Mujer

13/8/2024

Alberto Fernández y el balance que no quieren hacer las referentas del feminismo peronista

Siguen reivindicando la integración al Estado.

El fracaso de la cooptación estatal.

La denuncia de Fabiola Yáñez a Alberto Fernández por violencia de género debería ayudar a que el movimiento de mujeres y diversidades arribe a la conclusión de la necesidad de organizarse de manera independiente al Estado capitalista y tome nota del daño que le hizo a nuestra lucha la integración por parte de algunas al gobierno del Frente de Todos. Sin embargo, la noticia no fue procesada de esta manera por las referentas del feminismo peronista.

Si bien repudiaron los hechos de violencia propinados por el expresidente, no hubo ningún ejercicio de autocrítica. Por el contrario, muchas reivindicaron la decisión de aquellas que se convirtieron en funcionarias bajo el gobierno anterior en nombre de las demandas de las mujeres. Este punto de vista lo sintetiza acabadamente un artículo de la periodista Agustina Paz Frontera publicado en Latfem; allí afirma que se trató de “usar fugazmente el Estado para establecer criterios mínimos, leyes, servicios, derechos. 2019-2023 fue un periodo vertiginoso de rúbricas institucionales, de utilización del Estado para circular discursos sobre la identidad nacional y la diversidad incorporando la perspectiva de género, no volviéndola totalitaria. Fue asombrosa la manera en que compañeras y compañeros desplegaron maquinarias de género para tratar de fijar en algún lado lo que creemos que es justo”.

Esa interpretación sería válida si las mencionadas “rúbricas institucionales” le hubieran mejorado la vida al colectivo femenino. Ahora bien, fueron lisa y llanamente un maquillaje de género al ajuste gubernamental. La asistencia económica a las víctimas de violencia de género se circunscribía al Programa Acompañar, cuyo monto era equivalente al mísero salario mínimo y duraba apenas seis meses, es decir, lejos estaba de permitirles a las mujeres salir de la espiral de la violencia y emprender un proyecto de vida autónomo. Mientras tanto, las políticas fondomonetaristas del peronismo en el poder se ocuparon de hundir las condiciones de vida de las trabajadoras, dejándolas expuestas a las agresiones por motivo de género. Las mentadas “políticas de género” del Frente de Todos no se manchan con los delitos de Alberto Fernández porque ya estaban manchadas de antes al haberse demostrado estériles para combatir el flagelo de los femicidios. La legalización del aborto, que sí significó un progreso material para las mujeres, no puede ser atribuida a ninguna gestión presidencial; es obra de la movilización ejemplar que llevó adelante la marea verde y que la estatización del movimiento procuró desactivar.

Las únicas que se beneficiaron de la puesta en pie del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades fueron las funcionarias que obtuvieron cargos en él. Utilizaron la agenda de movimiento de mujeres para hacer carrera política, pero desde sus puestos le dieron la espalda a la inmensa mayoría de mujeres de este país. Entre otras defecciones, no defendieron a las piqueteras frente a los agravios clasistas de todos los que estuvieron al frente de la cartera de Desarrollo Social, callaron ante las paritarias de indigencia que afectaban a un millón y medio de trabajadoras de casas particulares y nunca pusieron en pie el famoso “sistema integral de cuidados” que prometieron para liberar a las mujeres de esa carga empobrecedora.

En ese sentido, merecen una reflexión los planteos de la periodista Florencia Alcaraz, quien, para encubrir el fracaso de la institucionalización de la agenda de género, escribió en la revista Volcánicas que “sólo cuatro años no son posibles para construir suficiente evidencia de que la política feminista puede transformar y mejorar la calidad de vida”. El problema no fue la falta de tiempo sino que la orientación capitalista y antipopular del gobierno del Frente de Todos fue contraria a los intereses de las mujeres y diversidades. Vale mencionar también el ejemplo de la provincia de Buenos Aires, donde el Ministerio de Mujeres local, a cargo de Estela Díaz, se calló la boca frente al desalojo de la toma de Guernica impulsado por Axel Kicillof, que dejó a decenas de mujeres y niños desamparados.

No solo se vuelve imposible sacar un balance positivo de este proceso de cooptación estatal, sino que es necesario enfatizar en lo nocivo que esto ha resultado para el movimiento de mujeres y diversidades. La creación del Ministerio de Mujeres fue un instrumento para sacar a la marea verde de las calles tras la conquista del aborto legal bajo la promesa de que acompañando al gobierno de Alberto Fernández iba a lograr avanzar en sus demandas. Tamaño fraude en nombre de las banderas feministas desprestigió al movimiento en su conjunto, lo cual es usado por Milei para desplegar sus planteos reaccionarios y atacar incluso los derechos arrancados con la lucha, como el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.

A la luz de los acontecimientos nadie se atrevería a negar que Alberto Fernández estafó a la ola verde; también lo hizo Cristina Kirchner al designarlo como candidato. Pero hay que decir que la dirigencia del feminismo peronista colaboró en esa estafa llamando a depositar expectativas en su candidatura, sin importarles que Alberto Fernández ya había demostrado ser profundamente misógino con ciertos comentarios vertidos en su cuenta de Twitter. Acá no es aceptable el argumento que esgrimió CFK de que “la misoginia, el machismo y la hipocresía, pilares en los que se asienta la violencia verbal o física contra la mujer, no tienen bandera partidaria y atraviesan a la sociedad en todos sus estamentos”, puesto que el peronismo no solo aloja violentos en su interior sino que tiene una larga trayectoria en encubrirlos, como es el caso de Fernando Espinoza y, en su momento, de José Alperovich. Finalmente, se trata de una fuerza política tributaria a la clase dominante, y, como tal, reproduce los principios de opresión que sostienen a este sistema.

La negativa de estas referentas a realizar una lectura crítica sobre su asimilación al Estado, en nombre de no dejarse correr por la hipocresía libertaria que responsabiliza a “los feminismos”, contradictoriamente, termina favoreciendo al discurso mileista. Sobre todo cuando defienden su accionar apelando al “legítimo derecho de las mujeres a acceder a la rosca política”, tal como sostiene el artículo citado anteriormente de Latfem al mencionar que “hay feministas políticas para las que la política es eso, política. Luego, si en un futuro no muy lejano aspiramos a que la política y los políticos dejen de ser unas máquinas de turbiedad y humo, es otra cosa”. No toman dimensión de cuánto mancillan nuestras causas emparentándolas con la mugre que caracteriza a la política de los partidos del régimen; esa que tanto repudia la población y que la llevó a votar a aquel que prometía terminar con los vicios de la casta. A su vez, la idea de que hay que subirse a la “máquina de turbiedad y humo” porque otra no queda es un llamado a la resignación que condena al movimiento a un callejón sin salida.

Sucede que un balance serio de lo ocurrido debería concluir en la imposibilidad de transformar la realidad de las mujeres desde los despachos del Estado y la necesidad de retomar el camino de la lucha callejera, sin ataduras a las variantes capitalistas que se burlaron de nuestras demandas; en definitiva, romper con el peronismo. La ofensiva del gobierno de Milei contra la clase trabajadora en general y las mujeres en particular amerita que adoptemos ese rumbo de inmediato.

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