Las y los jubilados son de los sectores más perjudicados por el ajuste de los gobiernos de Alberto Fernández a nivel nacional y de Mariano Arcioni en Chubut.

El primero prometió subir las jubilaciones con plata de las Leliqs pero hizo todo lo contrario: comenzó su gestión con la suspensión de la movilidad jubilatoria, para luego aprobar una nueva fórmula que es incluso peor que la de Macri. El dinero de la Anses se utiliza para subsidiar a los diferentes grupos capitalistas y el pago de la deuda externa, de manera que mientras las y los jubilados luchaban para llegar a fin de mes durante la cuarentena su dinero era destinado para otorgar el ATP… ¡a multimillonarios como Madanes Quintanilla de Fate y Aluar, a Paolo Rocca de Techint y hasta McDonald’s!

La orientación fondomonetarista de Alberto Fernández implica un ataque en regla al régimen jubilatorio en sintonía con una tendencia a nivel internacional de reemplazar las jubilaciones de un salario diferido en un sistema de pensiones a la tercera edad. Están en carpeta también varios proyectos para aumentar la edad de retiro. También intentan avanzar con la armonización de las cajas provinciales con el régimen nacional. El crecimiento de la desocupación, la precarización laboral, las rebaja de los aportes patronales y la evasión patronal completan el cuadro del desfinanciamiento de la Anses. De esta forma, la jubilación mínima que cobra la mayoría de las y los jubilados ronda un tercio de lo que cuesta la canasta de jubilados/as.

La orientación del gobierno de Arcioni se inscribe en este cuadro más general. Las y los jubilados provinciales tienen sus haberes congelados hace más de 19 meses. Los retrasos en el pago alcanzaron los tres meses, lo que los obligó a salir a las calles en plena pandemia.

El Estado provincial y los municipios tienen una millonaria deuda histórica con ISSyS (instituto previsional) que explica gran parte del déficita de la caja. En algunos casos, como en Puerto Madryn, se pretendió saldar esa deuda ¡canjeándola por terrenos municipales! El gobierno provincial y el directorio de ISSyS (con mandatos vencidos) vienen siendo denunciado por las distintas organizaciones de jubilados/as de la provincia por el uso discrecional de los fondos para fines ajenos al pago de jubilaciones o prestaciones de salud. El Estado provincial también mantiene una deuda con el FGS de la Anses desde 2016, que acaba de ser refinanciada por el voto de la Legislatura.

La precarización laboral de la planta estatal, con contratos basura que eximen de tributar a la caja, sumado al congelamiento del ingreso de nuevos trabajadores por la ley de emergencia económica de 2018 -que sigue siendo prorrogada por las fuerzas políticas de la Legislatura- y de los salarios (o aumentos no remunerativos) también desfinancian al sistema previsional. Se agregan de las jubilaciones de oficio, retiros voluntarios y abstención del débito laboral que fueron impulsadas desde el año pasado.

El colmo del ataque a las y los jubilados es el jugoso sueldo que cobra el defensor de adultos mayores de Chubut, David González (del cual se cuestiona también su método de designación), quien no presentó ni una nota en defensa del sector que se supone que defiende. Cínicamente, el gobierno y la oposición extorsionan a la población con la megaminería como falsa solución.

Las y los jubilados provinciales vienen organizándose para luchar contra todos todos estos embates, en vez de poder disfrutar del producto de sus aportes. Desde el Plenario de Trabajadores Jubilados y el Partido Obrero hemos sido parte de las autoconvocatorias nacionales en defensa de las jubilaciones, de las cuales sectores como Jubilados en Lucha Chubut han participado activamente

Hemos también convocado a audiencias públicas contra los ataques a las jubilaciones en el Congreso, de la mano de las bancas del FIT-U con Romina Del Plá, mientras que los diputados/as y senadoras/es nacionales de las otras fuerzas de parte de Chubut miraban para otro lado. Llevamos como parte de nuestra lista a Daniel Ruiz, procesado por luchar contra la reforma jubilatoria del macrismo en diciembre de 2017.

Vamos por el pago en tiempo y forma de las jubilaciones y por un directorio de ISSyS electo de forma directa por trabajadores y trabajadoras activos y pasivos, la intangibilidad de los fondos, la reposición de los aportes patronales, la derogación de la ley de emergencia económica, la devolución de la deuda histórica a ISSyS -mediante el no pago de la deuda externa a los grandes especuladores que fundieron la provincia. Rechazamos la armonización de la caja provincial, exigimos el 82% móvil y un aumento de emergencia, paritarias inmediatas que devuelvan todo lo perdido por inflación, devolución sin cuotas y con intereses de los salarios adeudados, indexación automática por IPC Patagonia y una moratoria para quienes no pueden jubilarse.,