La gerenciadora Metrovías ha pedido en la justicia el desafuero de varios delegados a los que pretende sancionar por haber tomado medidas gremiales durante el larguísimo período que demoró la patronal para definir el aumento salarial en la paritaria.

 

Ante esto, la conducción de AGTSyP emitió un comunicado que repudia las acciones patronales y anuncia que las apelará. No ha anunciado, por el momento, medidas de acción contra lo que es un intento de establecer una mordaza al accionar gremial del sindicato. Incluso existe el antecedente de un desafuero transitorio y 25 días de suspensión al delegado Piriz, de la línea C, que no fue respondido con medidas de lucha.

 

La liberación de molinetes, que es lo que la patronal quiere sancionar, está contemplada en el articulado de la ley del subte como “obstrucción a la recaudación”, y es pasible de causas contravencionales penales. Dicha ley –4472/2012– fue aprobada con el voto de las bancadas del PRO, del interbloque del kirchnerismo y por la actual conducción del sindicato del subte, también de filiación K. La patronal se ha servido de esta legislación para provocar un desfile de delegados y activistas por tribunales en los últimos años.

 

Está en juego la defensa de la libertad de acción de AGTSyP, objeto de provocaciones de la patronal y el gobierno. Por caso, firmaron el último acuerdo salarial con la UTA, gremio mayoritariamente repudiado en el subte y que no detenta hoy la personería gremial del sector, como sí tiene la AGTSyP.

 

Es la hora, no ya del sólo rechazo legal de los desafueros, sino de movilizar al sindicato contra este ataque y por la derogación del articulado represivo de la ley del subte.