y ambas partes recurrieron a la Justicia.

Posteriormente una parte importante de los integrantes de la comisión renunció, y la otra mantiene ilusiones de recuperar las instalaciones y administrar el hospital como en las viejas épocas. El Ejecutivo municipal amenazó con rescindir el contrato si la comisión no se retiraba y los trabajadores no aceptaban el traspaso a la planta municipal, y estableció fin de año como fecha límite para el cumplimiento de estas condiciones, antes de la aprobación del presupuesto municipal.

Si bien esta amenaza no logró el objetivo buscado, para los primeros días de febrero la mitad de los trabajadores ya se habían pasado a la planta municipal con salarios más bajos, sin antigüedad ni estabilidad. Esto solo se pudo lograr bajo las condiciones de máximo estrés e incertidumbre en que colocaron al personal, y la carencia de una organización que permita unificar posiciones para una mejor defensa del interés colectivo.

Con esta conquista parcial. el Ejecutivo determinó entonces que a partir del 1 de marzo tanto la Comisión como los trabajadores que permanecen bajo su órbita tendrían prohibido el ingreso al nosocomio, entre ellos trabajadoras que cuentan con más de tres décadas de trabajo. Es difícil imaginar cómo se daría esta situación sin desencadenar una catástrofe en el servicio, lo que pinta de pies a cabeza esta gestión municipal.

Ante la amenaza de expulsión, el grupo de trabajadoras y trabajadores que no aceptaron la propuesta del municipio convocaron a una movilización con las consignas “basta con la violación del contrato, no pueden acallar nuestro reclamo” y “los trabajadores necesitamos trabajar en armonía”. La convocatoria fue acompañada por un número importante de vecinos. Un día después el municipio llamó a abrir una mesa de negociación, la cual se inició este viernes 26 de febrero.

Sin embargo, la Comisión de Beneficencia actual ante la rescisión del contrato de comodato reclama que se retire el municipio (y con él los trabajadores de la planta municipal) para volver a gestionar el hospital de manera privada, apostando a que por vía judicial se repongan parte de los fondos que recibía años anteriores. Es un planteo inviable, que implica a su vez el desmembramiento del centro de salud. Es necesario rechazar ambos caminos, que redundarían en una afectación del servicio y la pérdida de puestos de trabajo.

Desde el Partido Obrero reafirmamos nuestra posición de defensa incondicional del Hospital como un derecho colectivo de la comunidad de Darregueira y la zona, y como fuente laboral de todos sus trabajadores. Llamamos al pueblo del distrito a pelear por un financiamiento integral por el Estado municipal y provincial, la apertura de los libros contables del municipio, y la gestión del hospital bajo control de sus trabajadores y comisiones electas de vecinos usuarios.

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