Una vez más, el presidente deberá decidir este viernes si extiende el DNU establecido dos semanas atrás o cambia las medidas de restricción. Todo indica que mantendría vigente las normas actuales, con limitaciones a la circulación de 12 a 6 am, actividades económicas abiertas sin ningún tipo de control sobre los protocolos y un “semáforo sanitario” que cada región del país interpreta de una manera diferente.

Ayer, tanto la ministra de Salud de Nación como el de CABA salieron en conferencia de prensa a mostrar su preocupación por la variante Delta y las segundas dosis. Quirós, de la Ciudad, incluso aseguró que una tercera ola era inevitable. Pero es solamente para la tribuna, ya que eso no los detuvo de ir para adelante con la apertura de bares, restaurantes, gimnasios y escuelas secundarias, que vuelven a la presencialidad completa en CABA. Ni unos ni otros tienen previsto un reforzamiento del sistema de salud para evitar otro colapso como el que vimos en esta segunda ola.

Tampoco existe un control de los protocolos de bioseguridad en los lugares de trabajo, por lo que las flexibilizaciones no van acompañadas de ninguna medida para preservar a la población. El amesetamiento de los contagios, con el que se justifica la ausencia de restricciones, sigue estando en un nivel extremadamente alto. Lo único que el gobierno ofrece para enfrentar una posible tercera ola es la vacunación, que como se evidencia estos días depende fundamentalmente de variables que no puede controlar, como la producción internacional y la distribución del mercado de vacunas.

Pero incluso un mayor nivel de vacunación tampoco exime de medidas. Como pasó con la segunda ola, ahora los países del hemisferio norte advierten sobre la amenaza de la variante Delta, que presenta una mayor resistencia a las vacunas, sobre todo si solo se aplicó una dosis. Esto elevó los contagios incluso en aquellas regiones con mayor porcentaje de su población vacunada, como Reino Unido o Israel. Es por eso que la administración de las segundas dosis y los esquemas de vacunación han cobrado una centralidad absoluta en la situación sanitaria, también en nuestro país. El gobierno no ha podido dar respuesta a las demandas de una población que viene esperando la vacunación hace varios meses, y que recién en las últimas semanas pudo ver una aceleración en la misma. En este sentido, menos de 4 millones de personas fueron inoculadas con las dos dosis, 8% de la población total.

Según distintas versiones el nuevo decreto avanzaría en la reducción de la cantidad de personas que ingresan al país, que actualmente es de 2.000 por día, para evitar la difusión de la nueva variante del virus. Pero lo cierto es que no se acompaña de controles antes y después de viajar ni se garantiza hoteles y dispositivos de aislamiento para quienes no tienen los medios, y tampoco hay seguimiento epidemiológico ni testeos masivos con muestreos de secuenciación para detectar las distintas cepas.

En conclusión, no hay preparación para una tercera ola o la llegada de la variante Delta, así como tampoco la hubo para la segunda ola, cuyas consecuencias todavía vemos al día de hoy con los récords de muertes de esta última semana, que rozaron los 800 diarias. El gobierno y la derecha nos llevan a la catástrofe. Para evitar los costos de nuevos desastres sanitarios es urgente terminar con el ajuste en salud y centralizar el sistema sanitario bajo control de los trabajadores, un plan de testeos masivos, medidas de control reales para evitar la difusión de nuevas variantes, las dispensas para los trabajadores que forman parte de grupos de riesgo y el control obrero de las condiciones de seguridad e higiene en los lugares de trabajo.