“No se puede analizar el impacto psicológico de la cuarentena sin analizar el de la pandemia”. Con esta declaración en una entrevista con la Agencia Telam (8/7), la asesora ministerial en Salud Mental, Alicia Stolkiner parecería plantear un viraje (y a la vez un valorable sinceramiento) en las posiciones oficiales sobre el debate de la gestión pública en salud mental durante la pandemia y la cuarentena, con las que venimos polemizando sistemáticamente desde las páginas de Prensa Obrera.

Un sinceramiento a medias

El planteamiento de Stolkiner – quien desde hace muchos años ocupa el cargo de Profesora Titular de Salud Pública y Salud Mental en la carrera de Psicología de la UBA, además de ser Titular del Doctorado Internacional y de la Maestría en Salud Mental Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús – parecería significar un cambio discursivo en relación a la posverdad que distintos funcionarios oficialistas en salud mental pretendieron instalar en las últimas semanas (“lo que angustia es la pandemia, pero no la cuarentena”), particularmente a partir del “incidente” entre Alberto Fernández y la periodista Silvia Mercado (del medio derechista y anticuarentena Infobae) sobre el problema de “la angustia” provocada por el aislamiento obligatorio que también oportunamente nos referimos desde esta página.

Sin embargo, a lo largo de la entrevista algunas de sus afirmaciones nos convocan a un análisis que desarrollaremos a continuación como parte de un debate abierto en el campo de la salud mental, teniendo en cuenta que se señalan sin ninguna referencia estadística sanitaria .

¿Padecimiento psíquico, “acto de normalidad”?

Alicia Stolkiner describe en el reportaje distintos fenómenos del padecimiento psíquico como efecto de la pandemia y la cuarentena: dice observar en la población “una tendencia a momentos de tristeza, también, dificultad del sueño… además un agotamiento por el contexto y la incertidumbre.. tenerla en una situación que no se sabe qué va a pasar es prácticamente un acto de normalidad.” De buenas a primera, la descripción de Stolkiner llama la atención en un doble sentido: primero, un curioso uso de la categoría de “normalidad” ya que uno de los principales basamentos paradigmáticos y teóricos de las cátedras y maestrías que la Profesora Stolkiner conduce hace más de dos décadas justamente polemizan con los criterios normativizantes  -basado en el binarismo “normalidad/anormalidad- del llamado discurso “médico hegemónico” (especialmente de la psiquiatría y la epidemiología clásica).

Segundo, frente al reconocimiento del efecto psíquico de la pandemia y la cuarentena transformado en malestar en Salud Mental, la propuesta de Stolkiner parecería ser una suerte de “resignación” normativizada (como si se tratara del “trabajo de duelo” en un caso clínico particular frente a una pérdida inesperada).

Curiosamente, si hay algo que sabe la Profesora Stolkiner es que no se pueden extrapolar categorías de la clínica individual al campo de la salud pública y la salud mental, en particular cuando el dolor psíquico surge como “efecto colateral” de una medida sanitaria excepcional (la cuarentena en este caso).

En este sentido, el llamado a una  “naturalización” contingente del padecimiento subjetivo y del impacto en la salud mental de la población ocasionados por una pandemia y por las consecuencias psíquicas del aislamiento preventivo y obligatorio -inevitables- en un sector de la sociedad parecerían justificar más a una falta de políticas de asistencia sanitaria frente a la inexistencia de las mismas. .

De hecho, en la entrevista Stolkiner reconoce también dichas consecuencias en los sectores bajos y medios afectados por la paralización económica y sin asistencia estatal alguna: “… Los niños y adolescentes son un grupo particularmente afectado… también no es menor que a mucha gente se les generó un conflicto entre la articulación de la vida familiar y la vida laboral, y otros cuyo trabajo e ingresos se derrumbaron. Esos son los casos más graves…”

Pero llama también la atención que Stolkiner omita a los trabajadores “esenciales” y especialmente a los de la salud, cuyo nivel de exposición al virus tampoco es “inocuo” en relación al malestar psíquico. Ocurre que frente a la presión de las cámaras patronales al inicio de la cuarentena, la flexibilización del aislamiento por parte del “triunvirato” Amba (Alberto Fernandez-Axel Kicillof-Rodrigez Larreta) en las principales zonas fabriles y centros industriales y comerciales, ha colocado a la población trabajadora “esencial” del Amba en la primer línea de fuego del contagio.

Los datos de las últimas semanas frente al crecimiento de casos positivos de Covid-19, especialmente en Amba, ratifican que el crecimiento exponencial del virus se concentra en las barriadas obreras y entre los trabajadores de hospitales generales y neuropsiquipatricos, además de centros de salud públicos y privados, lo cual evidencia el incumplimiento patronal de los protocolos preventivos de seguridad e higiene en muchos lugares de trabajo -como los propios trabajadores lo vienen denunciando- y del propio Estado “Amba”.

En este cuadro, la desprotección sanitaria frente al altísimo riesgo de contagio de los trabajadores “esenciales” por parte de las patronales y el propio Estado, claro está, se traduce en muchísimos casos al padecimiento psíquico -que muchas veces se traducen a cuadros clínicos-.

Daño Psíquico

En la última pregunta, Alicia Stolkiner asume nuevamente que la pandemia y la cuarentena conllevan un impacto en la Salud Mental de la población, aunque nuevamente parecería relativizarlo de una forma, al menos, discutible. Reconoce “el nivel de sufrimiento importante que produce esta situación, pero eso no significa que necesariamente tenga que producir daños psíquicos permanentes. Ante semejante situación, la ausencia de malestar es un signo de alguna problemática de salud mental”.

El solo hecho de confirmar un “daño psíquico” – aún “no permanente” -como efecto del aislamiento preventivo (y no solo de la pandemia) debería obligar a la asistencia estatal sanitaria. Pero la lógica vertida parecería exceptuar al Estado de asistir si se diagnostica la ausencia de “secuelas”. En este sentido, a ciencia cierta  tampoco se puede saber en qué basa Stolkiner su diagnóstico de situación, teniendo en cuenta que al momento no se ha realizado epidemiología oficial alguna por parte de ningún organismo ministerial (ni de la Dirección Nacional de Salud Mental) sobre cómo viene impactando psíquica y emocionalmente el Aspo y la pandemia en los distintos sectores de la población.

¿Quién es funcional a la derecha anticuarentena?

Distintos referentes, agrupaciones y profesionales de la Salud Mental vinculados al Gobierno Nacional, han salido al cruce de la campaña anticuarentena del Decano de la Facultad de Psicología de la UBA que fue también descripta desde estas páginas. Sin embargo, ocurre que los oficialistas no pueden contrastar con datos propios relevados frente a la campaña tendenciosa del Decano ya que el trabajo epidemiológico en salud mental por parte del Estado, en los últimos meses, ha sido prácticamente nulo.

Cabe mencionar, como también días atrás decíamos desde Prensa Obrera, que por fuera de las publicaciones del Observatorio de la Facultad de Psicología de la UBA, otras instituciones académicas y científicas como la Universidad Nacional de La Matanza (de estrecho vínculo con el PJ bonaerense y la mismísima Vicegobernadora de la Provincia, Verónica Magario) y el propio Conicet también vienen alertando sobre indicadores  de malestar psíquico surgidos a partir de la proliferación de la pandemia y del inicio del aislamiento obligatorio. Así, nada más funcional a los “anticuarentena” del ámbito académico que el negacionismo oficial frente a la ausencia de políticas públicas y relevamientos epidemiológicos  del Ministerio de Salud de la Nación, el cual -insistimos – cuenta con una Dirección Nacional de Salud Mental hace más de una década, previamente a la aprobación de la Ley Nacional de Salud Mental (diciembre del 2010).

Un Estado más ausente que presente

Stolkiner da cuenta de una suerte de “balance de gestión” sanitaria en salud mental para abordar la pandemia: “ El trabajo en salud mental no es solo atender pacientes. Se atiende en línea ahora, pero también hay equipos en hospitales y en instituciones públicas…” Pero Stolkiner no puede dar cuenta de plan alguno desde el Ministerio de Salud de la Nación y la Dirección Nacional en lo referente a la implementación de dispositivos y acciones públicas en el nivel de atención primaria y territorial. Algo curioso, teniendo en cuenta que la importancia de dichos efectores y acciones son los puntales de la enseñanza de décadas que Stolkiner viene realizando en todo lo referente a los sistemas de salud. Así, como lo venimos reflejando desde estas páginas, en el campo de la Salud Mental, la gestión sanitaria gubernamental en el abordaje de la pandemia y la cuarentena evidencia un Estado “ausente”. En este sentido, cabe mencionarse que ni la propia Stolkiner (ni ningún profesional de la Salud Mental) han sido convocados hasta hoy para integrar los distintos “equipo de expertos” (compuesto mayormente por médicos e infectólogos) que asesoran al presidente Alberto Fernandez en la evaluación epidemiológica de la cuarentena y la pandemia, lo cual evidencia una concepción sanitaria absolutamente “biologicista” como paradigma de Estado a la hora de la lucha contra la pandemia (que también va a contramano de toda la enseñanza teórica y académica de la Profesora Stolkiner).

Sin salud pública y salud mental, no hay cuarentena

Desde las primeras semanas de la implementación del aislamiento obligatorio y preventivo – como principal medida sanitaria del Estado-  advertimos que la falta de políticas y programas “de emergencia” en salud mental por parte del gobierno nacional y los de la ciudad y la provincia de Buenos Aires sería contraproducente con la defensa sanitaria -y sobre todo política- de la cuarentena.

Ocurre que un “Plan Detectar” en Salud Mental implicaría una reestructuración organizativa y presupuestaria del sistema de salud, a partir de  su centralización bajo gestión pública, de los trabajadores y usuarios y la sistematización de efectores y dispositivos psicosociales y territoriales para las zonas más afectadas por la pandemia y la cuarentena (centros de atención primaria, equipos interdisciplinarios comunitarios, dispositivos preventivos, relevamientos epidemiológicos).

Estas medidas resultarían hoy antagónicas con el pago de la deuda externa fraudulenta (que implica un recorte en los presupuestos de salud y educación), los grandes intereses de las empresas médicas (prepagas, clínicas privadas, etc.) y de la burocracia sindical de la CGT – actor clave en los “pactos sociales” con la UIA y el Gobierno para suspensiones y rebajas salariales “de emergencia”- que gestiona (y vacía) las cajas de las obras sociales (con las que se financian sus sanatorios y centros de salud).

Pero por sobre todas las cosas, una política en salud pública y mental “de emergencia” para la pandemia y los efectos subjetivos del aislamiento obligatorio, al servicio de las necesidades de la población afectada, entra en contradicción con las exorbitantes ganancias de los laboratorios y pulpos de la industria farmacéutica (los grandes beneficiados  frente al incremento de la automedicación por parte de la población en los últimos meses de aislamiento), uno de los sectores capitalistas de mayor relación con el triunvirato del Amba.

Las posiciones de distintos expertos del campo de la salud mental frente a la elocuente situación sanitaria durante la pandemia confirman la necesidad de desarrollar la ciencia, la técnica y los conocimientos del campo de la salud pública de manera independiente de las gestiones estatales y gubernamentales que han quedado en evidencia en sus políticas  como impulsores de “modelos de reducción de daños”, pero al servicio de las ganancias capitalistas. También en una pandemia, la salud mental es un derecho popular, es salud pública y una cuestión de Estado.