En los últimos días se puso en escena nuevamente la inviabilidad del actual sistema de salud. Las patronales de la salud privada reclaman un tarifazo en las cuotas cercano al 35% y extorsionan en público con “no poder pagar los aumentos comprometidos en la paritaria”. A la vez, alegan rechazo a un supuesto plan de “estatización” que impulsaría un sector del gobierno, particularmente el ala camporista.

Esta semana, Cristina Fernández planteó que era necesaria “una reforma”. Indudablemente, la victimización capitalista es típica de las negociaciones con el poder de turno respecto de precios regulados, subsidios y compensaciones. Además, difícilmente pueda tomarse en serio una amenaza estatista del gobierno que arrugó con Vicentin y que, precisamente en el área de salud, fue incapaz de intervenir aunque sea transitoriamente la decena de clínicas cerradas en medio de pandemia.

En este punto es emblemático el caso de la Clínica San Andrés, que hace meses está inoperativa a pesar del reclamo incansable de sus trabajadores. El ejemplo basta y sobra para demostrar la inconsistencia de la demagogia estatista del cristinismo, pues dejaron tirados a 144 esenciales que podrían haber puesto en funcionamiento decenas de camas -incluidas UTI- en una institución que prestaba servicios al Pami dirigido por la camporista Volnovich. La San Andrés, como es sabido, queda en la provincia de Buenos Aires donde el Instituto Patria controla la gobernación y el Ministerio de Salud.

Sin embargo, sería un error reducir todo el debate a “una farsa”. En efecto, la magnitud de la crisis sanitaria es total; la pandemia puso en carne viva la inviabilidad de los sistemas de salud en su actual condición a escala internacional, y se procesan discusiones incluso al interior de la clase capitalista respecto de cómo continuar. El cristinismo, de hecho, no solo coqueteó con un planteo centralizador en el discurso de su jefa, sino que también difundió en varios medios un documento “programático” titulado “Ejes centrales para un programa de salud 2020/2024”. El texto fue publicado originalmente en 2019 por el “Frente Ciudadano por la Salud” que dirige el ministro bonaerense Daniel Gollán, entre otras personas. En tanto permite juzgar el contenido real de los planteos “centralizadores” camporistas, realizamos una crítica de algunos de los capítulos principales.

El programa K no termina con la mercantilización de la salud

Es significativo que el documento en cuestión no parta de un balance sobre el estado actual de la salud en nuestro país. El motivo es tan profundo como sencillo: las “décadas de fragmentación y segmentación crecientes del Sistema de Salud” que el texto se propone superar no cayeron del cielo. Son resultados de políticas concretas de los gobiernos de las últimas décadas, lo cual compromete a todos los partidos patronales, incluido el pejotismo, del cual los K constituyen una corriente. Esto abarca, desde luego, 12 años de gobierno “directo”. No hay balance de responsabilidades pero tampoco caracterización de las causas; sucede que la “fragmentación y segmentación” que se denuncia son resultado de la creciente mercantilización de la salud.

En el planteo del grupo de Gollán, la “centralización” que se operaría al crear una caja central de aportes en manos de un “SNISA (Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino)” convive con el subsector privado -a lo sumo “compite” por ciertos mercados. Este cambio de manos de los aportes no modifica el problema de fondo, que está dado por el carácter destructivo de la penetración capitalista en la prestación de servicios de salud. Ahora mismo, la “insostenibilidad” que denuncian las prepagas omite clarificar el papel de su lucro en la mentada “estructura de costos”. Si la salud fuera realmente un derecho universal, no tendría que estar condicionada por el beneficio parasitario de propietarios, accionistas y aseguradoras. Para establecer un cálculo realista de los costos tendrían que abrirse los libros contables de esas empresas, algo completamente fuera del radar de un gobierno incapaz de poner en funcionamiento las camas y aparatología abandonadas por la patronal.

Bajo el cálculo de “costo-beneficio” capitalista se ajustaron servicios de salud en todo el mundo durante los años previos a la pandemia -los resultados están a la vista, desde potencias como EE.UU. hasta países atrasados como el nuestro-. Cualquier transformación para colocar la salud como “derecho universal, conquista social e histórica de la comunidad y responsabilidad indelegable del Estado” (textual del documento) debe atacar, antes que nada, la ligazón entre el lucro privado y la provisión de servicios de salud. La reducción internacional de la proporción de personal de enfermería, por ejemplo, no estuvo dada por un fenómeno natural, sino por los crecientes ajustes que se desprenden de una orientación empresarial -opuesta por definición a una planificación generalizada de las necesidades sanitarias.

La reducción del presupuesto público tiene su contraparte en la expansión de la medicina privada -algo que creció exponencialmente en la Argentina durante el menemismo, del cual Cristina Fernández y compañía fueron partícipes necesarios. Si algún kirchnerista alega “corrección” de esos “errores” durante la “década ganada” se equivoca: el negocio de las prepagas creció, junto a la descomposición creciente de las obras sociales, que bajo la dirección de la burocracia sindical pejotista perdieron enormemente su carácter solidario para transformarse en gerenciadoras. Esta privatización, además, absorbe partes crecientes del salario de franjas enormes de trabajadores y trabajadoras, que se “pasan” a planes prepagos frente a la incapacidad del sistema público para absorber esa demanda. Cuando se agrava la destrucción del salario y crece la desocupación, como ocurre en la actualidad, parte de esos trabajadores “caen” nuevamente en un sistema público ajustado en la etapa previa. En cualquier caso, la privatización sanitaria es un rescate del capital que no encuentra áreas lucrativas donde reproducirse y un aspecto de presión contra el valor de la fuerza de trabajo.

El proyecto camporista, aun cuando tenga fraseología estatizante, no se propone revertir en absoluto esta situación. En todo caso, plantea una disputa con las prepagas y la burocracia sindical por el control de ciertos recursos, colocando al hospital público como una empresa más que “facture” las prestaciones, lo cual en parte ya existe y desnaturaliza la función que debería cumplir.

La fragmentación sigue en pie en el proyecto de Cristina Fernández

El borrador arma un juego de palabras típico: plantea superar la “fragmentación y segmentación” a través de “una solución estructural”, que sería la “creación de un SNISA”. ¿Proponen entonces terminar con la provincialización y municipalización que tanto daño causó a la salud y educación? Basta continuar la lectura para comprobar que no.

Así como se “convive” en el plan con los subsectores privados y de obras sociales, se “articula” con el “subsistema” público. Tal cual señalamos arriba, la primera medida de fondo propuesta para esta falsa nacionalización es el “recupero de las prestaciones realizadas por entes estatales a subsectores” -pasarse facturas con prepagas y obras sociales-. En última instancia, el dinero proviene de los aportes de la clase obrera -activa y jubilada-, pero son controlados por una burocracia que ni siquiera es electa. La desregulación menemista es mantenida mediante una “nueva modalidad [¿cuál?]” de “libre elección”. Por otro lado, abundan las apelaciones a desarrollar “fuertes programas de inversión”, una generalidad que intenta disimular la precisión de cuántos recursos son necesarios y de dónde van a salir. El presupuesto 2021 para salud tuvo una reducción en términos reales del 9%, con lo cual cualquier apelación en un papel a “fortalecer la inversión” por parte de quien la está bajando para satisfacer al FMI es un engaño.

La “patria laboratoria”, en pie

Si el lucro desnaturaliza la organización de la salud en beneficio colectivo, los laboratorios privados llevan esta realidad al paroxismo. Se observa con la vacuna anticovid: la potencialidad extraordinaria de la ciencia se estrangula en función de negocios y contratos que dejan afuera a la población de decenas de países. Los firmantes de este documento proclaman que “el acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces en la cantidad y oportunidad adecuadas es un derecho”.

Sin embargo, no han sido capaces de tomar una medida elemental de soberanía nacional (o “sanitaria”) con relación a las vacunas, cuando evitaron confiscar la producción de vacunas en Garín para su envasado con la infraestructura existente en el país. La sociedad con los Sigman no se ve alterada por el planteamiento de este documento, pues las medidas propuestas no pasan de “relanzar la Agencia Nacional de Laboratorios”, “revitalizar” planes o, de vuelta, “incrementar la inversión” (¿cuánto y cómo?). La “participación activa del Estado” que postula el texto no pasa de medidas muy tímidas de asociación con ciertos pulpos farmacéuticos -de ninguna manera en oposición a ellos, o siquiera de “control”-. Es cierto que “el poder de fuego” en compras centralizadas podría tener algún impacto, pero también lo es que, siendo actualmente gobierno, no han hecho nada significativo al respecto -a las palabras se las lleva el viento-.

Lxs trabajadorxs de la salud seguirían precarizadxs

En el capítulo sobre “fuerza laboral”, el documento coquetea con ciertas reivindicaciones muy sentidas. Se habla de una “carrera sanitaria nacional” que “prevenga la posible discriminación entre profesiones”. Mucho eufemismo para evitar una definición clara y concreta: todas las profesiones de salud deben formar parte de una carrera única; la discriminación no hay que “prevenirla” sino resolverla, porque está ocurriendo ahora mismo. Cualquier reforma sanitaria debe plantear taxativamente la inclusión en un mismo escalafón de todas las profesiones discriminadas -en primer lugar, enfermería-.

Es significativo que en este apartado no se caracterice el drama de las condiciones salariales y laborales del personal sanitario. Las “remuneraciones laborales y condiciones laborales dignas” constituyen una generalidad, especialmente viniendo de quienes gestionan el poder del Estado hace muchos años. Por eso el documento hace silencio sobre el gran tema del pluriempleo, que destruye la vida de lxs trabajadorxs de la salud, degrada por motivos obvios la capacidad de atención y conforma un cuello de botella para la formación en escala de más profesionales en las áreas críticas. Un paso elemental para empezar a resolver esto sería establecer un salario inicial equivalente al costo de la canasta familiar (hoy en casi $100.000). Las condiciones de trabajo deben contemplar los múltiples reclamos existentes por el carácter insalubre de las tareas sanitarias, lo cual debería reflejarse en la reducción horaria sin afectar el salario y requisitos especiales de jubilación anticipada, entre otros puntos. Sin estas medidas, el indispensable “plan para la formación de 100.000 nuevos enfermerxs” es una quimera.

La preocupación por el salario en el texto no pasa por romper el pluriempleo; por el contrario, se apunta a evitar “la puja salarial entre jurisdicciones”. La forma progresiva de resolver este asunto pasaría por un sistema único, nacional y pisos salariales como planteamos arriba. Sin embargo, se postula la creación de “una paritaria nacional de salud” que “reduzca la brecha entre jurisdicciones”. Es una receta recalentada de lo hecho por el kirchnerismo en educación, donde la “paritaria nacional” sin terminar con la provincialización (descentralización maquillada como “federalismo” o “jurisdicciones”) supuso el establecimiento de techos salariales antes que pisos. Además, no se revirtió la miseria de ingresos para la docencia y los auxilios de recursos nacionales circunstanciales para apagar conflictos provinciales solo multiplicaron las sumas en negro, mientras los básicos y el escalafón se achataron dramáticamente.

El acápite de “fuerza laboral” tampoco dice palabra sobre un pilar indiscutible del sistema sanitario: el régimen de residencias y concurrencias. Las y los protagonistas de esta tarea, que sufren la desnaturalización de un régimen formativo para sostener con superexplotación los servicios de todos los subsistemas, se han movilizado en forma creciente, sin que los gobiernos de Gollán o Vizzoti resuelvan sus necesidades más sentidas. Lo mismo vale, con sus particularidades, para el sector de prestadores.

La precarización laboral abarca todos los extremos de las tareas imprescindibles en un hospital, desde limpieza o alimentación tercerizadas hasta especialistas médicxs con contratos de locación. Sin embargo, no merece mínima reflexión de este documento programático, porque el pase a planta permanente contra los contratos basura y el tercerismo va contra la política concreta que desarrollan las autoridades gubernamentales en ministerios y hospitales.

Salud y género

En este punto, es curioso que se hable del “desarrollo de un sistema nacional de cuidados como política pública que incluya el reconocimiento de los cuidados no remunerados” cuando las mujeres del sistema de salud, que constituyen notoria mayoría, no tienen garantizados sus derechos laborales más elementales al respecto. No hay dispositivos de cuidado en casi ningún lado (jardines materno paternales); las precarias no tienen licencias por cuidado y “las de planta” tienen días completamente insuficientes; esto, solo por nombrar algunos ejemplos.

Con relación a la salud reproductiva, es notorio el silencio respecto de la influencia clerical en el ámbito de la salud; para una plena aplicación de la IVE, es imprescindible no solo separar a la Iglesia del Estado, sino también quebrar su influencia oscurantista en los terrenos educativos y sanitarios, donde controla clínicas a lo largo y ancho de todo el país. Lo mismo vale para una provincialización en manos de las oligarquías reaccionarias que controlan las gobernaciones.

Conclusión

Incluso sin considerar por el momento -en consideración de la extensión- otros aspectos relevantes del documento (como salud mental, ciencia y tecnología o sistemas de información), es posible arribar a una conclusión sobre el debate en danza. El cristinismo pretende colocarse como “extrema izquierda” de la coalición oficial; mucha militancia del sector de salud tiene expectativas en ese pretendido “juego de presiones”.

Sin embargo, el balance debe ser lapidario, combinando dos aspectos. Por un lado, la realidad incontrastable de un sistema de salud en ruinas, cuya actualidad no puede adjudicarse únicamente al desastre de cuatro años de macrismo. Del otro, y como aspecto indisoluble, por la completa impotencia programática del “ala radicalizada”. Sus planteamientos están muy por detrás de experiencias nacionalistas del pasado; no llegan siquiera a medidas muy tibias de capitalismo de Estado. Lxs trabajadorxs de la salud como sujetos protagonistas de cualquier transformación están ausentes -el eje pasa por la creación de nuevos “entes” que entronen a una capa de funcionarios en el manejo de cajas millonarias-.

Frente a una crisis sin precedentes, que afecta particularmente al sistema de salud, deben debatirse medidas de fondo. El nacionalismo de contenido burgués es impotente frente a los desafíos más evidentes que plantea un drama como el que atravesamos. La centralización que hemos planteado en forma sistemática desde el PO constituye un punto de partida para arribar a la forma más realista de afrontar este sistema inviable: la necesidad de un servicio de salud nacional único, universal, gratuito y gestionado democráticamente por sus trabajadorxs. Esta nacionalización barrería en serio con la fragmentación y segmentación, a la vez que atacaría el lucro parasitario que desnaturaliza su función esencial y propicia el despilfarro de recursos. Para ello es imprescindible la organización independiente de lxs trabajadorxs respecto de la patronal -privada o estatal- y de la burocracia sindical.