La decisión el Alberto Fernández de levantar el feriado puente del próximo 24 de mayo, presentándolo como una medida sanitaria, no es más que una impostura: la contracara de tal medida es la circulación de millones de trabajadores a sus puestos de trabajo, en un transporte público colapsado.

El gobierno “se apoya” en la idea de que con esta acción se evitaría la circulación producida por el turismo. Recordemos que cuando los especialistas, y la subida de los casos, ya aseguraban una segunda ola de contagios, el gobierno se negó a tomar medidas restrictivas del turismo en Semana Santa, lo que terminó convirtiéndose en un puntapié para la actual escalada del Covid-19.

Lo que ahora se presenta como una medida “protectoria” no es más que una estafa, ya que el gobierno cuenta con los medios para suspender la actividad turística, lo que redundaría en que millones de trabajadores, efectivamente, puedan “quedarse en casa”.

Pero ha decidido no tomar esta dirección, atacando un derecho de los trabajadores –como lo es el descanso y el derecho al ocio- y priorizando la continuidad de la “actividad económica”, lo que implica un beneficio para las patronales de la industria y los servicios, e incluso para el propio Estado.

La defensa de la salud de la población no puede garantizarse por medio de improvisaciones y medidas propagandísticas, las que en su inmensa mayoría esconden otros intereses reales. Tanto la vacunación masiva como el aislamiento social son recursos imprescindible es para combatir la pandemia. La medida del gobierno no ayuda en uno ni en otro aspecto de esta cuestión, agravando la circulación y los contagios.