Políticas
7/10/2025
La minería es un gran negocio… narco
Los lazos del saqueo de minerales y el lavado de activos del narcotráfico.
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Mina perteneciente a Fred Machado en Guatemala.
Peter Lamelas, el embajador de Estados Unidos en Argentina, vaticinó la llegada de una inversión de capitales norteamericanos "sin precedentes" al país. Más allá de lo exagerado de su enunciación, seguramente se refiera al arribo de algunos proyectos extractivistas, que, además de saquear las riquezas de nuestro suelo, le allanan el camino al narcotráfico, como quedó demostrado en el escándalo de Espert.
Como sabemos, José Luis Espert, antes de renunciar a su candidatura, había intentado justificar la transferencia de 200 mil dólares aduciendo que era el pago por asesorar a una de las empresas de Federico "Fred" Machado, Minas del Pueblo de Guatemala. Ahora bien, el holding minero figura dentro de la causa radicada en Texas contra el empresario por tráfico de drogas y lavado de dinero. Se sospecha que en la empresa guatemalteca funcionaba una pista de aterrizaje donde habrían llegado vuelos pagados por César Gastelum, el principal operador del Cartel de Sinaloa.
Sin ir más lejos, en el año 2020, fue derribado en Venezuela un avión cargado de cocaína perteneciente a la flota de Machado. En esa misma nave solía viajar el expresidente de Guatemala, Jimmy Morales, evidenciando que la complicidad del poder político con el narcotráfico no es patrimonio exclusivo de Argentina. Por otra parte, el auge minero en el país centroamericano comenzó en los años 2000, dando lugar a todo tipo de licencias de explotación irregulares, que son utilizadas como medio para lavar dinero del crimen organizado.
No es casual que el primo y testaferro de Machado, Claudio Ciccarelli -actual "asesor" de la candidata a senadora libertaria por Río Negro, Lorena Villaverde-, haya tenido a su nombre una serie de empresas vinculadas con la explotación minera en La Patagonia. En 2016 fundó Petro Sand; en 2019, Gold and Sand; y, en 2021, creó Eco Friendly S.A., a través de la cual buscó hacerse de la concesión de la mina de oro y plata de Andacollo, ubicada en el norte neuquino, que estaba en manos de Trident Southern Explorations hasta que detuvo las inversiones en el proyecto y se declaró en quiebra.
Estos nexos con la actividad minera se inscriben dentro del modus operandi de las bandas que controlan el narcotráfico en América Latina. En los últimos veinte años, al producirse un alza en el precio internacional del oro, estas organizaciones se volcaron a la extracción de dicho metal, no solo para diversificar sus negocios hacia áreas más rentables, sino también porque encontraron en el oro un medio eficaz para lavar el dinero proveniente de la venta de drogas, ya que, al tratarse de un metal de libre convertibilidad, puede sustituir al dinero en efectivo en muchas transacciones financieras y su origen espurio es más difícil de detectar una vez que ingresa en el mercado.
"Con las ganancias del tráfico de drogas se abren nuevas minas, se compra maquinaria (...). Luego, el oro obtenido de manera ilícita es vendido como oro legal puesto que rastrear el origen legal del oro es súper complejo” (Mongabay, 18/08/2023). Sin ir más lejos, una integrante de la organización estadounidense Fact Coalition precisó en una entrevista que, para ingresar a Estados Unidos, los pasajeros tienen la obligación de declarar el dinero en efectivo que llevan consigo, no así en caso de transportar oro en el equipaje. Como vemos, las fronteras de todo el mundo se vuelven "porosas" cuando se trata de facilitar que los narcotraficantes repatrien sus ganancias.
Por eso, la minería ilegal ha ganado terreno en toda la región. Según un informe elaborado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, alrededor del 28% del oro extraído en Perú, del 30% en Bolivia, del 77% en Ecuador, del 80% en Colombia, y de entre el 80% y el 90% en Venezuela es producido ilegalmente. A su vez, en Perú y Colombia -los mayores productores de cocaína en el mundo-el valor de las exportaciones de oro de origen ilícito supera el valor de las exportaciones de cocaína.
Argentina no está exenta de estas prácticas, teniendo en cuenta que el contrabando a manos de las mineras radicas en el país es moneda corriente, favorecido por el monopolio privado de los puertos y las rutas fluviales que defienden todos los gobiernos. Por ejemplo, en 2021 salió a la luz que La Alumbrera contrabandeaba minerales por 8 mil millones de dólares al año. Más cerca en el tiempo, Minera del Altiplano S.A. (exLivent), que explota el litio en Jujuy, fue procesada por evadir 200 millones de dólares en exportaciones.
La cuenca del Amazonas es el epicentro de estas actividades, que, a su turno, generan un enorme daño ambiental fruto de la deforestación, del dragado de los ríos para obtener oro y del empleo de sustancias tóxicas como el mercurio, que enferman a las comunidades indígenas asentadas en ese territorio. Un estudio realizado por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) e InfoAmazonía, en conjunto con otras organizaciones, reportó, a través de imágenes aéreas de la zona, la existencia de 2.312 sitios de minería ilegal: 1.899 en Venezuela, 321 en Brasil, 68 en Ecuador y 24 en Perú.
Particularmente la región de Tarapacá, ubicada en el límite entre Brasil y Perú, se ha vuelto un foco de minería de oro. Según una investigación publicada por Mongabay Latam, allí ejerce una gran influencia el Comando de Frontera, compuesto por bandas narco brasileñas como Familia del Norte, el Primer Comando y Comando Vermelho. Por su parte, otra fracción narco originaria de Brasil, Primer Comando de la Capital, está involucrada con la minería aurífera aluvial en la reserva Yanomami, limítrofe con Venezuela, o bien controlándola directamente, u ofreciendo servicios "protección" a las operaciones mineras a cambio de una parte de la producción. Esos emprendimientos, luego de devastar el hábitat de las comunidades originarias, las utilizan como mano de obra ultraprecarizada; en otros casos, directamente las desplazan.
Es también en la Amazonía brasileña donde estas organizaciones cuentan con 1.269 pistas de aterrizaje no registradas, algo que no podría ocurrir sin el amparo del Ejército que opera en ese territorio. Son las propias distribuidoras de valores las que compran el oro de origen ilícito en grandes cantidades y, de ese modo, proceden a blanquearlo, demostrando que hay toda una estructura económica capitalista que sostiene a estas mafias.
De la minería se nutren otros comercios criminales como la trata de personas y la venta de armas. Estas últimas son utilizadas para disputar el dominio sobre los yacimientos, mientras que las grandes concentraciones de hombres alrededor de los centros mineros generan un mercado propicio para la explotación sexual de mujeres y niñas. Un documento publicado por Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional describe, por ejemplo, cómo proliferan las redes de prostitución en la zona norte de la capital boliviana de La Paz, donde se asientan numerosas explotaciones mineras. También analiza el caso paradigmático de La Rinconada, al sur de Perú, donde al calor de la expansión minera que tuvo la ciudad en los últimos diez años, se afincaron "entre 100 y 300 bares que funcionan como prostíbulos ilegales y que a la ciudad llegaron bajo diversas formas de engaño cerca de 4.500 mujeres peruanas, bolivianas y colombianas".
Estas organizaciones delictivas, asimismo, constituyen un flagelo para las familias que se dedican a la minería artesanal como medio de subsistencia, algo muy habitual tanto en la selva peruana como en la sierra. Estos grupos hostigan a los mineros, cobrándoles por el transporte de maquinaria, de productos químicos y de oro, a cambio de brindarles "seguridad". Naturalmente, lo hacen en connivencia con las autoridades estatales, que, a su turno, se empeñan en mantener a los pequeños productores en condiciones de informalidad.
El narcotráfico no solo permea allí donde la minería se practica a pequeña escala. También convive con enclaves de mayor tamaño, como ocurre en México. En ese país, los cárteles de droga se dedican a expulsar a los pobladores locales y a los opositores ambientales de aquellos territorios pasibles de ser explotados para que puedan ingresar las empresas mineras, que les devuelven el favor con una parte de la producción de minerales. Por ejemplo, el grupo narco Los Zetas opera en la zona minera de Coahuila; Los Viagras, en Michoacán; La Línea, en Chihuahua; y, el Cártel de Sinaloa, en Sonora. Este último, incluso, se apropió del proyecto Angeles Mine Corp para extraer oro de manera ilegal en la Playa del Patole. Finalmente, los empresarios del circuito "legal" y los narcos actúan como una asociación ilícita.
Así las cosas, la subordinación colonial de Milei a Estados Unidos, además de profundizar la entrega de los bienes comunes a las multinacionales yanquis, supone convertir a nuestro país en un paraíso narco, cuyas consecuencias más brutales las sufren los pibes y las pibas de los barrios. Este entramado criminal no se soluciona con la militarización de las fronteras ni con la renuncia de Espert, sino desbaratando el andamiaje económico sobre el cual de posa. Eso significa nacionalizar bajo control obrero los recursos estratégicos del país (comercio exterior, sistema financiero, megaminería), por donde hoy circula y se blanquea el dinero malhabido de los Machado y compañía.
