Las tareas del hogar y la crianza de los niñxs en el capitalismo han estado a cargo de las mujeres, ya sea en su forma de tareas de cuidado y domésticas no remuneradas o del trabajo realizado en casas particulares por cuidadoras y trabajadoras que se desempeñan en casas de familia. Para este régimen social capitalista, que las mujeres realicemos el doble de horas de tareas domésticas y de cuidado no remuneradas que un varón representa un beneficio múltiple: por un lado le ahorra al Estado socializar esas tareas por medio de servicios de jardines de infantes, actividades extraescolares deportivas o culturales gratuitas para los chicos o geriátricos públicos y por el otro le ahorra a las patronales incluir el costo que representa pagarle a un tercero por desarrollar esas tareas. Por el lado del trabajo remunerado en casas particulares, siempre ha sido el trabajo más desvalorizado y desarrollado en un 98% por mujeres en nuestro país, y si bien formalmente se las reconoce como trabajadoras y se las encuadra bajo el “Régimen Especial” (ley 26.844 de 2013), las TCP se encuentran indefensas ante repetidas situaciones de maltrato laboral, acosos de todo tipo, condiciones de semi-esclavitud y salarios de hambre fijados por el propio Estado, mientras los gobiernos y los sindicatos mayoritarios del sector miran para el otro lado.

En 2020, las trabajadoras fuimos masivamente despedidas por no ser consideradas esenciales durante el aislamiento y la cuarentena del Covid. Por eso, decidimos organizarnos y formar la agrupación Trabajadoras de Casas Particulares en Lucha mientras participábamos en los comedores del Polo Obrero de distintas provincias para poder darle un plato de comida a nuestras familias. Hartas de que nos den la espalda los sindicatos como UPACP u otros sindicatos provinciales que en vez de estar al servicio de las trabajadoras, responden al gobierno y las patronales, en 2022, resolvimos formar nuestro propio sindicato: el Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares (SiTraCP). Ya llevamos realizadas decenas de acciones en distintas provincias: reuniones primero virtuales, luego asambleas presenciales, volanteadas a la salida de countries, cortes y numerosas movilizaciones.

Este 3 de abril, día no laborable para las trabajadoras de casas particulares, queremos aprovechar para conocer la lucha, el encuadramiento y las condiciones de trabajo que recorrieron a nuestro gremio en el pasado.

Recorrido histórico

A lo largo del siglo XIX y XX en Argentina y el mundo grandes luchas obreras fueron integradas por cientos de empleadas de casas particulares que exigían su reconocimiento como trabajadoras, sus derechos laborales y un salario digno.

En nuestro país podemos destacar algunas: en 1887, en Buenos Aires, se realizó una de las primeras huelgas de trabajadores contra la implementación de la “libreta de conchabo”, un documento que gestionaba el municipio para regular la actividad y así garantizar a los empleadores contratar una o un sirviente, porque los patrones firmaban esa libreta y eso servía de guía de “buena conducta” para conseguir un trabajo. En esa época entraban en categoría de servicio doméstico quienes trabajaban en hoteles o de mozos. Todos estos sectores se unieron y realizaron una de las primeras huelgas en Argentina.

Un poco más cerca en la historia, en 1929 en la ciudad de Bell Ville, se realizó una huelga de trabajadoras del servicio doméstico. Entre sus principales demandas existían las horas de almuerzo y el aumento salarial (elevarlo a $60). La huelga duró casi dos meses, con mítines y movilizaciones, las trabajadoras salieron a buscar a las que aún seguían trabajado, generando así mayor fuerza y se sumó, finalmente, la Federación Obrera Comarcal que convocó a una huelga general en la zona en solidaridad a las empleadas domésticas. Esta unidad logró el triunfo de la huelga.

Si bien desde 1910 se buscó reglamentar el trabajo en casas de familia, la sanción de la Ley de Trabajo de Niños y Mujeres fue la primera en regular el servicio doméstico a partir de la prohibición de trabajo a mejores de 14 años. Luego con la modificación de la Ley de Accidentes de Trabajo en 1940, se incluiría en sus regulaciones a los y las trabajadoras de casas particulares que desempeñaban tareas exclusivamente en el servicio personal del empleador. En 1956, bajo la dictadura de Aramburu, se sancionó el Estatuto del servicio doméstico (decreto ley 326/56), que fue acompañada de la del decreto 7979, entre otras cosas, creó el Tribunal del Trabajo Doméstico bajo la órbita del Ministerio de Trabajo y Previsión de la Nación.

En las décadas de 1980 y 1990, el Estatuto del servicio doméstico fue crecientemente considerado como una legislación injusta y obsoleta. En los siguientes años hubo debates de cómo incorporar al sector en la Ley de Contratos de Trabajo (LCT), hasta que en 2013 se sancionó la ley 26.844 que establece un “Régimen especial” de trabajo en casas particulares, creando así la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, el organismo que resuelve tanto el salario de las trabajadoras como las condiciones laborales y demás derechos.

10 Años de la Ley 26.844: demagogia y garantías de precarización laboral

Si bien la ley 26.844 es un avance respecto al Estatuto de 1956 y produce un acercamiento del régimen especial a la ley de contratos de trabajo, nos sigue dejando por fuera de la misma por lo que mantiene una discriminación hacia el sector. Con la excusa de “no saber cómo agrupar a las patronales” se mantiene una violación constante a los derechos de las trabajadoras.

A 10 años de la sanción de la ley, el Régimen Especial está pintado: el porcentaje de informalidad ronda los 78 puntos, no se suelen respetar las licencias pagas por maternidad ni enfermedad (las únicas reconocidas por el Régimen especial), los límites de horas de la jornada de trabajo mensual ni “cama adentro” (sin retiro), los alimentos durante la jornada de trabajo ni las vacaciones pagas y el aguinaldo.

Al margen de los incumplimientos, el Régimen Especial abona a la desvalorización del trabajo en casas particulares al establecer una discriminación legal de las trabajadoras de casas particulares encuadrándolas fuera de la Ley de Contrato de Trabajo. Esto tiene consecuencias muy negativas: un recorte de licencias respecto a los trabajadores encuadrados en la LCT, las únicas licencias reconocidas para las TCP son maternidad y enfermedad; la antigüedad que se paga 1% por año trabajado recién se empezó a reconocer a partir de 2021 y no de forma retroactiva, es decir que no se paga la antigüedad anterior; no existe un organismo paritario a la hora de fijar el salario y las condiciones de trabajo porque el Estado tiene la mayoría de los representantes en la Comisión de Trabajo en Casas Particulares; las denuncias laborales deben realizarse frente a un tribunal especial dependiente del Ministerio de Trabajo que paraliza los reclamos, y no dentro de los fueros laborales de la justicia ordinaria.

Cuando hablamos del retiro de una trabajadora, la jubilación mínima no le cubre los costos de la canasta básica de jubilado, sin mencionar que la enorme mayoría de quienes trabajaron toda su vida en casas particulares lo hizo de manera informal o no registrada, por ese motivo no tiene aportes y las moratorias para acceder a la jubilación se le descuentan a la trabajadora porque no corren a cargo de los empleadores ni del estado.

En esta década, los sucesivos gobiernos se han dedicado a hacer anuncios rimbombantes en los medios de comunicación que no cambian un ápice la situación de precariedad y miseria de las trabajadoras de casas particulares. Son ejemplos de esto las intimaciones de la Afip a los grandes contribuyentes para que registren a sus empleadas que en realidad se trató de un “cartelito” en la web de la Afip, los operativos mediáticos para poner multas a los countires (que nunca pagan) por parte del gobierno de Kicillof en la provincia de Buenos Aires y más recientemente el “Programa Registradas”, un subsidio a las patronales que ha fracasado completamente porque la informalidad no para de crecer desde 2019.

A la hora de hablar de salarios, que los discute un representantes de los Ministerios de Trabajo y Desarrollo Social con los gremios burocráticos y propatronales del sector, vemos que los aumentos no solamente son insuficientes sino que siguen dejando a las TCP muy por debajo de la canasta familiar.

Recientemente se han dado a conocer los datos del Indec sobre la pobreza en el segundo semestre del 2022, con un salto del 36,5 al 39,2% de pobres y una consolidación de 8,1% de indigentes. La inflación, los tarifazos y las políticas de ajuste del gobierno y el FMI sumaron más de un millón de pobres en seis meses, ascendiendo a un total de 18 millones y 3,7 millones de indigentes. Las trabajadoras de casas particulares registradas y no registradas son un millón y medio de mujeres que engrosaron la fila de indigentes en nuestro país ya que mientras la línea de indigencia (Canasta Básica Alimentaria) del mes de febrero era de $80.483, el salario mensual establecido por el Estado para febrero era de $75.000.

Trabajadoras organizadas y en lucha

Desde Trabajadoras de Casas Particulares en Lucha y el Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares (SiTraCP) nos venimos organizando ya hace varios años para defender nuestros derechos, valorizar el trabajo de cuidadoras y trabajadoras del servicio doméstico y visibilizar las situación de miseria y superexplotación en la que nos encontramos.

La pelea por arrancarle a este sistema nuestros derechos, como mujeres y trabajadoras, nos ha mantenido en la calle, organizadas. Y ese es el camino que debemos profundizar, el camino de la independencia política de quienes nos gobiernan, que son responsables de la miseria a la que nos someten, la unidad estratégica de trabajadores ocupados y desocupados y, por supuesto, seguir tomando las calles hasta ganar!

¡Somos trabajadoras no esclavas!

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