Sindicales
7/10/2025
Audiencia en Diputados contra la privatización de Nucleoeléctrica
Por la nulidad del decreto privatizador y en defensa de los puestos de trabajo.
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Nucleoeléctrica Argentina S.A.
La semana pasada, una nutrida delegación de trabajadores de Nucleoeléctrica Argentina (NASA) y de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) se hizo presente en el Congreso Nacional para rechazar el intento del gobierno de privatizar la empresa estatal que opera y construye las centrales nucleares argentinas.
Aunque Nucleoeléctrica funciona bajo la forma jurídica de sociedad anónima, el 100% de su capital accionario pertenece al Estado argentino, distribuido entre el Ministerio de Economía y la CNEA.
Se trata de una compañía superavitaria que ahora se pretende entregar al capital privado por apenas 1.100 millones de dólares, la suma que el gobierno quema en una sola jornada para sostener el tipo de cambio, mientras sigue habilitando la especulación financiera.
Un golpe a los trabajadores y al pueblo
Nucleoeléctrica no es una empresa cualquiera. Es el resultado de 75 años de inversión pública que dio origen a un entramado de conocimiento único en la región: patentes y capacidad de diseño, construcción, operación y mantenimiento de centrales nucleares.
La privatización atenta directamente contra la soberanía y la seguridad nacional. Una eventual gestión privada, orientada a la maximización de la ganancia, es incompatible con la seguridad nuclear y puede traducirse en una reducción de costos en mantenimiento, capacitación, personal, o de medidas de seguridad, poniendo en riesgo la vida de millones.
La privatización no sólo apunta a liquidar cualquier posibilidad de soberanía tecnológica: es también un ataque directo a los derechos laborales y a los convenios colectivos. Las operadoras nucleares privadas en el mundo tienen en promedio 1,3 trabajadores por cada megavatio de potencia. Si se aplicara ese criterio en Nucleoeléctrica, implicaría el despido de entre 700 y 1.300 trabajadores. El gobierno busca disfrazar el negocio ofreciendo a los trabajadores un supuesto 5% de participación accionaria, que no es más que un anzuelo para dividir y hacerlos partícipes de la entrega.
Nasa no solo opera las centrales: también presta servicios de mantenimiento a otras centrales nucleares y a sus propias plantas. Es una empresa estratégico-tecnológica que opera, mantiene, repara, diseña y construye. Si se privatiza, se achicarán estas áreas vitales. Destruir estas capacidades es fácil, pero reconstruirlas lleva décadas.
En la zona de Zárate-Campana, donde se concentran los complejos nucleares, los despidos tendrían un impacto social demoledor sobre miles de familias trabajadoras.
Hoy a Nasa se le paga por su producción menos que el valor promedio de la energía: apenas 57 dólares el MWh, mientras que se importa energía a 106 dólares. Es decir, el Estado paga más caro a los privados extranjeros que a su propia empresa. Si se reconociera a Nasa el valor real de su producción, el superávit de la empresa sería aún mayor.
En paralelo, los trabajadores de Nasa cobran apenas un tercio de lo que se paga en el sector privado. Por esta política de salarios a la baja, en lo que va del año ya renunciaron 322 trabajadores, en su mayoría profesionales altamente calificados que el Estado formó durante años. Y el vaciamiento no es nuevo: durante el macrismo en 2018 fueron despedidos más de 300 compañeros, y hoy muchos sectores de la empresa funcionan con menos personal que el staff mínimo requerido.
Si no se producen cortes masivos de energía es porque la economía argentina tiene un 50% de capacidad industrial ociosa, en el marco de un plan de desindustrialización más amplio, del que forma parte también el vaciamiento del sector energético.
La fuerza de los trabajadores
Tras el Cabildo Abierto por la Soberanía Energética convocado por las CTAs en la sede de Luz y Fuerza de Zárate, y luego de numerosas reuniones con distintos bloques legislativos, se presentaron proyectos de ley para frenar la privatización. El bloque de Fuerza Patria propuso derogar el decreto 695/2025, que habilita la venta parcial de las acciones de la empresa. Por su parte, el Frente de Izquierda planteó un proyecto para declarar la nulidad del decreto. La diferencia no es menor: derogar significa dejarlo sin efecto hacia adelante, mientras que anularlo implica reconocer que nunca debió tener validez. Es fundamental, para lograr la nulidad, apelar a la organización y movilización.
Por ello resulta imprescindible organizar un plan de lucha del sector energético, junto con otros sectores que están peleando. Un plan de lucha que sea capaz de enfrentar esta privatización y también la avanzada sobre las centrales hidroeléctricas y nucleares, y el sistema científico y tecnológico en su totalidad.
En esa línea, los trabajadores convocan a movilizar el 7 de octubre desde la rotonda de acceso a las centrales nucleares hasta la Rotonda de la Dignidad Obrera, en la intersección de la ruta 12 y ruta 6, próxima al Puente Zárate-Brazo Largo. Será una jornada clave para unificar fuerzas en defensa de la soberanía energética.
Defendamos Nucleoeléctrica y los derechos laborales conquistados.
¡Bajemos la térmica, frenemos la entrega, organicemos la lucha por un plan energético bajo control de lxs trabajadores y al servicio del pueblo!
