El exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner y nuevo interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Aníbal Fernández, se reunió el 27 de febrero con representantes de los 419 trabajadores despedidos por él la semana pasada -tras su desembarco en la empresa.

Ante ellos, ratificó los despidos y culpabilizó a los propios trabajadores, con la expresión “ustedes sabían que se estaban haciendo las cosas mal”. Hasta llegó al extremo de amenazar con demandarlos para exigir que devuelvan los salarios percibidos en los meses que han trabajado.

Manifestó también que se encuentran “revisando” los legajos y la documentación de ingreso de los cesanteados, y que de lo hecho hasta ahora catalogaron, según sus palabras, “aptos 76 y no aptos 28”, faltando revisar más de 300 casos. Es decir que enviaron de manera generalizada los telegramas de despido a los trabajadores contratados durante la gestión anterior, para conformar con una parte de ellos una lista de espera (y mientras tanto no abonar sus salarios).

Es evidente que el problema no se halla en irregularidades administrativas (la falta de una firma en las designaciones), ni en que se esté depurando a “ñoquis”. Ambas cuestiones podrían resolverse con los trabajadores en sus puestos, y más aún dicha revisión debería realizarse bajo control y supervisión obrera de la documentación en cuestión.

Pero la pelea sigue. Después de la reunión, los despedidos realizaron un corte de ruta en Río Turbio para reclamar su reincorporación. Están decididos a defender sus puestos de trabajo. Por eso desde Tribuna Estatal reclamamos la convocatoria a una asamblea en la empresa, para ligar esta pulseada a la continuidad del plan de lucha por la seguridad en interior de  mina, la defensa del convenio, por el salario y la reactivación productiva.

Mientras tanto, ATE mantiene su negativa a afiliar a los despedidos, al igual que se había negado cuando estaban todavía trabajando (más todavía, había reclamado en noviembre a la Justicia Federal que se rescindieran sus designaciones). Así, la conducción nacional de “Cachorro” Godoy está alineada a la política antiobrera de Aníbal Fernández.

Insistimos en que la reactivación del yacimiento y de la obra de la usina aseguraría las fuentes de trabajo, incluyendo a cientos de jóvenes desocupados de la cuenca que reclaman una respuesta. La salida para lograr ello es luchar por poner a la carboeléctrica estatal bajo control de sus trabajadores.