Congreso de Conadu Histórica: una semana de paro y la pelea por la recomposición sigue abierta

Los congresos de Conadu Histórica del 5 y 6 de noviembre se llevaron adelante con una ley que el gobierno de Milei se niega a cumplir. La Ley de Financiamiento Universitario está vigente, y la Justicia ya dijo cuatro veces que el gobierno tiene que pagar.

En diciembre, el juez federal Martín Cormick dictó una medida cautelar que obliga a aplicar los artículos 5 y 6 de la ley: la actualización de los salarios docentes y no docentes desde diciembre de 2023 y la recomposición de las becas estudiantiles. La Cámara Federal la confirmó y en junio la Corte Suprema la dejó firme. Después hubo sentencia de fondo: el juez declaró inconstitucional el decreto 759/25 con el que Milei congeló la ley y ordenó aplicarla de inmediato.

El gobierno igual no paga. Dice que la ley no tiene fondos asignados y que por eso puede suspenderla. Cormick lo intimó varias veces por incumplir la cautelar y fijó la ridícula suma de 100.000 pesos diarios como multa al jefe de Gabinete, aun así, rápidamente la Cámara la suspendió provisoriamente. Mientras tanto, para cumplir la ley haría falta un aumento salarial del 33%, y el presupuesto 2027 que mandó el gobierno deja a las universidades con 7,3 billones de pesos cuando los rectores calculan que necesitan 11 billones.

Con un fallo firme en la mano y el poder adquisitivo del salario cada vez más bajo, la docencia llegó al congreso desgastada, pero con el reclamo intacto. En el Congreso varias asociaciones señalaron la merma en la participación docente en las asambleas de base, luego de que la Justicia hiciera lugar al reclamo del gobierno.

22 votos contra la Memoria

El congreso ordinario del jueves 5 sesionó con 78 congresales, 20 menos que el extraordinario anterior. No participaron Catamarca, Chilecito, La Pampa, Salta ni San Juan.

El balance se aprobó con 70 votos a favor y 8 abstenciones. El debate político del día fue la Memoria. La conducción la defendió como un documento formal, un relato de "hechos objetivos" que había que votar sin discutir. Desde la oposición planteamos lo contrario: la Memoria es el balance de una orientación, y esa orientación dejó pasar un año entero sin que el gobierno pagara lo que la ley y la Justicia le ordenan.

Las intervenciones opositoras señalaron como crítica de fondo la línea de adaptación del Frente Sindical a los intereses que defienden las autoridades del CIN. En nombre de la unidad, la conducción siguió a los rectores, que en estos años lograron mantener las universidades abiertas a costa de perder docentes. Son los mismos rectores que en muchas universidades persiguen y sancionan a sus propios docentes cuando hacen paro. Además, puso las expectativas en la Justicia y no en las calles, y el resultado está a la vista: fallos favorables que el gobierno no cumple.

La memoria se aprobó con 53 votos a favor, 22 en contra y 3 abstenciones. Más de un cuarto del congreso votó en contra de la gestión de la conducción. Es un voto opositor importante, que justificó el esfuerzo de las asociaciones de base de viajar y dar la pelea en el Congreso.

Una semana de paro

El Congreso Extraordinario empezó el viernes 6 a las 10 frente al Palacio Sarmiento, sede de la Secretaría de Educación, con una ronda abierta en la que habló cada asociación. Después sesionó en la sede de la Federación con 81 congresales presentes.

Las asociaciones llegaron con mandatos que reflejaban la división de posiciones en las asambleas de base.

Después de un cuarto intermedio se votaron tres mociones. El paro de una semana, del jueves 12 al miércoles 18 de noviembre, ganó con 44 votos. El paro de dos semanas seguidas desde el 16 de noviembre obtuvo 21, y el paro el 12 y el 16 de noviembre, 17.

También se votó por unanimidad un paro con acciones en la calle el día que se trate el presupuesto en el Congreso nacional.

La Multicolor en la paritaria

El congreso eligió la delegación paritaria de la Federación, de cuatro integrantes. La conducción mantuvo los tres lugares de la mayoría y la Multicolor conservó el de la minoría: Patricio Grande, de ADUNLu (Luján), será titular, e Ileana Celotto, de AGD UBA, su suplente. La representación se sostuvo después de la votación contra la Memoria, que mostró el peso real de la oposición en el congreso.

Desde la Naranja y sectores de la Multicolor planteamos y defendimos en todo momento que la minoría de la Mesa Ejecutiva mantenga una representación entre los paritarios nacionales. Tener paritarios propios es una necesidad: es la forma de que la docencia sepa qué se discute con el gobierno, de llevar a la mesa los reclamos que votan las asambleas y de que haya una voz que no firme acuerdos a la baja.

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Cómo terminamos el año y cómo empezamos el 2027

El congreso no resolvió lo más importante. Se votaron dos mociones contrapuestas: que la mesa ejecutiva convoque un plenario de secretarios generales para evaluar si se afectan las mesas de exámenes de diciembre y cómo se encara el inicio de 2027, o la no toma de exámenes en diciembre. Ganó la primera. La definición quedó en manos de un plenario, no de las asambleas.

Por eso las próximas semanas son decisivas. Si el plenario va a definir medidas sobre las mesas y el inicio del año, esas medidas tienen que salir de asambleas en cada asociación de base, convocadas con tiempo y con formas que permitan participar a la mayoría de la docencia de base. En varias sedes ya aparecen propuestas en ese sentido, como el no inicio del ciclo lectivo 2027.

Hay que estar muy atentos a la otra pelea que viene: el presupuesto 2027. El gobierno de Milei va a intentar aprobarlo en el Congreso nacional con un tercio menos de lo que pidió el Consejo Interuniversitario Nacional: 7,3 billones de pesos contra 11 billones. Si logra aprobarlo, la Ley de Financiamiento Universitario quedaría anulada en los hechos, porque es la ley en su conjunto la que garantiza la recomposición salarial, las becas y el funcionamiento de las universidades. Por eso el paro del día en que se trate el presupuesto, votado por unanimidad, tiene que ser una gran jornada de lucha en la calle.

El punto de partida es claro: el gobierno nos debe la recomposición salarial que ordena la ley, alrededor de un 33%, y la Justicia ya le dijo que la pague. Lo que falta es la fuerza para imponerla. Eso exige un plan de lucha votado desde abajo, coordinado con las otras federaciones docentes y no docentes y con el movimiento estudiantil, que reclama las becas del artículo 6. Para eso planteamos la necesidad de un congreso de bases conjunto de Conadu Histórica y Conadu, que vote en unidad un plan de lucha capaz de imponerle al gobierno nuestra agenda de reclamos. Ese congreso tiene que discutir también cómo impulsar una huelga general: el ajuste de Milei golpea a la universidad, a la salud, a la educación y a los jubilados, y solo una lucha del conjunto de la clase trabajadora puede derrotarlo. A las asambleas, a discutir cómo cobramos lo que nos deben.

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