Durante las últimas semanas se desarrolló una lucha de los trabajadores municipales de la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia por reclamos salariales, con un fuerte componente de autoconvocatorias y críticas a las direcciones sindicales, a saber, hacia el Soem (Sindicato de Obreros y empleados Municipales) y la APJ (Asociación del Personal Jerárquico Municipal).

Los reclamos surgieron desde abajo frente a lo insostenible de una oferta salarial por parte del intendente peronista Juan Pablo Luque, que consta de una recomposición del 82,3% para este 2023, frente a un 140% de inflación, junto a un mísero bono en dos cuotas de $40.000, que se cobró en octubre y noviembre. Cabe señalar que Comodoro Rivadavia es un municipio que, como pocos en el país, cuenta con ingresos especiales en dólares por regalías de la petrolera PAE (Panamerican Energy, de los Bulgheroni, que tiene concesionado el yacimiento Cerro Dragón, el más importante de petróleo convencional en Argentina).

El viernes 1° de diciembre los trabajadores municipales de Comodoro se movilizaron a las puertas del principal sindicato, el Soem, ubicado en San Martín y Alvear, para exigir medidas de fuerza. Allí los esperó un cartel que decía “cerrado por desinfección”, que aclaraba que “debido a los residuos producidos por el uso de pirotecnia dentro de las instalaciones, como así también las roturas que se produjeron durante la manifestación del día de ayer”. Lo cierto es que el día anterior también se habían movilizado a la sede del sindicato los trabajadores. El cartel cayó muy mal: el sindicato se “desinfectaba” de los reclamos de sus propios afiliados. Cabe resaltar que también se movilizaron durante estas jornadas, y desde antes, presionando a las direcciones de los sindicatos municipales, los jubilados municipales, como la Asociación de Jubilados y Pensionados Municipales de Comodoro Rivadavia.

El miércoles 6 de diciembre, a las 11 de la mañana, se realizó una importante movilización callejera de más de medio millar de trabajadores hacia las puertas del municipio. Producto de la presión desde abajo, la APJ garantizó la cobertura legal frente a la retención de servicios y la movilización. El ahora exintendente Luque se encargó de atacar mediáticamente la medida, tildándola de “ilegal”, en clara sintonía con la dirección del Soem, de la mano de Omar Unquén, electo en 2022.

Comodoro Rivadavia, ciudad petrolera. Más de medio millar de trabajadores municipales se movilizaron esta mañana reclamando mejores salarios #MunipaRebellion pic.twitter.com/Oq7fxiCj9B

— Martín Ulacia (@martinulaciaok) December 6, 2023

Las luchas de los trabajadores municipales se replican en varios puntos del país, con el caso más dramático de la localidad bonaerense de Puán, donde el intendente Facundo Castelli, de Juntos por el Cambio, que se fue sin pagar los sueldos, o el caso de Augusto Sánchez, intendente kirchnerista de Lago Puelo, Chubut, que quiso renunciar diez días antes de finalizar su mandato, dando de baja a casi 300 trabajadores municipales contratados, o en San Miguel de Tucumán, donde Rossana Chahla (PJ) aplicó un recorte que dejó a cientos de trabajadores en la calle.

La lucha de los municipales de Comodoro Rivadavia, ahora contenida relativamente por la expectativa de la asunción del nuevo intendente (antes viceintendente de Luque), Othar Macharashvili, verá nuevos capítulos frente a la escalada inflacionaria que se agravará por el debut del Plan Motosierra de Javier Milei, que acaba de anunciar una fuerte devaluación sumada a tarifazos en todos los servicios públicos.

La diputada Romina Del Plá, del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, presentó recientemente, tras de una ronda de consultas con sindicatos, delegados y activistas municipales del país un proyecto de ley que establece un piso salarial para el trabajador municipal ingresante equivalente a dos salarios mínimo vital y móvil (hoy sería $264.000). Se trata de un punto de apoyo para potenciar políticamente las luchas de los municipales y sus medidas de acción directa para defender el salario.

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