La Suprema Corte bonaerense convocó para el 12 de noviembre a una audiencia informativa por la gran cantidad de demandas de jubilados del Banco Provincia solicitando la declaración de invalidez por inconstitucionalidad de diversas normas contenidas en la Ley 15.008 -en particular, la que establece el régimen de movilidad de las prestaciones.

Se trata de la ley que vino a barrer con el régimen jubilatorio de los empleados del BaPro, y fuera sancionada por la Legislatura a iniciativa del gobierno de María Eugenia Vidal en aquel diciembre caliente de 2017, con quórum garantizado por los bloques peronistas y la policía reprimiendo ferozmente la movilización de los trabajadores.

Esta norma aumentó la edad jubilatoria de 57 a 65 años, redujo el cálculo previsional (pasó a 60% del promedio de los últimos 10 años, contra el anterior 80% de los últimos 5 años), y además desvinculó la movilidad de la paritaria bancaria, como regía antes, reemplazándola por dos “aumentos” al año que se calculan según los índices oficiales de inflación.

Este robo continúa vigente bajo la gestión de Axel Kicillof, a pesar de la sobada de lomo de la conducción de La Bancaria. El acercamiento de la dirección sindical al gobierno provincial no le arrancó ni siquiera una declaración de compromiso al gobernador.

Esta audiencia informativa de la Suprema Corte llega después de más de dos años de presentaciones judiciales, un centenar de las cuales cuenta con fallos favorables -por lo que esos jubilados están cobrando según lo que les correspondía antes de la reforma. Este cajoneo es el resultado de la vía judicial que impuso la conducción sindical, después de aislar la enorme lucha que hemos dado en defensa de la Caja previsional tanto trabajadores activos como pasivos del BaPro. En lugar de la “espera paciente”, es necesario reorganizar la pelea para recuperar nuestro régimen jubilatorio.

Desde la agrupación Tribuna Bancaria hemos elaborado, junto a la banca del Partido Obrero y el Frente de Izquierda en la Legislatura, un proyecto de ley para la recuperación de este derecho, partiendo de la anulación de la Ley 15.008 y la reposición de la 13.364.

Pero además establece un mecanismo para terminar con el desfalco de los sucesivos gobiernos sobre la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones, fijando que su directorio sea electo y revocable por los trabajadores activos y pasivos del Banco Provincia. Otro punto para revertir el vaciamiento es que se contempla que todo el personal que realiza tareas en el banco pase a planta permanente y se incorpore al plantel, de manera que cientos de compañeros comiencen a hacer los aportes previsionales.

Por último, atendiendo que el déficit que hace años compromete a la Caja es responsabilidad del Estado, el proyecto obliga a la provincia a garantizar las prestaciones previsionales con fondos del Tesoro. Esto permitiría terminar con la política de los gobierno de transferir la carga a las utilidades del banco, por lo que en definitiva termina siendo pagado por los propios trabajadores de la entidad.

Invitamos a todos los trabajadores del Banco Provincia a debatir este planteo y a reorganizar la lucha por nuestras jubilaciones.

https://drive.google.com/file/d/1nv04tsVbvlqeXvLVUlb0u60sLtHpjDOo/view?usp=sharing

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