Alberto Fernández acaba de anunciar un bono para los trabajadores de salud de $6.500 en tres meses, pretendiendo, de esta forma, “reconocer” el esfuerzo que vienen realizando en la primera línea de combate contra el Covid-19. Sin embargo, la cifra denota un ajuste en toda la línea, ya que se resume a $250 diarios.

Para empezar, consiste en un aumento del 30% con respecto al bono que había otorgado el gobierno el año pasado, cuando la inflación interanual ha sido del 42,6%, y tenderá a aumentar al calor de la suba de los alimentos, los naftazos y el incremento de tarifas en los servicios. Por otra parte, la precariedad laboral que atraviesa al personal de salud, con salarios por debajo de la línea de pobreza, jornadas extensísimas, contratos basura y una enorme sobrecarga laboral por falta de contrataciones, constituye una realidad que este bono no resuelve.

El gobierno no solo le da la espalda a todos estos reclamos, sino que tampoco garantiza la vacunación del conjunto de los trabajadores de la salud para preservarlos del contagio; ni aumenta el presupuesto para asegurar equipos de protección personal suficientes y en condiciones, insumos de bioseguridad en cada centro de salud, testeos con la frecuencia adecuada y la ampliación de las camas de terapia intensivas en un cuadro de saturación. Al mismo tiempo, permite que cierren clínicas en medio de una pandemia, como es el caso de la clínica San Andrés de Caseros, sin dar lugar a su estatización.

Ante esta situación, han emergido enormes expresiones de lucha por parte de los trabajadores de la salud, quienes protagonizaron una jornada de paro el día 8 de abril. A su vez, se destaca la enorme huelga que vienen llevando adelante los trabajadores de la salud de Neuquén, quienes reclaman una recomposición salarial urgente frente al aumento miserable del 15% que quiere imponerles el gobierno provincial.

Como se ve, Alberto Fernández prioriza arribar a un acuerdo con el FMI en detrimento de la salud pública y de quienes la integran. Exigimos un salario mínimo equivalente a la canasta familiar, paritarias libres indexadas a la inflación, pase a planta de los precarizados, ampliación de las camas de terapia intensiva y respiradores, triplicación del presupuesto de salud y la centralización del sistema de salud.