Los medicamentos y demás servicios de salud en Argentina no paran de aumentar. Así lo comprobó un informe de la Unión Argentina de Salud, donde se demuestra que los medicamentos ambulatorios, es decir de uso común, sufrieron un incremento del 28,6% en el primer semestre de 2021, mientras que en los de internación fue del 37%, ambos por encima de la inflación del mismo periodo del 25,3%.

Si tomamos el periodo julio-julio, los aumentos son aún mayores: con una inflación interanual del 50,2%, los fármacos subieron un 62,6%. Para sumar, los aumentos más abruptos se dieron en los medicamentos de uso común bajo prescripción, es decir un sector del mercado farmacéutico que tiene una demanda sostenida y creciente en el tiempo debido a la cronicidad de los tratamientos y el agregado de cada vez más pacientes diagnosticados que requieren su utilización. En otras palabras, quienes los utilizan no pueden dejar de tomarlos sin sufrir consecuencias en su salud. Así vemos casos como el enalapril, un antihipertensivo de uso frecuente que sufrió un incremento del 93,8% desde enero de 2020. Todo esto se dio en medio de la pandemia, cuando el sistema de salud y la población en general sufría un estrés sanitario sin precedentes.

Otro grupo con un escandaloso aumento es el de los fármacos utilizados en terapia intensiva, que cobraron relevancia por ser empleados en el tratamiento contra el Covid-19. En su caso, las subas rondan entre el 100 y el 1.200%.

Como en otras oportunidades, la Unión Argentina de Salud, que nuclea a las principales patronales de la medicina privada del país, está haciendo uso del reclamo por los desmedidos aumentos para justificar el aumento en las cuotas de las prepagas y conseguir mayores subsidios del Estado. Advierten que los medicamentos cada vez significan un mayor porcentaje del gasto total en salud, que en dos años pasaron de representar el 20% al 28%, y que esto “tiene como consecuencia el deterioro del sistema y la pauperización de los profesionales y trabajadores de la salud”. Es por eso que encararon el reclamo por el aumento de las cuotas de la mano de la amenaza de suspensión de la paritaria para los trabajadores de la salud del sector. En esos términos, el acuerdo paritario solo se firmó bajo una cláusula que ponía como condición el cumplimiento solo si se autorizaban la actualización en el precio de los planes. Un apriete para trabajadores y afiliados, que en septiembre verán el resumen de sus cuotas con un 9% más.

No solo utilizan los números en rojo para justificar el ajuste sobre los salarios de los trabajadores sino también para continuar el vaciamiento de las clínicas y centros de salud privados, incluso en medio de la pandemia. El cierre de 13 clínicas, entre las que se encuentra la San Andrés, junto con el abandono de cientos de camas y respiradores en su interior demuestra que la salud de la población en general y de sus afiliados en particular les importó poco y nada.

Por otro lado, el intento de regulación del gobierno de los fármacos y las prepagas solo sirvió para oficializar las subas, generando que los laboratorios establezcan como condición de compra la adquisición por parte de los hospitales de medicamentos menos utilizados -y, por lo tanto, menos comercializados- a precios aumentados en pos de mantener la rentabilidad de su negocio, lo que significó un sobrestock para el sistema de salud y la utilización ineficaz de los recursos.

En cambio, el trato que recibieron los trabajadores dista mucho de ser el que tuvo el gobierno para los sectores corporativos de la medicina. Se espera que solo cinco rubros empaten o superen la inflación proyectada para este año, estipulada en 50%. Los trabajadores de la salud son parte de los que quedan por detrás de ella: el sector privado firmó una paritaria del 45%, mientras que los municipales de CABA cerraron en 40%. El hecho de que desde noviembre de 2017 la pérdida del poder adquisitivo haya sido del 23,8% para el trabajo formal y del 31,6% para el informal confirma que el ajuste sobre los salarios no está de un lado u otro de la grieta, sino que es compartido por las coaliciones gobernantes de las últimas décadas.

Además, todas ellas hicieron acuerdos con los laboratorios y las empresas de la medicina para incentivar distintos negociados con el Estado, lo que les aseguró ser de los grupos más beneficiados y con mayor crecimiento en términos de ganancia de los últimos años.

Así, difícilmente se pueda garantizar un acceso intergral a la salud. Por eso se debe exigir que se retrotraigan los precios de los medicamentos y la apertura de los libros contables de las empresas para analizar los costos. Junto con ello, la nacionalización de la producción de fármacos, la intervención estatal de las plantas de los laboratorios bajo control obrero y la liberación de las patentes, para avanzar en la centralización del sistema sanitario que incluye hospitales, clínicas, sanatorios, institutos de investigación y laboratorios.