Este martes 8 se registraron 31.137 nuevos contagios de Covid-19 en 24 horas, y nuestro país alcanzó los 4 millones de casos desde el inicio de la pandemia. De esta manera el descenso de la semana anterior, 17% menos en comparación a la última de mayo, terminó. Ahora veremos si los contagios seguirán en aumento o si se consolidará la meseta extremadamente alta que mantiene en alerta a todo el sistema sanitario debido a la saturación.

Las muertes, por su parte, no dan tregua. El promedio nacional continúa aumentando semana a semana, en clara sintonía con el estado del sistema sanitario y la ocupación de camas. Es lo que demuestra el hecho de que en una sola jornada haya subido un punto el promedio de ocupación de UTIs, de 78,1% a 79,1%.

Siguen las restricciones solo para los trabajadores

El leve descenso de casos, prácticamente insignificante por lo errático de las mediciones y la alta positividad de los testeos, se da tres semanas después del cierre de 9 días dispuesto por Alberto Fernández. La razón por la que la medida no cambió de manera considerable la situación epidemiológica se cae de maduro, ya que fue una reacción improvisada y tardía cuando el sistema sanitario ya estaba desbordado, y sin recursos. Las empresas mantuvieron su actividad de manera prácticamente irrestricta, por estar habilitadas o por la vista gorda que hizo el gobierno. La propia duración de las restricciones, menor al propio período de contagio del virus, condenaba a la inefectividad.

El viernes 11 vence el último DNU del presidente, por lo que nuevamente tendrá que salir ante las cámaras y anunciar algo -al menos hasta que se apruebe la ley de manejo de pandemia que envío al Congreso semanas atrás. Todo indica que el esquema seguirá sin grandes novedades, lo que significa restricciones únicamente a la actividad nocturna, y los fines de semana y feriados, es decir en los momentos de ocio y esparcimiento de la clase trabajadora. El resto de los días a trabajar, como si no fuera la circulación cotidiana la base de la altísima tasa de contagios de coronavirus.

El 43% de los casos se da en personas de entre 20 y 39 años, es decir quienes por edad no pertenecen a grupos de riesgo, por lo que no dejan de asistir a sus puestos laborales desde que terminó la cuarentena en 2020. A medida que se presentan nuevas cepas más virulentas, la edad promedio de internación en UTIs continúa bajando, poniendo en peligro incluso a quienes se consideraban “a salvo” hasta hace poco. Esto, sin mencionar que en la mayoría de las jurisdicciones este grupo se encuentra aún lejos de acceder a la vacunación.

Vacunas

La llegada de dosis en las últimas dos semanas -luego de los largos retrasos en las entregas por parte de los laboratorios, por los cuales llegamos a esta situación- puso en evidencia que en varias provincias la lentitud en las aplicaciones es notable. En Chaco, por ejemplo, tienen más de 100 mil dosis retenidas; en Entre Ríos, más de 120 mil; Mendoza, 130 mil. Santa Fe tiene más de 200 mil dosis por aplicar.

Eso se debe a que los gobernadores se encargaron de vaciar la salud pública durante años y se rehusaron a asignar presupuesto suficiente al combate de la pandemia. Ahora se niegan a poner los recursos que requiere la logística de la vacunación, para no salirse de su esquema de ajuste y reducción del déficit fiscal. La logística no solo incluye la distribución de dosis a las provincias, sino también el sumar más vacunatorios con personal capacitado. En algunas jurisdicciones se suma el problema del empadronamiento, por no tener conectividad en los hogares. Se evidencia la necesidad de un operativo bajo control del personal sanitario y con los recursos necesarios.

Tenemos al mismo tiempo casos como el de Misiones, donde el gobierno procedió a la vacunación a medida que se acercaban las elecciones provinciales. Solo difiere en la forma con el gobierno nacional, que ató su suerte a la vacunación. Kicillof en Buenos Aires, Schiaretti en Córdoba y Morales en Jujuy también se lanzaron a prometer acuerdos con los laboratorios; buscando compensar en la opinión pública el manejo desastroso de la pandemia.

Es también un cálculo electoral lo que explica el escándalo que armó Juntos por el Cambio en torno a las negociaciones con Pfizer, y la respuesta del oficialismo de armar una puesta en escena en el Congreso, que demostró ser un total fraude y reveló la defensa de los contratos confidenciales y el secreto comercial capitalista a costa de la salud de la población. El papelón, al que la mayoría de las farmacéuticas pegó el faltazo, expuso una vez más la necesidad de terminar con las negociaciones y acuerdos entre bambalinas, y de la libración de las patentes para romper el monopolio de un puñado de empresas.

Si levantamos la vista del corto, vemos que con seguridad esta vacuna contra el Covid-19 se incorpore en el calendario anual. En este aspecto resalta la importancia de destinar presupuesto al desarrollo de los proyecto de producir una vacuna nacional, que hoy dependen de la asociación de universidades y organismo públicos con laboratorios privados. Es fundamental emprender como perspectiva la fabricación estatal de las vacunas bajo control de especialistas, investigadores y trabajadores.