El pasado viernes, miles de trabajadores camioneros se movilizaron al Ministerio de Salud para reclamar que el gobierno extienda el decreto que determinaba la calificación del Covid como enfermedad laboral. El vencimiento del decreto, el día 31 de diciembre de 2021, ha sido un beneficio directo a las poderosas ART, propiedad de bancos y compañías de seguro.

El ministro de Trabajo Claudio Moroni declaró que “se liberaron las restricciones y se determinó que el lugar laboral no es foco de principal contagio” (Télam), por lo tanto a partir del 2022, los trabajadores con Covid deberán demostrar que lo contrajeron en el ámbito laboral ante una “Comisión Médica”, con las trabas y complicaciones que esto significa para el conjunto de los trabajadores. Absurdo cuando hay miles y miles de contagios diarios, con picos récord durante esta tercera ola y es indemostrable dónde se contagia cada uno. Esta es la impostura de que lo que contagia son “las reuniones sociales” y no el contacto en ocho o diez horas de laburo.

De este modo, las ART se liberan de cubrir los salarios y los gastos médicos, e incluso indemnizaciones por fallecimiento, de todos aquellos trabajadores que contraigan el virus. Todo el costo médico, nada menor, se traslada a las obras sociales. Por otra parte, las patronales presionarán para desconocer los tiempos de aislamiento de trabajadores enfermos, y se producen descuentos patronales seguramente por casos de prolongación de la enfermedad, que suele llevar muchos días, y ni hablar de los contactos estrechos que, por decreto oficial, los trabajadores tienen que ir a trabajar aunque contagien. Esto es lo que denuncia Pablo Moyano, del sindicato de Camioneros, razón por la cual decidieron movilizarse.

Moyano, que viene de un apoyo cerrado al pacto ajustador y antiobrero entre los Fernández y el FMI como parte de la conducción cegetista, en su rol de triunviro de la CGT, tampoco amagó con plantear una medida de la central obrera, aunque es claro que este reclamo afecta al conjunto de los trabajadores. El gobierno solo extendió la presunción del Covid como enfermedad laboral a los trabajadores de la salud y a las fuerzas represivas.

También está el tema de las secuelas, que son muchas y bastante frecuentes, con consecuencias crónicas que deben ser tenidas en cuenta en caso de una enfermedad profesional. Esta medida presidencial, que se muestra intransigente ante el reclamo, hay que contextualizarla también en un cuadro de recortes de gastos estatales en relación con la pandemia, cuando el gobierno achica los testeos y desarma las estructuras sanitarias montadas para enfrentar el Covid. Esto está directamente vinculado con el cierre de las cuentas públicas en los términos de ajuste fiscal que Guzmán pacta con el FMI. No se nos escapa que la patronal camionera debe estar interesada en el reclamo de Pablo Moyano, porque parte de los costos van a su bolsillo y es lo que descarga en descuentos a los obreros, pero el reclamo es justo porque la pandemia sigue.

Moyano anunció una movilización a Plaza de Mayo, que dejó en suspenso esperando una revisión de la medida que hasta ahora no llegó. Es necesario, para doblegar al gobierno en esta disposición que afecta salarios y condiciones de trabajo y de salud de los trabajadores, un plan de acción de las centrales obreras, la CGT y las CTAs, que no puede estar disociado de una lucha contra todas las medidas de ajuste programadas por el gobierno y el FMI, que la oposicion de derecha apoya, como son los topes salariales, los tarifazos, la licuación de salarios mediante inflación y devaluación, y todo el paquete antiobrero fondomonetarista.

En esta, apoyamos a Camioneros, veremos si la sigue.