El Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut anunció que no suspenderá la producción en los yacimientos en el marco del paro general del 29 de mayo, convocado por la CGT -a la que pertenece. Su secretario general, Jorge “Loma” Ávila, ha justificado la posición sosteniendo “no tenemos problema con el Impuesto a las Ganancias y hemos cerrado el año salarialmente de una forma buena”, refiriéndose a los aumentos de un 54% en 2018 y un 28% en 2019 con dos cláusulas de revisión. Petroleros tampoco paró en la jornada del 30 de abril convocada por el bloque del 21F, moyanismo y las CTA.

Esta negativa a paros “solidarios” o de “protesta” por parte de la dirección burocrática del sindicato es indicativa. En primer lugar, hay que señalar los vínculos políticos de Ávila con el actual gobernador de Chubut, el ajustador Mariano Arcioni, a quien le sostiene la campaña. No obstante, el secretario general recibió por estos días también el apoyo de Alberto Fernández, lo que significó un baldazo de agua fría para Carlos Linares, el candidato a gobernador alineado con el kirchnerismo.

A su vez, existe una mayor presión de las petroleras sobre la burocracia, que llevó a ésta a borrar toda demagogia combativa. El precio internacional del crudo ha caído -producto principalmente de la guerra comercial entre EEUU y China- en los últimos días a los 68 dólares, el descenso más abrupto del año. El mismo Ávila declaró que el barril se halla muy cerca de su precio “de equilibrio” (66 dólares), por debajo del cual las inversiones de las operadoras “dejan de ser rentables”.  Ante esta baja del precio del crudo y la volatilidad del mercado mundial, las empresas pretenden avanzar en flexibilizar los convenios colectivos de trabajo, en una industria que en Chubut ya ha despedido cerca de 7.000 obreros desde el 2015.

En este sentido es que resulta significativa la “mesa petrolera” que se reunió en Comodoro Rivadavia el 7 de mayo, con representantes de todas las cámaras petroleras del país, el ministro Dante Sica, funcionarios provinciales de Chubut y la presencia de Ávila y José Yudgar (de Petroleros Jerárquicos, que nuclea trabajadores de Chubut y Río Negro). En dicha reunión se discutió la posibilidad de implementar el “fracking” en Chubut (un tipo de explotación de hidrocarburos tan contaminante como la megaminería), y de una quita de las retenciones a la exportación de petróleo (lo que fue rechazado por Sica). No es un dato menor que la fecha del cónclave haya coincidido con el vencimiento de la adenda flexibilizadora similar a la de Vaca Muerta, que el gremio firmara en mayo de 2017, lo que indica que estos acercamientos tienen por fin proceder a una nueva adenda contra las condiciones laborales y el derecho a huelga.

Esta reforma antiobrera ya ha comenzado en cuestiones previsionales, con la suba de la edad jubilatoria hasta los 65 para algunos sectores fuera de la boca de pozo. La no adhesión a los paros domingueros de la CGT abona esta posibilidad, desmovilizando a una base que históricamente ha mostrado reservas de lucha, con toma de yacimientos en 2005 y en el llamado “Comodorazo” de 2016.

Es estratégico desarrollar un reagrupamiento de compañeros y agrupaciones clasistas en la provincia, que trabaje para superar el cerco de la burocracia sindical impulsando la lucha por el salario y el trabajo, el rechazo a los convenios de muerte al estilo Vaca Muerta que ya se ha cobrado ocho vidas obreras. En esa perspectiva se ubican el Partido Obrero y sus agrupaciones.