El Ministerio de Salud de la Nación informó, en el último boletín epidemiológico, un aumento en los casos de dengue y de Covid (variable Ómicron). Se registraron 17.540 casos de dengue desde la última semana de julio pasado de los cuales el 57% se produjo durante el mes de diciembre. En la segunda semana de diciembre hubo un incremento del 113% con respecto a la anterior. A su vez se registraron 2583 casos confirmados y 3 fallecimientos con Covid-19, un número de casos cercano al pico registrado durante el último ascenso de casos (semana 35 de 2023).

En paralelo, el gobierno nacional se encuentra aplicando un brutal ajuste fiscal que tiene su expresión en el área de la salud y promueve políticas de desregulación en detrimento del acceso a la salud de la población. Sin ir más lejos, el DNU liberó las tarifas de los servicios de medicina prepaga y medicamentos, que aún estando regulados presentaban fuertes incrementos, pone en riesgo las obras sociales al modificar su funcionamiento y atenta contra los hospitales públicos, mayormente provinciales, al reducir transferencias. Así, trabajadores y jubilados se ven cada vez más desprovistos de cualquier tipo de atención médica, puesto que, a pesar de un pico inflacionario del 30%, no ha habido ni un solo anuncio para aumentar sus ingresos.

En el sistema público la cosa no es mucho mejor. Los profesionales cuentan con magros salarios, la “motosierra” recorta el ya acotadísimo presupuesto, que ya tuvo su expresión en el colapso que generó la pandemia. La vacuna del dengue, que debería ser gratuita, tiene un costo de $50.000 por dosis (son dos dosis), lo que equivale a 3 cuartas partes de un salario o jubilación mínima. Considerando esta guadaña de los gastos del Estado sobre esferas públicas fundamentales, seguramente continúe siendo una posibilidad para unos pocos.

En cuanto al Covid, de continuar con estas tasas de infección, con una cepa sumamente contagiosa y resistente a las vacunas, enero y febrero serán meses complicados por la movilidad vacacional, lo que podría empalmar con los virus estacionales propios de temperaturas más frías en otoño e invierno. A pesar de la nueva emergencia y la duplicación de contagios, el gobierno no repuso los testeos gratuitos y se los restringe a los mayores de 50 con síntomas, a la población de riesgo y a los trabajadores a cargo de personas vulnerables. Se va haciendo un cuello de botella llamado a incidir en la ocupación de las UTIs, mientras se descarga el ajuste sobre la salud, lo que transforma al sistema de salud pública en una bomba de tiempo.

En la provincia, el “progresismo” de Kicillof no hace mayores méritos, le adjudica la nueva ola del coronavirus a la “falta de percepción de la población”, en pocas palabras al “achanchamiento” individual. Se responsabiliza a la población trabajadora de descuidada y negligente para lavar culpas propias y disimular los ajustes a la atención sanitaria. Kreplak, ministro de Salud bonaerense, fue quien acompañó el proyecto de Presupuesto 2023 en la legislatura con el anuncio mentiroso y trucho del “fin de la pandemia”. El propósito de este bulo fue justificar la eliminación del Fondo Covid, clavar las partidas sanitarias a la baja de la inflación real y suprimir todo refuerzo extraordinario y de emergencia para atender un rebrote de la pandemia que se veía venir en Argentina y que ya circula en todo el mundo.

Del plan Milei para la salud solamente se benefician los laboratorios y las empresas de medicina prepaga, que engordan sus ganancias reventando los bolsillos populares y a costa de la acuciante necesidad de atención médica de la población. Hay que enfrentar esta ofensiva en las calles, defendiendo nuestros ingresos, por salario y jubilación mínima igual a la canasta básica, y rechazando este plan “motosierra” en beneficio de un puñado de capitalistas. Para eso, el paro del 24 convocado por la CGT es una parada fundamental, la cual tenemos que tomar en nuestras manos y garantizar una movilización histórica que quiebre esta ofensiva.

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