El pasado miércoles 23 de marzo el 20% de los usuarios amaneció sin servicio de transporte. Desde las 4 hasta las 9 de la mañana los corredores 20, 40, 50, 70 y 600 en manos de la empresa concesionaria ERSA no prestaron servicio, debido a una medida de fuerza impulsada en la punta de línea por un grupo de trabajadores despedidos organizados en la UCRA (Unión de Conductores de la República Argentina).

Motivó esta interrupción el incumplimiento, por parte de la empresa, del fallo judicial que establece la reinstalación del trabajador Fernando Emanuel González en su puesto laboral. González fue despedido en 2019, días previos a la concreción de la elección de delegados gremiales de la UCRA, donde se presentaría como candidato. Junto a González fueron despedidos otros seis choferes que se encontraban en las mismas condiciones, alistados para participar como candidatos a delegados de la UCRA.

Con este fallo de la justicia provincial se ratificó la denuncia de los trabajadores, quienes señalaron desde un primer momento que se trataba de un despido discriminatorio por actividad sindical. El mismo no sólo ordena la inmediata reinstalación González en su puesto de trabajo, sino el reconocimiento salarial de los más de tres años de despido.

Haciendo caso omiso a la resolución judicial, que inició con el proceso de reinstalación hasta brindarse el alta temprana para que González pudiera efectivamente reincorporarse al frente de una unidad, ERSA decidió volver a despedirlo, esta vez sin causa. Nos encontramos ante un doble despido discriminatorio, reforzando la actitud antisindical de la empresa concesionaria.

Esta flagrante violación del derecho al trabajo motivó el bloqueo en la punta de línea de la empresa, en protesta frente a la arbitrariedad con la que se maneja ERSA. La medida fue respondida por parte de la justicia y el gobierno con una política represiva. Con un cuantioso despliegue policial, que incluía a la Guardia de Infantería, el fiscal Ernesto De Aragón ordenó levantar el piquete. La medida se levantó tras un compromiso por parte del Ministerio de Trabajo de la provincia de convocar a una audiencia de las partes intervinientes la próxima semana.

Por su parte, el Departamento Ejecutivo Municipal, lejos de interceder como poder concedente para hacer efectivo el cumplimiento del fallo judicial, llevó a fondo la línea represiva contra los trabajadores. En comunicación con diversos medios locales el secretario Marcelo Rodio pidió la judicialización de los manifestantes, encubriendo la responsabilidad empresarial frente a la situación.

El hecho es muy grave, y deja expuesto no solo la impunidad con que se maneja esta empresa, sino el respaldo político y judicial.

Un paso más en el vaciamiento del transporte

Los despidos a estos activistas tienen como propósito el aleccionamiento a las y los trabajadores que se organizan dentro de la empresa, que denuncian el sistemático vaciamiento del servicio y la creciente precarización laboral. El fin último de esta política es el desmantelamiento del sistema de TUP, para preservar las ganancias millonarias de los empresarios que han hecho de un servicio esencial una fuente de negociados y corrupción.

No estamos ante incumplimientos nuevos por parte de la empresa. Luego del escándalo con el ITV (Inspección Técnica Vehicular), la semana pasada la municipalidad labró actas a 30 unidades de la empresa por no estar en condiciones. La precariedad del servicio es tal, que en los últimos meses del año pasado el municipio se vio obligado a quitar la concesión de varias líneas que habían sido adjudicadas a esta empresa.

Resulta evidente que a pesar de los subsidios millonarios que recibe ERSA desde hace una década por parte del Estado, la empresa presta un servicio sin frecuencias adecuadas, y con unidades que se desarman y no cumplen con las condiciones mínimas de seguridad, higiene y accesibilidad. Mientras tanto obliga a sus choferes a trabajar enfermos, poniendo en riesgo su salud y la de los usuarios.

Esta seguidilla de irregularidades que privan a las y los trabajadores del acceso a un servicio esencial motivó la presentación de un proyecto de resolución en el Concejo Deliberante, por parte del bloque del Frente de Izquierda en septiembre del 2021, para exigir la caducidad de la concesión a dicha empresa.

Sin lugar a dudas, la responsabilidad de que la población se quede sin acceso el transporte está colocada enteramente en los incumplimientos por parte de la empresa concesionaria, ERSA. Sin embargo, desde el gobierno municipal de Martín Llaryora, lejos de avanzar en multas y sanciones, en la caducidad del servicio y la confiscación de la flota para ponerla en funcionamiento bajo la órbita municipal, tal y como lo prevé la propia normativa municipal en estas situaciones, ha optado por preservar los negociados de ERSA, y encubrir el vaciamiento de la empresa.

A diario se multiplican las denuncias de los trabajadores señalando la puesta en marcha de unidades sin condiciones de seguridad, el traslado de unidades funcionales a otras provincias, y el cobro de subsidios por unidades que ya no están en funcionamiento.

La situación resulta insostenible. La empresa ha pasado de desconocer la normativa municipal y la legislación laboral, a desconocer fallos judiciales. Todo esto con el aval político de la actual gestión y de la oposición radical. No podría ser de otra forma, puesto que ERSA pasó de ser una pequeña empresa prestataria de servicios provinciales a ser una de las mayores empresas de transporte a nivel nacional, incluso con negocios en Estados Unidos, de la mano de la intendencia del radical Ramón Mestre, quien fuera socio de la empresa.

Desde la banca del Frente de Izquierda en el Concejo Deliberante, presentamos un pedido de interpelación al secretario de Transporte de la Municipalidad, como así también instamos al tratamiento y aprobación de nuestros proyectos de resolución que plantean la inmediata reinstalación de los trabajadores ilegalmente despedidos, y la caducidad de la concesión de ERSA.

EL transporte como negocio capitalista ha mostrado su entero fracaso. Para garantizar un servicio de calidad a las y los vecinos, es necesario avanzar en la estatización bajo control de trabajadores y usuarios. En este sentido nos organizamos dentro y fuera del Concejo.