Hace una semana, cuando Argentina superó los 100.000 fallecimientos por Covid, tenía un promedio de muertes diarias menor que el actual. Aunque hacer un análisis de los fallecimientos es difícil por los retrasos en las cargas, sí podemos decir que hace al menos tres meses que la tasa de mortalidad se mantiene alta y que no está bajando de la mano de los casos, como uno esperaría.

Si bien hubo algunas semanas de descenso, Argentina sigue posicionándose entre los peores países en relación a la cantidad de muertes por habitantes. Para el gobierno “la primavera vendrá con alivio”, pero lo cierto es que actúa como si la pandemia hubiese terminado, haciendo una campaña de lastre con la vacunación mientras mantiene el ajuste a los recursos para combatir los factores relacionados con las muertes.

En este marco, los gobiernos tanto de provincia de Buenos Aires como de CABA tantean la posibilidad de instalar un “pase o pasaporte sanitario”, que significa un aumento en los cupos de personas que pueden ingresar a lugares como shoppings, bares y restaurantes, siempre y cuando estén vacunados con una dosis. Es decir que al aforo de 50% que se implementa desde este lunes se le sumará un 20% de habitantes inoculados la próxima semana, que deberán contar con un certificado de vacunación.

Según el discurso oficial, la medida estaría relacionada a “incentivar” la inmunización de quienes aún están reticentes a hacerlo. Pero lo cierto es que por detrás está la búsqueda de una normalización de la vida económica, que requiere del retorno de una serie de personas de riesgo a los puestos laborales que, como la mayoría de los vacunados, tienen una sola dosis. De hecho la medida se dio a conocer junto con nuevas flexibilizaciones. En otras palabras, se pone en riesgo a la población vacunada mientras el resto del mundo está discutiendo la importancia de las segundas o hasta terceras dosis.

En este sentido, la aparición de nuevas variantes, como la Delta, causó estragos en otras partes del mundo que pensaron que estaban salvados por la aceleración de la vacunación. El caso de Reino Unido, donde también se priorizó administrar la primera dosis a más población por sobre la segunda, es un claro ejemplo de que la situación epidemiológica puede cambiar rápidamente si no se previene adecuadamente. La aparición de la variante Delta causó más de 100 mil casos diarios, y se esperan picos de 200 mil en agosto a pesar de que aceleraron la aplicación de segundas dosis.

Es importante mencionar que Reino Unido nunca dejó de tener acceso a dosis, ya que el laboratorio anglosueco AstraZeneca priorizó sus entregas por sobre las del resto de Europa -y ni hablar de América Latina. La situación de Argentina fue completamente diferente: mientras se fabricaba acá el principio activo y el contrato con el laboratorio era por 22,4 millones en el primer semestre, las entregas se redujeron a 8 millones. El gobierno hizo la vista gorda, sin requerir ni siquiera una penalización, avalando la especulación capitalista mediante el acaparamiento de las vacunas.

Es una advertencia para la decisión oficial de vacunar a “más gente” por sobre completar los esquemas. Al día de hoy, de las 27.825.228 vacunas aplicadas, 22.325.067 (48,77%) corresponden a la primera dosis y 5.483.944 (11,97%) a la segunda, por lo que 16.841.123 personas esperan su segunda inyección. Entre ellas se incluyen a más de 3 millones de adultos mayores de 60 años, el principal grupo etario afectado por el coronavirus que concentró el 70% de las muertes de los últimos tres meses.

Los “pases sanitarios” para normalizar la actividad económica, forzando el fin de las dispensas de los trabajadores que forman parte de los grupos de riesgo, forma parte de la orientación que tuvo el gobierno de Alberto Fernández durante toda la pandemia, priorizando la economía de los capitalistas sobre la salud y la propia economía de la población.

La vacunación funciona, pero no exime de tomar medidas relacionadas a la prevención, preservar a los grupos de riesgo y fortalecer el sistema de salud de cara a la eventualidad de una tercera ola. Es por eso que en este escenario es más necesario que nunca exigir los cuidados y medidas sanitarias para evitar una propagación mayor del virus, como los protocolos obreros en los lugares de trabajo. Además, el hecho de tener una dosis de la vacuna no puede obligar a la población de riesgo a volver a sus trabajos ni poner en riesgo sus puestos laborales. Se deben, además, aumentar los testeos y reforzar el sistema de salud, empezando por un aumento de los salarios de los trabajadores del sector y la contratación de más personal.

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