La Federación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Fatsa), bajo la conducción del cegetista Héctor Daer, acaba de anunciar medidas de acción del gremio ante la negativa de las prestadoras privadas a negociar una recomposición salarial inmediata por lo perdido en 2020. A pesar del destrato de las patronales, Daer reclama, junto a estas, aumentos en la financiación del sector privado.

Las medidas están previstas para el próximo jueves 25, con asambleas en los lugares de trabajo, y continuarán con un paro por franjas de tres horas para el día viernes. El reclamo principal es por el aumento de un 16%, en una cuota desde abril, en medio de un sector –enfermeras, mucamas, ambulancieros, personal de mantenimiento, técnicos de laboratorios y radiólogos- que no ha parado de trabajar, nunca, durante la pandemia.

Desde la Federación Argentina de Prestadores de Salud (Faps), que nuclea a las patronales del sector -clínicas, sanatorios, hospitales, geriátricos, psiquiátricos, empresas de diagnóstico por imagen, de emergencias médicas e internación domiciliaria-, señalan que el reclamo es justo aunque “no están en condiciones de cumplir” debido al “retraso en los valores de las prestaciones”; es decir que exigen nuevos aumentos.

La convergencia del planteo sindical con el de las empresas es evidente. Es una tradición de la burocracia de los Daer y West Ocampo las pseudomovilizaciones en frente único con las patronales para forzar autorizaciones de aumentos a prepagas y obras sociales y de allí a las prestadoras, y unas migajas para las paritarias del gremio. Es impensable que Daer, espada principal de Alberto Fernández en la CGT y operador político del albertismo, lance medidas de acción directa que desestabilicen al gobierno. Esta extorsión cerrará con el aumento del precio de la salud privada.

La salud en manos privadas

Las prestadoras privadas son un sector que ha lucrado durante la pandemia a costa de “rentabilizar” sus operaciones en todo el país, lo que significa despedir, recortar y cerrar todo negocio que no satisfaga las expectativas de grupos económicos que concentran varios centros de atención.

La cámara patronal reclama por un atraso en los aranceles de las prestaciones del orden del 55%, proveniente de los financiadores (Pami, Ioma, obras sociales y prepagas). Sin embargo, se trata de una proposición un tanto fraudulenta.

Jorge Cherro, vocero de los prestadores de la salud, señaló que en 2020 recibieron un aumento del Pami del 29% en distintas cuotas, lo que anualizado implicaría un 16% (Clarín, 19/3); mientras las prepagas  aumentaron un 10% en diciembre 2020 y otro 3,5% en marzo (en 2019 habían llegado al 60,67% anual). Cuando lo compara con los salarios del personal no aclara que lo pactado consistió en sumas mensuales, no remunerativas, por detrás de la inflación y solo incorporables al básico desde el presente año. Las patronales se quejan de los aumentos en cuotas, pero ellos pagan de la misma manera… y en “negro”.

Además, las patronales también son beneficiarias de los subsidios del Estado: primero de los programas ATP (promedio $24.000 por trabajador) y ahora de los Repro ($18.000). Aunque esto tampoco las contenta ya que señalan que los montos del Repro son inferiores y que preferirían un cuadro de liberación de tarifas de las prestaciones, antes que depender de las ganancias que les fija el Estado.

Descargan el ajuste

La situación en el gremio de sanidad es tal que de no mediar aumento alguno una enfermera estaría ganando en abril unos $51.000, por debajo de la Canasta Básica. Esto para trabajadores que han pagado con contagios, y la vida misma, un régimen de jornadas extenuantes y precariedad de medidas e insumos de bioseguridad.

Las patronales se valen de la extorsión, por medio de amenazas de cierre o incluso la liquidación de los “negocios menos rentables”, para hacer pasar el ajuste contra los y las trabajadoras. Desde algunas fuentes periodísticas estiman que el 10% de las clínicas están por cerrar o que se han presentado a concurso de acreedores (Infobae, 23/3).

Es lo que ocurre actualmente con la Clínica San Andrés (Tres de Febrero), donde los y las trabajadoras ocupan el establecimiento contra el cierre y vaciamiento de la empresa, que estaría dejando a más de 18.000 paciente de Pami sin atención en el lugar. O el cierre de la Sagrado Corazón en Hurlingham. En ambos casos se estaría dejando cientos de trabajadores en la calle y miles de afiliados derivados a otros centros colapsados.

Las y los trabajadores de la salud no solo no pueden acceder a un salario igual a la canasta familiar, sino que tampoco han sido inmunizados contra el Covid-19 en su totalidad, a casi cuatro meses de comenzado el 2021. Se estima que solo el 50% de este personal fue inoculado contra el virus y no está claro cuál seria el cronograma para los restantes.

Daer, por su parte, hace causa común con estas patronales chantajistas para reclamar que el Estado libere fondos y autorice aumentos para las privadas. No ofrece ningún planteo independiente que permita recuperar el salario de los y las trabajadoras de la salud y evitar el pluriempleo. Tampoco condiciones de trabajo compatibles con la pandemia y su segura segunda ola (más personal para turnos más cortos, elementos de protección).

Las clínicas privadas deben abrir sus libros al control de los trabajadores, para evitar extorsiones y manipulaciones de las patronales. Así como debe garantizarse el aumento salarial del personal sanitario, para recuperar lo perdido y cubrirse contra la inflación venidera.

En medio de la crisis de la pandemia, y en las vísperas de una segunda ola, debe plantearse la centralización de los sistemas de salud. bajo un comando nacional unificado que determine la distribución de los recursos. Por un plan de lucha de verdad e independiente de las patronales, basado en asambleas de establecimientos.

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