Abril arrancó con la segunda ola golpeando fuerte en Olavarría. En lo que va del mes ya tenemos 40 muertes por Covid y más de 1.100 casos activos (números que superan ampliamente la situación que vivíamos en octubre del año pasado). El viernes pasado el ministro de Salud provincial confirmó lo que ya se sospechaba: hay circulación comunitaria de las cepas de Manaos y Reino Unido en la ciudad.

El municipio había empezado a tomar algunas medidas que resultaron inocuas. Entre ellas la suspensión de la actividad de los trabajadores y trabajadoras de la cultura, que resultaron perjudicados y discriminados. En la ciudad, el pase a Fase 3 fue un anticipo de lo que se anunció esta semana para el AMBA con el recorte de horarios para bares y restaurants hasta las 23 hs., de negocios hasta las 20 hs. y la circulación de 00 a 6 am. Sin embargo, Olavarría mantiene la asistencia presencial a las escuelas.

Las medidas tomadas por el intendente Galli fueron saludadas por Kicillof en la conferencia de prensa del jueves al catalogarlas como “tempranas”, cuando la realidad es que los números continúan siendo alarmantes. La situación hospitalaria es lo que más preocupa ya que en varias oportunidades estuvieron cubiertas en un 100% las camas de terapia intensiva. Maternidad fue trasladada a pediatría para poder agregar camas de internación, las cuales están desde hace varios días a tope. Igual que la situación de los y las trabajadoras de la salud, quienes han sacado un video implorando a las personas que se cuiden y se queden en sus casas, que están agotados y no dan más. Y empiezan a perder a compañeras en la primera línea, esta semana falleció una enfermera con Covid que trabajaba en un Centro de Atención Primaria.

Mientras esta realidad golpea el sistema de salud local las medidas “tempranas” no son suficientes para parar los contagios. Mientras Galli celebra que las escuelas continúen en la presencialidad, ya van más de 200 contagios en el ámbito educativo desde el 15 de marzo y el paro docente de este miércoles, reclamando la suspensión de las clases presenciales, tuvo un pico de acatamiento de un 80%. Los contagios se concentran principalmente en personas entre los 36 a los 50 años (más de 300 casos activos), lo que demuestra que el problema no son solo los encuentros sociales y las fiestas clandestinas de la juventud, sino la circulación diaria para ir a trabajar. Los colectivos están abarrotados en los picos de entrada y salida de las escuelas, los protocolos no se respetan en todos los lugares de trabajo, y, sobre todo, la situación de miseria en la que se encuentra gran parte de los vecinas y vecinos de Olavarría.

Es que es imposible cuidarse y quedarse en casa cuando el hambre golpea, cuando amenaza más que nunca el fantasma del desalojo por no pagar el alquiler, o el corte de los servicios por falta de pago; cuando hay que recurrir a un comedor barrial para paliar un poco el hambre. Todas estas situaciones se viven en la toma de más de 100 familias que ya lleva dos semanas sin respuestas en la ciudad. ¿Cómo hacen esas familias para cuidarse y quedarse en casa si ni siquiera tienen una casa propia o alquilada donde dormir?

Lo que se vive en estas semanas en la ciudad es un revival del peor momento del 2020 pero con el personal de salud agotado y con niveles de pobreza, indigencia y desocupación que superan ampliamente al año pasado. Los gobiernos de Fernández, Kicillof y Galli son responsables de esta situación.

Las y los trabajadores y el pueblo olavarriense deben tomar nota de la falsa polarización que existe entre quienes defienden de manera unánime la apertura de la mayoría de las actividades económicas para no tener que aplicar las medidas de asistencia social que un cierre extendido ameritaría, a causa del ajuste fiscal que priorizan para alcanzar un acuerdo con el FMI. Las pocas restricciones que se establecieron no fueron acompañadas del auxilio estatal necesario para paliar el hambre y sostener a los trabajadores que se quedan sin la posibilidad de ganarse el pan para sus familias.

El Frente de Todos de Fernández-Kicillof, y Juntos por el Cambio de Macri-Galli son corresponsables, y, en el fondo, defienden el mismo objetivo capitalista de no restringir las actividades. Ambas fuerzas patronales se niegan a centralizar el sistema de salud; son partidarios de pagar la deuda usuaria y para ello recortar el presupuesto destinado a las necesidades sociales, lo que agrava el colapso del sistema sanitario, la miseria de los trabajadores, la falta de viviendas, poniendo los recursos del Estado a disposición de los usureros en lugar de destinarlos a la lucha contra el Covid. Hace falta una intervención independiente por parte de los trabajadores ante esta crisis.

Planteamos:

1. Suspensión inmediata de la presencialidad en las escuelas hasta que baje la curva de contagios. Recursos para que docentes y estudiantes puedan afrontar de la mejor manera la educación virtual en la emergencia. Licencias por hijes a cargo para todes les trabajadores.

2. Ampliación del transporte público para aumentar la frecuencia y que sea posible mantener el distanciamiento social.

3. Control de los protocolos en los lugares de trabajo, por comités de trabajadores electos y con poder de parar la producción cuando no se cumplan

4. Centralizar todo el sistema de salud bajo el control de los trabajadores para poner todos los recursos estatales y los del negocio de la salud al servicio de la lucha contra la pandemia.

5. Incorporación de médicos, enfermeros y administrativos al sistema estatal. Aumento salarial para evitar el multiempleo, las jornadas agotadoras y favorecer la rotación para el descanso.

6. Vacunas para todes. Que se intervenga el laboratorio de Sigman, se incaute el principio activo de la vacuna y que el envasado sea realizado en el país. Liberación de las patentes.

7. Subsidio universal de $40.000 para todos los trabajadores forzados a la inactividad por estar desocupados o por la paralización de su actividad ante la emergencia, empezando por los trabajadores y trabajadoras de la cultura.

8. Inmediata solución al reclamo de vivienda de las familias de la toma. Plan habitacional para todas y todos los olavarrienses.

9. Salario mínimo de $60.000. Paritarias sin techo, indexadas a la inflación. Prohibición de despidos, suspensiones y rebajas salariales. Reclamamos que el Estado se haga cargo de los salarios y la preservación de fuentes laborales en caso de que la patronal demuestre estar atravesando una crisis a partir de la apertura de los libros contables. Estatización bajo control obrero del toda empresa que cierre. Aumento de emergencia a los jubilados de $15.000.

 

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