04/06/2021
pandemia

Vacunas: la prórroga del contrato incumplido por AstraZeneca

El fiscal Marijuán le solicita al gobierno informar cualquier modificación del mismo, en el marco de la causa iniciada por el grupo derechista Acción Conjunta Republicana.

El fiscal federal Guillermo Marijuán advirtió a la ministra de Salud nacional, Carla Vizzotti, que deberá informarle “cualquier modificación, renegociación y/o firma de adenda” al contrato que el gobierno nacional firmó con el laboratorio AstraZeneca por la compra de vacunas. Fue mediante un oficio redactado el pasado 17 de mayo, pero el hecho se conoció públicamente este jueves 3 de junio.

Esto se da en el marco de la causa judicial iniciada por el incumplimiento en la provisión de vacunas al Estado nacional por parte de AstraZeneca, que también investiga las responsabilidades de algunos funcionarios implicados: el presidente Alberto Fernández, el exministro de Salud Ginés González García y su sucesora en funciones, la mencionada Carla Vizzotti.

El pedido de Marijuán se da sobre la base de una comprensión de que cualquier modificación en el convenio firmado en noviembre de 2020 podría “entorpecer el avance de la causa judicial”. La ministra Vizzotti y el jefe de Gabinete Santiago Cafiero tuvieron que prestar declaración y optaron por hacerlo de manera escrita, mientras que la asesora presidencial Cecilia Nicolini fue convocada a hacerlo presencialmente el pasado 21 de mayo.

La denuncia fue presentada por Josefina de Elizalde, perteneciente a Acción Conjunta Republicana. Este grupo se ubica dentro del campo de la oposición derechista, aunque se declaran apartidarios. Estuvieron detrás de la organización de movilizaciones anticuarentena, por la vuelta a clases presenciales y hasta presentaron un recurso de habeas corpus contra las restricciones de nueve días que finalizaron el pasado domingo.

Sin embargo, este grupo está íntimamente ligado a la orientación política de Juntos por el Cambio, particularmente al ala encabezada por Patricia Bullrich. Esta denuncia deposita en el campo del poder judicial la disputa capitalista de los contratos por la provisión de vacunas: Acción Conjunta Republicana forma parte del lobby por Pfizer, que en los últimos días ha atravesado capítulos decisivos. Lo que motiva esta denuncia no es la salud de la población, sino una puja por el negocio multimillonario de los contratos de las vacunas, que mantienen de rehén a la primera; y para los cuales el gobierno y la oposición patronal actúan como agentes de distintos pulpos farmacéuticos. Si de garantizar la vacunación se tratara, el camino a seguir es el planteo que hicieron el Frente de Izquierda-Unidad y organizaciones médicas y científicas, que planteaba incautar la producción ya realizada en el país y envasarla fronteras dentro.

Vizzotti y Cafiero “generalizaron” el faltante de vacunas para justificar el incumplimiento, aduciendo que “no es un problema exclusivo de AstraZeneca ni de Argentina”, sino un problema que se replica en el mundo entero. El contrato en el cual el Estado nacional pagó de antemano 60 millones de dólares se cerró a la espera de unas 22,5 millones de dosis, de las cuales arribaron, refiriéndonos a las dosis cuyo principio reactivo se elaboró en el país y se envió a envasar al laboratorio Liomont de México, tan solo 3 millones al menos hasta el lunes; donde desembarcarían otras 900 mil. Esta justificación se cae con facilidad, porque Argentina no depende inexorablemente de culminar el proceso de envasado en la otra punta del continente: se trata de una decisión consciente de quienes nos gobiernan.

Esta defensa se da porque la causa imputa y complica a Hugo Sigman, el empresario amigo del gobierno responsable de exportar al menos por encima de 60 millones de principios reactivos de AstraZeneca. Según el contrato, el plazo para cumplir lo pactado es “dentro del primer semestre”. Legalmente aún no venció, pero estamos a unos pocos días. El grupo Insud de Sigman, dueño del laboratorio mAbxience, intentó desligarse públicamente de cualquier responsabilidad -como ya ha hecho una, y otra, y otra vez-, argumentando que “mAbxience no es responsable de firmar el contrato, solo fue seleccionado por AstraZeneca para producir el principio reactivo”.

El laboratorio en que se tercerizó el envasado, el Liomont de México, se excusa públicamente por el “faltante de envases”; hecho que habilitó a Sigman a un desvío de otro tanto de principios reactivos producidos en mAbxience a culminar el proceso en un laboratorio en Estados Unidos, donde ya hay millones de dosis acaparadas y retaceadas para su envío. Los representantes de AstraZeneca afrontaron demandas en Europa por desvíos irregulares en los mismos términos. Por mucho que lloren y pataleen Hugo Sigman y Carlos Slim, hasta la propia Vizzotti debió reconocer ante la presión que se trata de una estafa, y que esas vacunas se podían envasar en el país.

Apertura de los contratos confidenciales entre el Estado y los laboratorios, dando pie al control popular sobre los mismos. Liberación inmediata del régimen de patentes y elaboración masiva de vacunas, rompiendo con el FMI y los acreedores internacionales para orientar los fondos destinados al pago de la fraudulenta deuda externa a este cometido, como al reforzamiento del saturado sistema de salud.

 

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