En Villa Itatí, en el distrito bonaerense de Quilmes,  vienen multiplicándose los casos de Covid-19. Al igual que sucede en muchas barriadas del Conurbano, el crecimiento vertiginoso de los contagios nada tienen que ver con viajes al exterior o salidas nocturnas, sino con la carestía de la vida y el hacinamiento fruto de la crisis habitacional.

En el 2020 los medios nacionales posaron sus ojos sobre dos barriadas del conurbano sur: Villa Azul, donde todo el barrio fue cerrado sitiado por las fuerzas de seguridad nacional, y Villa Itatí, que por sus dimensiones y cantidad de habitantes no fue cerrada.

El gobierno municipal de Mayra Mendoza, junto a sus militantes de la Cámpora, hacen campaña de una vacunación que nunca llega. Estos anuncios buscan ocultar la cantidad de contagios que hoy tenemos en nuestro barrio. La escasez de testeos, la negativa de los mismos cuando se sospecha de resultado positivo, y, el no seguimiento de contactos estrechos está generando que proliferen los contagios. Además, la ausencia de un plan de viviendas provoca que no haya condiciones adecuadas para que los vecinos lleven adelante un aislamiento dentro de sus hogares, dado que viven en condiciones sumamente precarias.

El rebrote en Villa Itatí llevó al cierre de la Escuela Secundaria N°1 por la cantidad de casos entre el personal docente y auxiliar; sin embargo, siguen sin dar a conocer el número de alumnos contagiados. La política oficial de sostener que “en las escuelas no existen contagios” lleva al ocultamiento de los mismos. Por otra parte, el gobierno no garantiza los insumos de higiene -ni las obras de infraestructura- necesarios para reducir el riesgo sanitario en las escuelas.

Las personas infectadas estamos en riesgo por no recibir un control riguroso, solo es una llamada telefónica, con el peligro de que los síntomas se puedan agravar. Estamos en total abandono porque no existe atención médica suficiente para un barrio de más de 70.000  habitantes.  Por otro lado, para poder llevar adelante el aislamiento es necesario garantizar el sostenimiento económico, en momentos donde la gestión de Alberto Fernández se niega a reponer el IFE como consecuencia de las negociaciones que mantiene con el FMI, mientras la pobreza en Argentina alcanza al 42% de la población. Con hambre no hay aislamiento, y, en un país donde 6,5 millones de personas se hallan sin empleo y 8,5 millones de trabajadores están sumidos en la informalidad laboral, el hambre sobra.

Esta situación se ha convertido en desesperante para el conjunto de las familias. Se deben tomar medidas urgentes, en los barrios debe haber testeos masivos, seguimiento de los contactos estrechos, vacunación para todos a partir de incautar la producción del laboratorio local que las produce, centralización del sistema de salud y aumento presupuestario para que todos tengan acceso, plan de viviendas bajo control de los vecinos, seguro al desocupado de $40.000 que permita a las familias poder cursar el aislamiento con un ingreso. Este plan deberá financiarse a partir de romper con el FMI y repudiar la deuda externa usuraria, junto con la aplicación de un impuesto progresivo al gran capital de carácter permanente.

 

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