14/07/2021

Más de 100.000 muertes por Covid: retrato de una pandemia regida por el ajuste

Un doloroso récord en medio de la campaña electoral.

Luego de meses de franco ascenso en las muertes, el día de hoy Argentina superó los 100 mil muertos por Covid-19. Semanas atrás, el presidente Alberto Fernández encabezó un acto “en honor” a los fallecidos antes de alcanzar la desastrosa cifra, posiblemente intentando evitar ser interpelado por el manejo de la pandemia que tuvo su gobierno.

Los resultados están a la vista. No solamente en relación a las muertes -que nos ubican entre los países con mayor cantidad por millón de habitantes-, sino también en torno a los casos: 4,6 millones y contando. Del total, el 63% corresponde al 2021, lo que confirma que el recrudecimiento de la pandemia en nuestro país ha sido absoluto. El “techo” de 20 mil casos de la primera ola se convirtió en el “piso” de la segunda, y recién ahora, luego de 3 meses, se están ubicando en 18 mil diarios.

Economía vs. Salud

En abril del 2020, a pocos meses de iniciada la pandemia, Alberto Fernández dijo que “prefería tener 10% más de pobres y no 100 mil muertos”. Sus dichos se daban en medio del debate de economía vs. salud, cuando el gobierno pretendía justificar el desguace a los salarios y la pauperización de las condiciones de vida de la población con la crudeza de la pandemia.

Lo cierto es que, con el diario de hoy, es posible afirmar que el presidente se quedó sin el pan y sin la torta. Si bien la pobreza no aumentó un 10% en términos oficiales, se ubicó 4 puntos por encima del mismo periodo del año anterior, y hay casi un 20% de personas a punto de ingresar a esta situación. Aún más ejemplificador es que la mitad de los salarios formales se encuentra bajo la línea de pobreza, mientras la situación de los informales es peor.

Combinado con esta situación, para el combate de la pandemia se estableció rápidamente una cuarentena que terminó por romperse más temprano que tarde. Mientras en los discursos oficiales el presidente nos pedía que nos “quedemos en casa”, daba rienda suelta a la presión patronal por aperturas indiscriminadas y comenzaban los primeros atropellos en los lugares de trabajo que obligaban a asistir de manera ilegal a sus empleados, por supuesto sin cumplir ningún protocolo de bioseguridad. La ayuda social para los monotributistas, los desocupados y los trabajadores informales se entregó recién en junio o julio, tres meses después de iniciado el aislamiento obligatorio, y en forma de un IFE de tan solo $10 mil.

Las denuncias de los trabajadores de la salud permitieron exponer el universo de irregularidades que se daban en los hospitales: jornadas laborales que se extendían largo y tendido, salarios de miseria y colapso sanitario. La instalación de una cuarentena estricta no tuvo su correlato en términos sanitarios, con un plan de testeos masivos y partidas presupuestarias extras para el sistema de salud, debido a que el ajuste en curso era prioritario. Así fue como la primera ola transitó de la mano de un gran colapso sanitario, que incluyó primero al Amba y luego al resto de las provincias del país.

También se acompañó de los primeros problemas de abastecimiento de elementos sanitarios, como respiradores y barbijos, a nivel mundial, que pusieron sobre la mesa las consecuencias de una producción orientada a la obtención de ganancias y no a las necesidades de la clase trabajadora. Desde un inicio, desde el Partido Obrero planteamos la necesidad de centralizar el sistema de salud y transformarlo en uno único, gratuito e igualitario, basándonos en que permitiría hacer una distribución más equitativa e inteligente de los recursos, pero también en que el acceso a la salud por parte de la población no podía estar condicionado por si podían o no costear una obra social o prepaga, menos en una Argentina con casi la mitad de la población sumida en la pobreza e indigencia. Tanto en aquel entonces como ahora, esto significa poner una gran cantidad de recursos y enfrentarse a los magnates de la medicina privada, que han diseñado las políticas de salud de nuestro país y formaron parte de distintos gobiernos, beneficiándose de los negocios propiciados por el Estado.

Sin centralización ni reforzamiento del sistema de salud, sin ayuda social y con un gran ajuste en curso, el gobierno ya se había consumado como uno sin economía y sin salud para antes de la primera ola.

Segunda ola

Si el manejo de la pandemia durante los primeros meses fue un fracaso, la segunda ola terminó de confirmar la falta de rumbo del gobierno. La improvisación que dominó la primera parte se acopló al ajuste profundizado este 2021. El recorte presupuestario del 10% en términos reales con respecto al 2020 mostró que el gobierno asumió que la pandemia había terminado. La propia Oficina de Presupuesto de la Nación admitió estar esperando una reducción del 10,5% del gasto en salud, lo cual choca con las experiencias que estaban transitando los países del hemisferio norte, con segundas y terceras olas mucho más virulentas y peligrosas que las primeras.

El respiro del verano duró poco. Debido a las aperturas indiscriminadas y la falta de protocolos en el turismo, surgieron rebrotes en diciembre y enero que anticipaban un aumento en el promedio de casos, con similares a los que se vivieron en la primera ola. La carga en la circulación que generó la apertura de los colegios y de las actividades económicas sin un plan sanitario acorde a la situación epidemiológica pintó un escenario mucho más complejo para la segunda ola. El avance en los tratamientos y conocimientos de los profesionales luego de un año de pandemia no pudieron dar respuesta porque el colapso sanitario fue devastador. Tanto fue así que algunas provincias, como Neuquén, todavía viven las consecuencias de la saturación, y todas ellas comparten el agotamiento de los profesionales de la salud. El broche de oro fue el cierre de más de 10 clínicas privadas en la provincia de Buenos Aires -entre ellas la Clínica San Andrés– que significó cientos trabajadores en la calle y recursos sin utilizar, como camas UTI y respiradores, y para lo cual los gobiernos no ofrecieron solución, ni siquiera cuando se tardaba horas en conseguir un lugar de internación, que muchas veces terminaba siendo el área de guardia del hospital.

Las restricciones fueron fruto de la improvisación del gobierno y se impusieron solo para los momentos de ocio y esparcimiento de la clase obrera. Cuando se decidió establecer una cuarentena estricta, esta duró solo 9 días y no fue acompañada de ninguna disposición más, por lo que prácticamente no tuvieron impacto en materia sanitaria. Así, la imposibilidad de afrontar la pandemia tuvo su eje central en la política de ajuste, expresado en la baja cantidad de testeos y la falta de recursos sanitarios y de personal de salud.

Campaña de vacunación electoral

La llegada de vacunas tuvo un desarrollo tortuoso para el país. El gobierno levantó desde el inicio la idea de que un cuarto de la población estaría vacunada antes de fines del 2020, algo que se desinfló una vez que los laboratorios confirmaron los retrasos en la producción, que ponían a Argentina en lugar del último orejón del tarro. Eso no impidió que se firmaran una serie de contratos confidenciales y se entregarán leyes y beneficios de todo tipo, como el blindaje jurídico frente a efectos adversos o el pago por adelantado del 60% de los costos de las vacunas para AstraZeneca. Tampoco que se defendieran las patentes de los mismos y se les permitiera establecer negocios en plantas locales, que terminaron siendo importantes fabricantes de vacunas para la región sin garantía de entrega, como ocurrió en el caso de la planta de Hugo Sigman y AstraZeneca.

No es un dato menor que Argentina, que tenía serios problemas para hacer cumplir sus contratos por vacunas y llevaba los peores ritmos de inmunización del mundo, en solo dos meses diera un giro con respecto a su campaña. Esto tuvo que ver con que los países imperialistas, que acapararon las dosis en un primer momento, avanzaron con su vacunación y se dedicaron a expandir el negocio de sus laboratorios a mercados extranjeros. Pero también con el hecho de que el gobierno emprendió maniobras para transformar cada vacuna administrada en un voto. La propia CFK lo dijo: con la vacuna, todos volveremos a ser felices. Sin embargo, el bajo ritmo de vacunación (aún inestable, si bien logró superar las 300.000 inoculaciones diarias) y la aparición de nuevas variantes pusieron sobre la mesa que las dosis no alcanzan para salir de la crisis sanitaria ni tampoco de la más general, de características económicas y sociales.

Visto en retrospectiva, el número de casos y de muertes fue consecuencia de la improvisada política sanitaria y de vacunación. Incluso ahora, para impedir el ingreso al país de la variante Delta, se valieron de un falso cierre de fronteras reduciendo la cantidad de personas habilitadas para volver, pero sin poner en marcha medidas de verdadero control, como protocolos u hoteles y centros de aislamiento para los positivos. Tampoco en las segundas dosis de los vacunados, una estrategia fundamental ya que la nueva variante parece ser más resistente que las previas.

El balance del gobierno incluye la idea de que el sistema de salud “siempre pudo dar respuesta”, en declaraciones de la ministra de Salud Carla Vizzotti, algo que solo puede entenderse como una política negacionista que deja entrever que el gobierno defiende a rajatabla el ajuste imperante y que continuará por ese camino. Teniendo en cuenta esa orientación, el surgimiento de una alternativa independiente de los trabajadores toma un valor adicional, como lo han demostrado las distintas luchas que surgieron a lo largo y ancho del país, tanto de los profesionales de la salud como de los distintos sectores de trabajadores en reclamo de protocolos de bioseguridad o de vacunas.

El programa para ofrecerles a ese sector tiene que incluir la centralización del sistema de salud, así como el reforzamiento con recursos y aumento presupuestario, salario por encima de la canasta básica familiar para todos los trabajadores y contratación de personal. Una preparación importante, sobre todo considerando que la tercera ola se espera para principios de agosto. Para la vacunación no solo es necesario destinar recursos que permitan aumentar el ritmo y el acceso a toda la población a las dosis, sino también el fin de las patentes. Esta medida, junto con otras como la inversión en ciencia y técnica, la adecuación de plantas y la transferencia de tecnología, permitiría dar un primer paso para una producción masiva y así proveer de vacunas al resto de América Latina.

Evidentemente, el control por parte de los capitalistas de las medidas sanitarias, la cuarentena y la vacunación fue un fracaso, por lo que el programa desarrollado tiene que ser tomado por el gobierno de los trabajadores, que priorice la salud de la población y las necesidades de la clase obrera.

 

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