En la reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo para la Administración Pública Nacional, realizada el pasado 29 de mayo (último día hábil antes del vencimiento de la paritaria), el gobierno no realizó ninguna oferta de recomposición salarial.

Con este congelamiento de hecho del salario de los estatales, se cristaliza la pérdida salarial de cuatro años en los que la inflación duplicó los aumentos (299,18% contra 145,98%) y cuando, solo en el primer cuatrimestre del 2020, la inflación fue del 9,4%.

Como registraron los medios, “el Estado por ahora no está en condiciones de hacer ofertas de recomposición salarial (…) El sinceramiento oficial viene a cuento de las negociaciones abiertas con los bonistas privados tenedores de una deuda soberana estimada en u$s 65.000 millones” (El Cronista, 1/6). En conclusión, el ajuste contra los salarios estatales es parte de las garantías que el gobierno ofrece a los bonistas en la negociación por el repago de la deuda externa.

Las representaciones de ATE y Upcn, sin mandato alguno, firmaron un acta aceptando lo ofrecido por el gobierno, que consiste en suspender la implementación de Alta Dirección Pública hasta el 31 de diciembre (es decir que una vez más dicho régimen no es eliminado sino postergado), extender la cláusula de presentismo por un año, “sostener la convocatoria interna hasta 2023” y establecer un cuarto intermedio de 30 días hábiles. Las conducciones de ambos sindicatos emitieron comunicados en tono de crítica, pero en los hechos han avalado y preparado esta entrega. Su integración al gobierno los ata de pies y manos para enfrentar este ajuste, orientado por el rescate de la deuda y el pacto con el FMI.

El acuerdo marco firmado por la UIA y la CGT y homologado por el Ministerio de Trabajo, para avanzar con suspensiones y rebajas salariales, aplicado recientemente en la fusionada Aerolíneas Argentinas, así como el robo a los jubilados y el vaciamiento de la Anses a favor del subsidio a los capitalistas como Techint y Clarin, fueron los antecedentes inmediatos de este ataque a los estatales -largamente preparado por los economistas liberales y la oposición derechista- que ahora ejecuta el propio gobierno.

Es necesaria una inmediata deliberación entre los estatales para rechazar este congelamiento salarial. Pongamos en pie asambleas en todas las dependencias (virtuales o presenciales con distanciamiento) y plenarios de delegados para votar un plan de lucha. Las Juntas Internas combativas deben encabezar una campaña por la apertura de la paritaria, la actualización salarial de acuerdo a la inflación, un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar ($67.731,60 de bolsillo) y la reincorporación de los despedidos tanto bajo el macrismo como durante el gobierno de Fernández.